Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo/EFE/Notimex).– Tanto los abogados de la defensa como instituciones públicas, entidades de derechos humanos, usuarios de redes sociales y paisanos de Edgar Tamayo Arias piden que el estado de Texas revise la condena del mexicano, que será ejecutado mañana, miércoles.

Sus derechos como ciudadano extranjero en EU y su leve discapacidad intelectual explican las peticiones para aplazar la ejecución, revisar el proceso judicial que le condenó a muerte e intentar conseguir que la pena se rebaje a cadena perpetua.

Max Alberto Diener Sala, consultor jurídico de la Cancillería Mexicana afirmó que existe una posibilidad jurídica para que la corte de Texas suspenda la ejecución de Edgar Tamayo. Señaló que el Gobernador de Texas, Rick Perry, tiene esa facultrad de dar la orden para cancelar la sentencia “hasta el último segundo”.

Con respecto a la reciente atención que han prestado las autoridades mexicanas sobre la ejecución del mexicano, Tamayo escribió en una carta dada a conocer ayer. “!No quiero que meta mano el mentado Consulado!, la verdad, que esta gente me decepciona […] son puras pinches mentiras con esa gente [del Consultado] y la S.R.E. [Secretaría de Relaciones Exteriores de México no hacen nada y tampoco los de D.H… nunca hicieron nada”.

Tamayo indica que: “Por eso no quiero que metan mano en nada. Siempre que un paisano va ser ejecutado, siempre quieren quedar bien ante la cámaras para verse bien con el gobierno de México y los paisanos. ¡No quiero que me usen! Y claro que ya se los dije”.

Por su parte, Hector Tamayo reiteró la inocencia de su hijo y afirmó que se siente tranquilo a pesar de que mañana se llevara a cabo la ejecución. “Nosotros estamos sintiendo lo peor”, confesó en entrevista con Radio Fórmula.

“Es injusto lo que quieren hacerle sabiendo bien que él no fue el culpable, no fue el que mató al policía. Él nunca dijo que mató y además no fue auxiliado por el consulado ni todas esas personas que deben estar cuando cometen algún delito”, declaró.

El padre de Edgar dijo que lo verá por última vez mañana por la mañana y que en el encuentro estarán presentes las dos hijas de Edgar Tamayo. El mexicano le dijo a sus padres que permanece tranquilo y les pidió que sean fuerte. “Dios tiene la última palabra”, dijo Tamayo a su padre.

A la par, habitantes del municipio Miacatlán, de donde Tamayo es oriundo, arribaron este martes a Cuernavaca para iniciar una marcha en solidaridad con él. Los inconformes iniciaron su protesta cerca de las 13:00 horas en la Iglesia del Calvario hacia el zócalo de la capital del estado en busca de un milagro que eche abajo la pena de muerte, a la que está sentenciado el morelense.

Portando la bandera de México como estandarte y decenas de cartulinas con exhortos a la autoridad estadunidense, los marchistas iniciaron su camino lanzando consignas en contra de esta “barbarie”. “Señor Gobernador, No a la pena de muerte, Dios nos da la vida y el no la quita”, entre otras.

Debido al escándalo internacional que ha causado la posible ejecución de Tamayo, el gobierno de EU pidió este viernes a las autoridades del sureño estado de Texas aplazar la ejecución del reo mexicano porque puede “minar” sus esfuerzos por ayudar a estadounidenses detenidos en el extranjero y en general su cooperación con otros países.

Una portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf, se refirió en una conferencia de prensa al caso de Tamayo: “Estamos pidiendo un retraso en su ejecución hasta que pueda proporcionársele una revisión adecuada y una reconsideración de si la falta de acceso consular influyó en el resultado del proceso judicial”, dijo Harf en una conferencia telefónica con periodistas.

Por su parte, la organización Human Rights Watch (HRW) calificó la ejecución de Tamayo como una aberración y un acto de barbarie por parte de la autoridades de Texas. “Es importante que cualquier ciudadano detenido en el mundo tenga acceso a su consulado”, dijo director de esta organización para América, José Miguel Vivanco.

Vivanco indico que a partir de una demanda iniciada por México, Estados Unidos fue condenado por el máximo tribunal de La Haya, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), por violar el acceso de cualquier persona a sus consulados.

“Texas tiene un récord abominable y cada vez que se producen estos hechos el Gobierno de Estados Unidos debe tratar de explicarle, por todos los medios, al Gobernador de Texas que forma parte de Estados Unidos y que hay obligaciones jurídicas internacionales”, señaló.

Al respecto, Amnistía Internacional (AI) reiteró ayer su llamado al Gobernador de Texas a que suspenda la ejecución de Edgar Tamayo y reponga su proceso judicial. Proceso que al ser llevado a cabo sin un adecuado  respeto al derecho a la asistencia consular de Tamayo le puso en grave desventaja ante un sistema de justicia que le resultaba ajeno y con un amplio historial de sentencias discriminatorias.

El organismo internacional ha dado seguimiento al caso del mexicano, realizando una campaña a través de las redes sociales con el lema de “Salvemos a Edgar”.

La organización ha canalizado cerca de mil 500 cartas de apoyo al reclusorio donde permanece Edgar Tamayo. “Gracias por tu lucha contra aquel mal llamado sistema de justicia, al defender tu vida también defiendes la de tantos como tú, cuyas vidas están bajo amenaza de un gobierno que confunde la justicia con tiranía”, escribió a Edgar Tamayo una simpatizante de Amnistía Internacional.

Este lunes, Amnistía envió a las autoridades de Texas  4 mil firmas exigiendo la suspensión de la ejecución de Tamayo,  estas firmas se suman a las más de 17 mil procedentes de personas en todo el mundo que Amnistía Internacional había entregado en días pasados. Son así más de 21 mil personas que se han sumado al pedido de justicia para Edgar.

LA EJECUCIÓN DE TAMAYO EN 5 CLAVES

Tamayo fue condenado por el asesinato en 1994 de un agente policial en Houston (Texas), durante su traslado a la cárcel cuando había sido detenido por asalto.

El caso ha generado miles de reacciones contrarias a la ejecución y ha tensado de nuevo en esta materia las relaciones entre México y EU, lo que confiere al ‘caso Tamayo’ un carácter excepcional.

1. El derecho a contactar con el consulado mexicano no se aplicó. Tamayo, como ciudadano de nacionalidad mexicana, nunca fue informado de su derecho a contar con la ayuda legal de representantes del consulado de su país, según denuncia tanto su defensa como las autoridades de México.

Este derecho está recogido en la Convención de Viena, en el apartado de relaciones consulares, y habría evitado que entonces su abogado fuera de oficio.

Se le suma la existencia del Fallo Avena: la Corte Internacional de Justicia ordenó en 2004 a EU. la revisión de los casos de mexicanos condenados a muerte cuyo derecho a la notificación consular fue violado, como Tamayo, que podría convertirse este miércoles en el tercer mexicano ejecutado tras esa resolución.

Según los abogados de Tamayo, con la ayuda legal del consulado, el mexicano habría esquivado la pena de muerte y habría sido condenado a cadena perpetua.

2. El condenado sufre una discapacidad mental. Durante su proceso judicial, el abogado de oficio no argumentó ninguna discapacidad mental ni pidió las pruebas de coeficiente intelectual para el procesado.

En 2008, un psicólogo diagnosticó a Tamayo una “discapacidad mental leve” que certificó una deficiencia mental y un daño cerebral que el mexicano sufre desde su adolescencia tras un accidente en un rodeo.

En 2002, el Tribunal Supremo de EU prohibió la ejecución de reos con discapacidad mental, pero varios casos recientes reabrieron el debate, ya que cada estado determina a su manera si el preso cumple o no con los requisitos para ser considerado discapacitado.

3. El Estado de Texas desoye las peticiones. La defensa del mexicano acusa específicamente a la Junta de Perdones de Texas, encargada de las revisiones de estos casos, de negarse a dar acceso a los argumentos y las evidencias en los que el fiscal explica por qué se opone a la clemencia de Tamayo.

Las críticas al Estado también se dirigen al gobernador, Rick Perry, y al procurador general, Greg Abbott, para que cumplan con su promesa de 2008 de revisar el caso.

En 2008, Rick Perry aseguró que Texas apoyaría una revisión de los casos de mexicanos sentenciados a muerte en los que hubiera una supuesta violación del artículo 36 de la Convención de Viena.

Así lo manifestó en cartas a la entonces secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, y al Fiscal General de EU, Michael Mukasey.

4. Instituciones, entidades y ciudadanos piden la revisión. Amnistía Internacional presentó el pasado 14 de enero 17.500 firmas contra la ejecución de Tamayo, recogidas en 57 países, principalmente en México, España, EU, Chile y Argentina.

Las autoridades mexicanas también han tomado posiciones en este asunto y el embajador de México ante la OEA, Emilio Rabasa Gamboa, denunció la semana pasada ante el organismo panamericano la actuación de EU en el caso Tamayo.

México basa su reclamación en la resolución de la Corte Internacional de Justicia y las medidas cautelares emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

En EU entidades civiles, religiosas y legales que agrupan a la comunidad latina en el país también se opusieron a la ejecución.

5. La defensa admite la gravedad del asesinato. No se trata de una voluntad de absolver al condenado o negar su crimen, lo que pide la defensa a la Junta es una suspensión de 150 días de la ejecución o la conmutación de la sentencia de muerte por cadena perpetua.

Edgar Tamayo fue arrestado en 1994 por el asesinato de un agente policial en Houston: disparó contra el oficial cuando era trasladado esposado a la cárcel, tras ser detenido por asalto, y después se escapó por una ventana de la unidad.