Cuando Martí Batres era secretario de Desarrollo Social, durante la administración de Marcelo Ebrard en el Distrito Federal, antes de que empezara abiertamente la contienda electoral en la capital del país, le pregunté qué pasaría si un día llegara el momento en que los recursos públicos no alcanzaran para cubrir los programas sociales como la beca para personas con discapacidad, a lo que respondió molesto: “¿Y por qué no van a alcanzar?, ¿por qué los recursos sí alcanzan siempre para garantizar el derecho a la propiedad privada y por qué no van a alcanzar para garantizar el acceso a los derechos sociales?”.
Era 2011 y Batres hablaba de que el prepuesto total de la ciudad era de 137 mil millones de pesos –hoy cuenta con 10 mil millones más– y que 30 por ciento del total estaba destinado al gasto social, del cual, más o menos la mitad se iba a transferencias directas, como la pensión para adultos mayores, la beca para personas con discapacidad, los bonos para útiles escolares y uniformes, entre otros. Con esto quería demostrar que sí era posible continuar y ampliar los programas de transferencias directas. Remató: “Un presupuesto crece, y con esto crecen las posibilidades de satisfacer las necesidades de la gente. Ni modo de dejar todo al libre mercado”.
Pues sí, ni modo, pero la realidad hoy en día es que programas como el de la ayuda mensual a unas 80 mil personas con discapacidad registradas actualmente como beneficiarias no se está entregando de forma regular y hay una larga lista de espera, quizás similar a la de empadronados de gente que lleva años esperando la beca. La gente está molesta y exige que se cumpla lo que por derecho les corresponde, según lo establece una ley local.
La inconformidad está ahí desde hace tiempo, pero se expresó el pasado miércoles 16 de enero cuando varias decenas de personas con alguna discapacidad y sus familiares se manifestaron frente a la Asamblea Legislativa del DF para exigir el pago que les deben. Unos no lo han recibido desde diciembre del año pasado y otros denuncian que les ha llegado incompleto: 787 pesos, cuando el bono ya había aumentado a 971 pesos. Llamaron la atención con sus bastones y sillas de ruedas.
Esta beca tiene todo el perfil de un programa asistencial, pero es un derecho porque en la administración anterior se encargaron de dejarlo así por escrito en la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Distrito Federal, de mediados de 2010. En el artículo 41 dice: “Las personas con discapacidad permanente, menores de sesenta y ocho años y residentes en el Distrito Federal, tienen derecho a recibir un apoyo económico diario equivalente a medio salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. El apoyo económico será entregado a los derechohabientes en forma mensual por el DIF-DF. El DIF-DF determinará el medio idóneo para hacer entrega del apoyo económico a los derechohabientes. El derecho no estará condicionado a la carencia de recursos económicos por parte de los posibles derechohabientes”.
Pero la misma ley tiene un artículo transitorio, el artículo quinto, que deja en manos de la Asamblea Legislativa y la Secretaría de Finanzas la decisión sobre la entrada en vigor del artículo 41 y de todo un capítulo relativo a la creación del Instituto para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad (Indepedi), lo cual “dependerá del mejoramiento de las finanzas públicas del DF”. El Indepedi ya fue creado en 2012 y recibió presupuesto, el programa de becas también está en curso, incluso desde antes de la ley, pero no está siendo aplicado de forma universal.
Entonces, ¿esta beca es o no un derecho de las personas con discapacidad que viven en la Ciudad de México? El DIF-DF asegura que ha concluido un proceso de revisión del padrón de beneficiarios en el cual contaría con unas 65 mil personas, pero Batres en 2011 ya hablaba de 80 mil beneficiarios y de una lista de espera de 70 mil. La población con discapacidad en el DF es de 440 mil personas en números redondos y según la ley citada el derecho a recibir este beneficio no está condicionado a la situación económica de la persona.
Un destacado defensor de los derechos de las personas con discapacidad que vive aquí en la capital suele citar a un amigo suyo usuario de silla de ruedas que recibe la beca y maneja un auto último modelo: “al menos me sirve para ponerle gasolina al coche”.
Se trata entonces una política asistencialista convertida en derecho de un plumazo. Se hizo así para asegurar que este tipo de programas, considerados conquistas sociales en los gobiernos de izquierda, no quedaran a expensas de la voluntad del gobernante en turno, sino que se convirtiera en una obligación del Estado.
Sin embargo, no queda claro cómo esta política se traduce en el ejercicio de derechos básicos, por ejemplo, a la movilidad, a la accesibilidad entendida como un derecho que atraviesa todos los demás: el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda digna, a la recreación, a la alimentación y sobre todo, a un empleo dignamente remunerado que permita a la persona con discapacidad y a su entorno familiar adquirir los bienes y servicios que necesita para tener una buena calidad de vida.
Vi a unas mujeres de avanzada edad reclamar por el retraso en estas transferencias directas para sus familiares con discapacidad intelectual, también una amiga me comentó que su mamá había dejado de recibir la ayuda que usa para medicamentos. Es dinero que las familias usan para gastos básicos y que no les sobra, sino, al contrario, les ayuda a completar el gasto mensual.
Podrán decir (como de hecho me lo dijo Batres en aquella entrevista) que si ese dinero sirve para comprar comida, medicina o vestido, se estaría contribuyendo a que esas personas hagan efectivos su derechos la alimentación o a la salud. Hay que reconocer que este tipo de apoyos económicos existen en las legislaciones de países de primer mundo como Suecia o los Países Bajos, citados en un informe de la Organización Mundial de la Salud como ejemplos de transferencias directas en beneficio de la población; sólo que haya esos recursos se usan específicamente para pagar servicios de cuidados especiales, terapias o asistencia de especialistas a personas con requerimientos especiales.
Si el depósito mensual a la tarjeta que da el Gobierno del Distrito Federal está sirviendo para pagar la comida, las necesidades del día a día o el pago de servicios de la casa, no sólo en beneficio de los persona con discapacidad sino de toda la familia, esa aportación de 700 o 900 pesos está lejos de servir realmente para ejercer el derecho a la salud o la rehabilitación, entre otros, y mucho menos para mejorar su calidad de vida, lo cual debiera ser el objetivo de una política social efectiva.
El hecho es que si mal que bien estamos hablando de un derecho que no se está cumpliendo, habrá que denunciar como tal la violación y recurrir a las instancias a que haya lugar, por ejemplo, a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y exigir más allá de la beca, que el gobierno de la capital del país cumpla el compromiso de poner en marcha políticas públicas no asistencialistas (y electoreras), que sí sean de aplicación universal y que cumplan el objetivo de impulsar el desarrollo social, económico, educativo y cultural de la población con discapacidad.
