#ANUARIO2017 | El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto cerrará el año con 14 periodistas asesinados en el cumplimiento de su deber; cantidad equiparable a la de 2016 –el periodo más infausto del sexenio, en ese respecto–.
Apenas ayer, Gumaro Pérez Aguilando, reportero de La Voz del Sur, fue asesinado en Acayucan, Veracruz, cuando se encontraba en la escuela de su hijo en una celebración navideña. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se cometió alrededor de las 11:00 horas dentro de las instalaciones de la Escuela Primaria “Aguirre Cinta”, en dicho municipio. Gumaro pasó así a engrosar la lista negra de periodistas asesinados en este sexenio.
De 2013 a la fecha, 56 reporteros murieron en circunstancias de violencia, refiere un recuento hecho por la Unidad de Datos de SinEmbargo. Estas proporciones perfilan a la actual administración como la segunda más violenta en los últimos 64 años, sólo detrás del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, durante el que 83 periodistas fueron ejecutados.
De 1952 a la fecha, la mayor parte de los homicidios de periodistas [el 58 por ciento] ocurrió durante los tres últimos sexenios: entre los gobiernos de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, el gremio periodístico perdió a 167 personas. En cambio, entre la década de los cincuenta y el año 2000, murieron 121 periodistas.
Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).– Corría el 6 de octubre de 2017. Un grupo de reporteros, en silencio, protestaba de cara al Palacio de Gobierno de San Luis Potosí. Fue la última ocasión en que la violencia en México le arrancó la vida a un periodista por cumplir con su deber. A sus 23 años, Edgar Daniel Esqueda Castro abandonó este mundo. La muerte cosechó al noticiero cuyo cuerpo, torturado y sin vida, amaneció en un paraje cercano al aeropuerto internacional potosino. Un día antes, Esqueda fue sustraído de su hogar; estaba amenazado y nadie veló por él. Sólo el silencio mortuorio.
En 2017, al menos 14 periodistas fueron asesinados en relación con su labor periodística, refiere un recuento hecho por la Unidad de Datos de SinEmbargo. La sangría de este año empata con la de 2016 como la más violenta del sexenio de Enrique Peña Nieto, que cerrará el año con 56 periodistas asesinados desde el 23 de enero de 2013, cuando Sergio Landa Rosado, del Diario Cardel de Veracruz, fue asesinado tras haber sobrevivido a dos secuestros.
Apenas ayer, Gumaro Pérez Aguilando, reportero de La Voz del Sur, fue asesinado en Acayucan, Veracruz, cuando se encontraba en la escuela de su hijo en una celebración navideña. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se cometió alrededor de las 11:00 horas dentro de las instalaciones de la Escuela Primaria “Aguirre Cinta”, en dicho municipio. Gumaro pasó así a engrosar la lista negra de periodistas asesinados en este sexenio.
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A partir del inicio de la denominada “guerra contra el narcotráfico” en 2006, durante el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, el asesinato de periodistas alcanzó niveles inusitados. Entre ese último año y 2005, las defunciones se cuadruplicaron [al pasar de tres a once casos]. No obstante, en 2010, con 18 defunciones, la escalada de homicidios halló su peor crisis en los últimos 64 años. Sólo durante el último año de mandato del político panista, ocurrido en 2012, 15 reporteros perdieron la vida.
En 2013, en el primer año de Gobierno de Peña Nieto, esa cifra se redujo a la mitad –hubo siete periodistas muertos–. De ahí en adelante, la carnicería no se detuvo: en 2014 y 2015 cobró la vida de 11 reporteros, respectivamente.
Cuatro meses y medio antes del ominosos asesinato de Edgar Daniel Esqueda Castro, el Presidente de la República anunció una serie de acciones para proteger a los periodistas y a los defensores de derechos humanos.
“Buscamos garantizar la libertad de expresión”, conminó Enrique Peña Nieto. También dijo que, hasta entonces, había 538 personas que gozaban de la protección del gobierno [196 pertenecientes al gremio periodístico]; y que, como Primer Mandatario de México, actuaría “con firmeza y determinación para detener y castigar a los responsables”, dijo.
Sin embargo, dos días antes del anuncio del Ejecutivo federal, el reportero Javier Valdez Cárdenas perdió la vida. A plena luz, en su natal Culiacán, en Sinaloa, el periodista fue baleado cuando iba de camino a la redacción del periódico Río Doce. Con total impunidad, el crimen organizado cargó contra quien se especializaba en la cobertura del narcotráfico.
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El Presidente compartió su más sentido pésame y guardó un minuto de silencio por el finado. Aunque los reporteros presentes al evento del 17 de mayo no lo dejaron callar. “¡Justicia!”, “¡Investiguen!” y “¡Ya no más discursos!” fueron el grito desesperado de quienes no querían más promesas, sino soluciones. Por esas fechas, las cifras oficiales reflejaron la incompetencia del Gobierno federal para resolver la vorágine de asesinatos. El “firme compromiso” contra la impunidad del Presidente, garantizaba nada.
Un informe del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) arrojó que si bien la impunidad en México era alta para todos los delitos, en el caso de las agresiones y crímenes contra periodistas, la impunidad era casi total. Entre julio de 2010 y el 31 de diciembre de 2016, menciona el CPJ, la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (Feadle) registró 798 denuncias. De ellas, sólo tres tuvieron sentencia condenatoria, lo que implica que el 99.7 por ciento de los delitos no fue castigado. Y esa falta de castigo, refirió el Comité, es una de las causas del aumento de la violencia contra la prensa.
Según el último reporte de la Feadle, entre enero y octubre de este año, de 129 averiguaciones previas iniciadas, 32 [el 24.8 por ciento] habían sido despachadas. Sólo ocho de ellas [el 6.2 por ciento del total] incluyeron un "ejercicio de la acción penal”.
México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo -inclusive más que Afganistán-, refiere el reporte "Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa", realizado por la asociación internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF). Este documento indica que, en la actualidad, nuestro país ocupa el lugar 147 de 180 países enlistados, lo que lo convierte en uno de los más violentos para el gremio periodístico.
La situación es grave. “Lesionar a un periodista es atentar contra la libertad de expresión” porque “golpea negativamente la calidad de la democracia de este país, al amenazar la calidad de información que recibe el ciudadano”, apuntó el maestro Salvador Mora Velázquez, especialista en desarrollo institucional de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
A pesar de que en esta Nación existen múltiples leyes y mecanismos de protección y prevención de delitos en contra de la libertad de expresión –empezando por la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas–; y pese a que desde 2012, con la reforma al Artículo 73 constitucional la Feadle tiene la capacidad de atraer y resolver investigaciones, en México aún no existe garantía de justicia.
Un caso icónico, en este respecto, tuvo lugar el 11 de mayo de 2017, cuando la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, dirigente del Colectivo de Desaparecidos de San Fernando, en Tamaulipas, fue asesinada en su casa por un comando. De acuerdo con el gobierno local, ellos sí la protegieron. Según se difundió en medios nacionales, Rodríguez Martínez, antes de ser asesinada, solicitó protección a las autoridades y éstas nunca le ayudaron. Además, el supuesto asesino de la activista, Juan Manuel Alvarado López, alias “Alushe”, fue abatido por elementos ministeriales antes de poder dar testimonio y esclarecer los hechos.
La falta de resultados sustantivos por parte de las autoridades mexicanas se debe a un problema de índole estructural, dijo a SinEmbargo Luis Knapp, integrante del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19. En su opinión, “no se solucionan las problemáticas que aquejan al país, sobretodo en materia de violencia contra la prensa, creando instituciones y leyes si no existen dos elementos fundamentales -que no tenemos-: capacidades [técnicas] institucionales [para investigar los casos] y voluntad política [para resolverlos]”.
Knapp señala que, asimismo, hace falta trabajar en abatir la impunidad que reina en México. Al respecto, mencionó que "en la medida en que se establezca una Fiscalía [General de la República] realmente autónoma, con capacidades técnicas institucionales, podría darse un paso importante para comenzar a reducir o abatir esta impunidad que existe”. Empero, en la actualidad, la que será Fiscalía en 2018 -hoy Procuraduría General de la República (PGR)- no tiene titular.
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SANGRÍA Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN MÉXICO
En los últimos 64 años, al menos 289 periodistas han sido asesinados en situaciones que podrían estar ligadas con su actividad periodística, de acuerdo con un recuento hecho por la Unidad de Datos de SinEmbargo. Sólo en los últimos 17 años, durante los gobiernos de Vicente Fox Quesada [2000-2006], Felipe Calderón Hinojosa [2006-2012] y Enrique Peña Nieto [2012-2018], se cometieron 168 homicidios [el 58 por ciento del total].
Según estas cifras, en promedio, en las últimas cinco décadas anteriores al 2000, hubo 2.6 informadores asesinados por año. En cambio, en los últimos tres sexenios, el promedio es de 17 homicidios anuales. Esta situación se agrava si consideramos que, durante el primer semestre de 2017, un periodista fue agredido cada 15.7 horas en nuestro país, refieren datos de Artículo 19.
Mientras que en el primer semestre de 2016 la organización civil registró 218 agresiones contra periodistas, en el mismo periodo de 2017 asentó 276 casos. Esto representa un aumento de 26.6 por ciento en un año. Aunado a ello, Artículo 19 encontró que, en la mitad de los casos, un funcionario público fue el principal responsable del agravio. Las intimidaciones, las amenazas y los ataques físicos y materiales, fueron los exabruptos más comunes. También destacaron situaciones de espionaje –como el caso “Pegasus” en junio de este año– y de acoso judicial [demandas por perjurio].
Para Mora Velázquez de la UNAM, el problema de las agresiones contra periodistas se inscribe en el marco de un país donde “no está garantizado el Estado de derecho porque el sistema de justicia es ineficiente”. Por ello, ulterior al actuar del Gobierno federal, es menester la participación de la sociedad civil en el diseño de soluciones.
En cuestión de homicidios de periodistas, el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa es el más sangriento. Durante su periodo, hubo al menos 83 asesinatos. Le siguen los gobiernos de Enrique Peña Nieto [56]; Carlos Salinas de Gortari [38 entre 1988 y 1994]; Miguel de la Madrid Hurtado [34 entre 1982 y 1988]; Vicente Fox Quezada [29]; Ernesto Zedillo Ponce de León [20 entre 1994 y 2000]; José López Portillo y Pacheco [15 entre 1976 y 1982]; los de Luis Echeverría Álvarez [1970-1976], Adolfo López Mateos [1958-1964] y Adolfo Ruiz Cortines [1952-1958], cada uno con al menos cuatro asesinatos registrados; y, finalmente, el de Gustavo Díaz Ordaz [dos entre 1964 y 1970].
Por entidad federativa, el recuento de la Unidad de Datos arrojó que, en los últimos 64 años, Veracruz es el escenario más violento para la labor periodística con 37 homicidios registrados. Le siguen los estados de Tamaulipas [29]; Oaxaca [26]; Chihuahua [25]; Guerrero [24]; Sinaloa [22]; Ciudad de México [20]; Michoacán [15]; Estado de México [13]; Baja California [10]; Jalisco y Morelos [nueve cada uno]; Chiapas [siete]; Coahuila y Sonora [seis cada uno]; Durango, Puebla y Tabasco [cinco cada uno]; Nuevo León [cuatro]; Baja California Sur, Hidalgo, Quintana Roo y San Luis Potosí [dos cada uno]; Guanajuato, Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas [uno cada uno].
En los casos de Aguascalientes, Campeche, Colima, Querétaro y Yucatán, no hubo registro de homicidios directamente relacionados con la actividad periodística.
Asimismo, los hallazgos de SinEmbargo dan cuenta de que, hasta el sexenio de Luis Echeverría Álvarez [1970-1976], los homicidios de periodistas no superaban los cuatro casos por periodo presidencial. Es a partir del gobierno de José López Portillo y Pacheco [1976-1982] que la incidencia de este delito se disparó. En seis años hubo 15 casos; 3.5 veces más que el promedio registrado en las cuatro administraciones anteriores. Con de la Madrid, esta cantidad sería duplicada. De ahí en adelante, el homicidio de periodistas se mantuvo en niveles altos.
