Defensores de los derechos digitales y la libertad de expresión acusaron que organismos de inteligencia tienen información crucial para evitar tragedias.

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- La protección de datos personales en México se viola de forma reiterada por parte del Estado. Hay un doble discurso por parte del Gobierno para proteger y publicar datos a conveniencia, señalaron defensores de los derechos digitales y la libertad de expresión durante el foro “Protección de Datos Personales: Retos y Perspectivas del Estado”.

Los especialistas expusieron que las problemáticas relacionadas con la privacidad y falta de transparencia en la información pública son signo de la crisis de derechos humanos que vive el país.

“Se ha ido construyendo un discurso para violar los datos personales , y por otro lado, se ha negado información que debería ser pública bajo el pretexto de la seguridad personal”, consideró David Mora, del programa de Acceso a la Información de la organización Artículo 19.

Mora expuso que graves casos de violación a los derechos humanos como el de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa han mostrado claramente cómo dependencias tales como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) a través de la vigilancia masiva e intervención de llamadas tienen información que podría ser crucial para evitar tragedias.

“Con esto no quiero decir que sea el CISEN el culpable de la desaparición de los normalistas, pero sí ponemos en la mira el papel de mero espectador que jugó la dependencia”, dijo.

Por su parte el representante de la organización R3D, que pugna por la defensa de los derechos digitales, señaló que reformas aprobadas el año pasado, como la de la Ley de Telecomunicaciones, desprotegieron a los ciudadanos, ya que pueden ser intervenidos por la autoridad con supuestos fines de seguridad pública e investigación.

“El problema más allá de intervenir un llamada es que las personas nunca van a saber que fueron intervenidas, ni por qué. Creo que, como en otros países al menos debería de notificarse después de un tiempo establecido”, explicó.

De acuerdo con el especialista, la situación de derechos humanos que atraviesa el país también genera suspicacia sobre el manejo que hace el Gobierno de las llamadas que interviene.

Por otro lado, en términos de transparencia, Fundar, Centro de Análisis detalló que el Servicio de Administración Tributario (SAT) se ha encargado de proteger los datos de las empresas. El Gobierno de Enrique Peña Nieto condonó 170 mil millones de pesos en el 2013, y Fundar lleva un juicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para saber a quién y por qué se condonó.

“De los 170 mil millones de pesos, se condonaron a 40 mil personas, pero lo que a nosotros nos interesa saber es quienes fueron las 33 personas morales a las que se les condonó un total de 80 mil millones de pesos, casi la mitad de ese monto. Al parecer el SAT no cree que esta información debería ser pública”, dijo Iván Benumea Gomez, representante de Fundar.

VIGILADOS POR CRIMINALES Y GOBIERNO

En octubre pasado, Freedom House en su informe “Libertad en la Red 2015”, alertó que México permanece como uno de los entornos más hostiles para los periodistas online y los blogueros, mientras que informes recientes sugieren que la vigilancia estatal es generalizada en el país.

La vigilancia no sólo afecta a los periodistas en uno de los países con menor libertad de expresión, sino también al ciudadano de a pie.

El reporte, que califica a México como un país “parcialmente libre”, refiere que aunque el acceso a Internet ha mejorado en los últimos años, “la libertad está severamente limitada por uno de los más altos niveles de violencia contra periodistas en el mundo”.

En este clima de inseguridad, refiere el informe, el gobierno amplió sus poderes de vigilancia al aprobar la Reforma de Telecomunicaciones de 2014. Freedom House menciona que los informes recientes sobre los contratos del gobierno mexicano con la empresa italiana Hacking Team “sugieren que la vigilancia estatal es generalizada”.

Con respecto a la Ley de Telecomunicaciones, el organismo alerta el que los proveedores de servicios de Internet y de móviles almacenen los datos de los usuarios durante al menos dos años y proporcionen registros detallados de las comunicaciones a la policía, sin una orden judicial de por medio.

El reporte menciona que a pesar de la exigencia constitucional de que cualquier intervención de comunicaciones personales debe ir acompañada de una orden judicial “el gobierno mexicano tiene amplios poderes para rastrear y vigilar a los ciudadanos”.

La organización internacional refiere que una de las principales preocupaciones planteadas por los grupos de la sociedad civil es el lenguaje vago en la Ley que permite a la “autoridad competente” pedir información.

“La corrupción y el débil Estado de Derecho entre los gobiernos estatales, incluyendo la infiltración de las fuerzas del orden por el crimen organizado, dejan espacio para que las comunicaciones privadas caigan en las manos equivocadas”, refiere el documento.

La organización destaca los informes recientes sobre un vasto aparato de vigilancia estatal que ha puesto en tela de juicio la idoneidad de las protecciones de la privacidad.

“En julio de 2015, un hackeo dio lugar a una fuga de documentos internos de la empresa de vigilancia de Hacking Team que reveló que México era el mayor cliente de la compañía en todo el mundo y que la compañía ha firmado más de 14 contratos con varias agencias estatales y federales”, refiere el reporte.

Freedom House dice que la información filtrada de Hacking Team “es sólo el último de una serie de escándalos relacionados con aparatos de vigilancia de México”.

Recordó que en julio de 2012, fuentes militares filtraron pruebas, que fueron confirmadas más tarde por el Ejército mexicano, sobre la compra secreta del Ejército Mexicano de más de 4 mil millones de pesos de un spyware diseñado para interceptar comunicaciones.

El reporte menciona además la información difundida en 2013 sobre el uso del software FinFisher para la vigilancia en México. “Aunque un grupo de organizaciones de derechos humanos ha pedido una investigación federal sobre el uso de herramientas de espionaje y de inteligencia, el gobierno aún tiene que realizar o someterse a cualquier investigación”, dice el texto.