Con la sentencia a Genaro García Luna, el episodio de la guerra contra el narcotráfico sale de nuevo a la luz. Se trató de la política más importante de la administración de Felipe Calderón en la que se activaron los principales cuerpos de seguridad y que terminaron concentrando las quejas por los crueles actos cometidos en contra de civiles pero a nombre del “combate al crimen organizado”.
Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- En julio de 2011, en radio y televisión circuló un spot en el que una persona se quejaba de la inseguridad en México y otra le respondía que “estaríamos peor si nadie le hubiera entrado a detener al crimen organizado”. En ese guión incluso se alertaba que de no haber iniciado “la guerra”, los criminales se meterían a nuestras casas y por eso el Gobierno de Felipe Calderón debía ser firme.
Detrás de esa lluvia de propaganda están los datos del horror.
Desde la Presidencia de la República con Felipe Calderón a la cabeza, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dirigida por Genaro García Luna, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en manos de Guillermo Galván Galván y la Secretaría de Marina (Semar) de Francisco Saynez Mendoza, sumaron miles de violaciones a los derechos humanos y no sólo de personas vinculadas a grupos delictivos sino de los llamados “daños colaterales”, término al que fueron reducidos hombres, mujeres y niños que resultaron heridos en los múltiples enfrentamientos registrados en la época.
Incluso, de acuerdo con los datos, hay una cuarta dependencia implicada: la Procuraduría General de la República que durante esa administración tuvo al frente a Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales Ibáñez. Tras la detención de Genaro García Luna el 9 de diciembre de 2019, la responsabilidad por la violencia desatada en ese periodo se concentró en las dependencias que éste tuvo en sus manos, la SSP y la Policía federal, sin embargo, los registros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de otras organizaciones documentaron que la guerra no se libró únicamente con esas dependencias, ya que el Ejército y la Marina concentraron también miles de arbitrariedades que quedaron denunciadas.
La CNDH reportó que durante de 2006 a 2012, 7 mil 500 quejas por distintas violaciones a los derechos humanos por parte de miembros del Ejército; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, documentó que tres de cada cuatro recomendaciones que emitieron la dependencias relacionadas con el derecho a la vida en ese periodo estuvieron dirigidas a las fuerzas armadas.
Durante esos seis años, la Sedena incurrió en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, delito que tuvo un incremento notorio, ya que la CNDH registró un aumento de quejas por tortura y malos tratos desde 2007 y hasta un máximo de 2 mil 020 quejas en 2011 y 2 mil 113 en 2012, comparadas con un promedio de 320 quejas recibidas antes de 2007.
Con estos reportes de la CNDH, el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Alejandro Anaya resumió en un cuaderno de trabajo que las quejas señalan como responsables directas a la Sedena, la Semar, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal.
“La Sedena es, por mucho, la dependencia que más quejas acumuló durante el periodo estudiado. Por otro lado, las quejas en contra de la Sedena y la Semar aumentaron de manera importante (tanto en términos absolutos como relativos) a partir de 2008 y 2010, respectivamente”, concluye.
Con base en la revisión del autor, de 2007 a 2012, hubo 8 mil quejas contra la Sedena; mil 227 contra la Semar; 4 mil 168 contra la PGR y 2 mil 922 contra la Policía Federal.
Las principales quejas reportadas fueron la privación de la vida, la detención arbitraria, retención ilegal, desaparición forzada, tortura, tratos crueles y degradantes, uso excesivo de la fuerza, incomunicación y cateo ilegal.
Por entidad en donde tuvieron lugar los hechos denunciados, el primer sitio es para Chihuahua, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Guerrero y Baja California.
De acuerdo con la base de datos de la CNDH, de 2006 a 2012 se emitieron 535 recomendaciones por violaciones a derechos humanos que implicaron a un total de 752 autoridades.
La entonces PGR, hoy Fiscalía General, de Felipe Calderón tuvo a tres encargados. Empezó con Eduardo Medina Mora, que estuvo de 2006 a septiembre de 2009. Deja la dependencia para irse como Embajador de México en Reino Unido ya en uno de los puntos de más violencia de la guerra contra el narcotráfico. El político continuó lejos hasta 2013 y Enrique Peña Nieto lo nombra Embajador de México ante Estados Unidos, puesto que ocupó hasta 2015 que es cuando el mismo expresidente lo envía como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se separó de ese cargo en octubre de 2019.
Su sucesor, Arturo Chávez estuvo de septiembre de 2009 a marzo de 2011. Destaca de él que salió implicado en uno de los cables de Wikileaks, en el que el Gobierno de Estados Unidos lo ubicó como un infiltrado de un grupo delictivo en Chihuahua –donde fue procurador–. Sin embargo, de acuerdo con el cable 09MEXICO2759, Estados Unidos le dio el visto bueno para convertirse en funcionario federal.
Finalmente llegó Marisela Morales, quien estuvo en la PGR de abril de 2011 a diciembre de 2012. Un año después, José Antonio Meade, entonces canciller mexicano, anunció que Morales colaboraría en un Consulado de Carrera en Milán, Italia.
En el caso de la Sedena, sólo hubo un titular: Guillermo Galván Galván. Además de gozar de una pensión por haber prestado sus servicios, los privilegios son también de influencia política. De acuerdo con lo publicado en 2022 en SinEmbargo tras el hackeo de correos electrónicos de la Sedena, se encontró como asesores del entonces titular de la dependencia, Luis Cresencio Sandoval a los exsecretarios Enrique Cervantes Aguirre, Guillermo Galván Galván y Salvador Cienfuegos Zepeda.
LA PERSPECTIVA DE LA GUERRA
El informe especial de la CNDH sobre las irregularidades cometidas durante “el combate” a los grupos delictivos, contiene una serie de conclusiones que resaltaban los abusos de este grupo de dependencias.
Se sostiene que “la corrupción y el abuso de poder proliferaban al interior de los cuerpos policiales que operaban al amparo de los débiles programas de inspección y supervisión; de un rezago en la aplicación de las sancionar legales, de manera ejemplar, a aquellos servidores públicos infractores o negligentes […] Esta Comisión Nacional pudo acreditar en la investigación que realizó que los servidores públicos de las diversas dependencias encargadas de brindar seguridad pública […] incurrían en prácticas con las que se quebrantaron no solamente el Estado de derecho, sino también los derechos fundamentales de las personas, circunstancia que fomenta el desaliento de las víctimas para presentar la denuncia o dar continuidad a ésta; por ello, no era dable abatir el crecimiento inusitado de la delincuencia, ni reducir los altos índices de violencia que se observaron hasta ese entonces”.
Se aborda en el documento el número de ejecuciones, que de enero de 2006 a noviembre de 2008, superaron las 10 mil 500 ejecuciones y que los “operativos conjuntos entre los elementos de seguridad pública federal y las fuerzas armadas para combatir a tales grupos delincuenciales”, se daban “sin tener resultados alentadores”.
Por esa razón, la mentira se hizo necesaria. La propia CNDH pone un caso en el que la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en un informe que denominó “Radiografía de las Ejecuciones”, habla sobre los operativos realizados durante el periodo de diciembre de 2006 a abril de 2007, se habían registrado únicamente mil 176 ejecuciones, dentro de los cuales 89 eran elementos pertenecientes a distintas corporaciones policiales. Esa cifra era sólo el 7.6 por ciento de las 10 mil 500 ejecuciones.
