En el año 2035, México tendrá entre 20 y 24 millones de adultos mayores. El Presidente AMLO ha dicho que no aumentará la edad legal de retiro (65 años) durante su sexenio; pero en los próximos 16 años, la quinta parte de los adultos mayores será pobre y uno de cada tres deberá trabajar para sobrevivir o complementar su pensión.
De acuerdo con cifras del Gobierno federal y organizaciones internacionales, el panorama mexicano de cara a 2035 será dicotómico: la pobreza y la desigualdad irán a la baja, aunque la economía informal y la insuficiencia del sistema de pensiones irán al alza.
Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- En los próximos 16 años el número de adultos mayores en México se duplicará y el mercado laboral del país cobijará a 7.9 millones de trabajadores de la tercera edad. Para entonces será el año 2035 y dos de cada 10 mexicanos tendrán al menos 65 años. Este ejército de adultos mayores estará compuesto por personas que lucharán por salir adelante, muchos de ellos sin una pensión, en la informalidad o sumidos en la pobreza, de acuerdo con cifras oficiales analizadas por este medio digital.
Las proyecciones a futuro, empero, son alentadoras hasta cierto punto. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) prevé que en el año 2035, México tendrá la mitad de pobres que en la actualidad. Asimismo, las cifras del Gobierno federal y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indican que la población sin seguridad social decaerá en 28.7 por ciento.
Lo anterior es de suma importancia considerando que la cobertura y suficiencia de los sistemas de protección social en la vejez están relacionadas con las tasas de pobreza en adultos mayores, refiere la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
Tanto la Consar como la OCDE señalan que hay tres elementos básicos para garantizar que la población de adultos mayores de un país tenga una vejez o una pensión dignas: acceso a un empleo formal con ingresos superiores al costo de vida mensual, control de ingresos y gastos, así como un plan de jubilación o de retiro (ahorro).
Pero en la actualidad estas condiciones son insuficientes.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) refieren que sólo el 26 por ciento de la población mexicana –o 13.4 millones de personas– tiene ingresos mensuales superiores al gasto corriente de los hogares en México (10 mil 638 pesos al mes). Esto incluye gastos de alimentos, bebidas y tabaco; transportes y comunicaciones; educación y esparcimiento; vivienda y combustibles; cuidados personales y de la salud; artículos y servicios del hogar; vestido y calzado, además de micro-gastos.
Asimismo, las cifras de Cepal y Consar indican que la mitad de los adultos mayores en México (más de 7 millones de personas) están pensionados, ya sea por haber ahorrado durante su vida laboral (39 por ciento de los casos) o por ser beneficiarios de programas sociales (61 por ciento de los casos). Sin embargo, apuntan que los ingresos promedio de los pensionados, que van de 610 a 5 mil 865 pesos al mes, son insuficientes para sobrellevar la vejez sin un ingreso adicional, en la mayor parte de los casos.
Esto nos lleva al último punto: el trabajo en la vejez y la economía informal.
Hoy en día cerca del 9.4 por ciento de los trabajadores de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada tiene al menos 65 años de edad. Se trata de 4.9 millones de adultos mayores que trabajan de manera voluntaria o por necesidad. A este grupo demográfico se sumarán tres millones de personas en los próximos 16 años, la mitad de ellos ocupados en la economía informal que, para el año 2035, habrá crecido en 25.5 puntos porcentuales, de modo que el 45.2 por ciento de la PEA ocupada –de 67.4 millones de mexicanos– será informal.
La falta de ingresos suficientes (durante los años laborales) y de control de las finanzas personales, además de la imposibilidad de ahorro limitarán la calidad de vida de los adultos que en la próxima década y media serán considerados adultos mayores con edad legal de retiro.
En el año 2035 habrá, de esta forma, un población aproximada de 5.3 millones de personas de la tercera edad en situación de pobreza. Además, el país tendrá que lidiar con el futuro incierto de 42 millones de mexicanos con al menos una carencia en materia de seguridad social.
LA CRISIS A FUTURO
La jubilación y la indemnización por vejez forman parte de las bases mínimas de la seguridad social en México (artículo 123 constitucional, apartado B, inciso XI) y el otorgamiento de pensiones debe de ser –previo cumplimiento de los requisitos legales– garantizado por el Estado (artículo 2 de la Ley del Seguro Social).
Cuando una persona no goza de pensión o jubilación y no es familiar de un derechohabiente, o cuando alguien de 65 o más años no dispone de esos beneficios ni es beneficiario de algún programa social para adultos mayores, existe privación de seguridad social, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Para el Coneval, la PEA con ingresos sin registro ante el IMSS y aquella no asalariada e independiente sin registro voluntario y con Afore, también constituyen casos de privación de seguridad social, se lee en el estudio (2018) “Pobreza y Derechos Sociales en México”.
“Disponer de un ingreso seguro y suficiente durante la vejez es una aspiración generalizada, aunque hacer contribuciones o ser parte de alguna de las instituciones de seguridad social que ofrecen estos beneficios es una condición necesaria pero no suficiente para asegurar que el derecho respectivo llegue a ejercerse”, refiere el Consejo.
A medida en que la población envejece y que la esperanza de vida se incrementa –para el año 2030 un mexicano promedio vivirá 85 años, según la OCDE– los sistemas tradicionales de pensiones se vuelven “financieramente insostenibles”, se lee en el informe “Las pensiones en México y el mundo” de la Consar.
Este contexto de crisis obligó a México a transitar de uno a otro sistema de pensiones.
Antes de las reformas de 1997 y 2007, los trabajadores del sector público (afiliados al ISSSTE) y del sector privado (afiliados al IMSS) cotizaban con una fórmula de “beneficio definido”. Esto implicaba que los trabajadores aportaban parte de su salario para financiar las pensiones de los trabajadores retirados, y cuando les tocaba retirarse, las nuevas generaciones pagaban su pensión.
A partir de las reformas, México adoptó el esquema de pensiones de “contribución definida” y en consecuencia, el IMSS y el ISSSTE dejaron de administrar las pensiones de los trabajadores que comenzaron a cotizar después de 1997 (en el caso de los afiliados al IMSS) y 2007 (en el caso de los afiliados al ISSSTE).
Lo anterior supuso que se adoptara un esquema individual de aportaciones que –a diferencia del sistema anterior que operaba con una fórmula general de pensiones según el salario, la edad y el tiempo de cotización de cada trabajador– depende de subsidios del patrón y del gobierno, pero sobre todo del ahorro del trabajador y del rendimiento acumulado de éste (y ya no de una fórmula general de Estado).
La etapa de transición en el sistema de pensiones de México acarreó dos principales consecuencias: que gran parte del presupuesto del IMSS y del ISSSTE –64 por ciento en promedio, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019– se va en el pago de pensiones y jubilaciones, en lugar de ser utilizado en servicios de salud; y que los ahorros acumulados de los trabajadores de hoy, proporcionan un monto de pensión inferior al del anterior sistema de pensiones.
El bajo ingreso por pensiones limitará el poder adquisitivo de dos de cada 10 mexicanos que tendrán al menos 65 años de edad para 2035. Pero el gasto en pensiones que arrastrará para entonces el Gobierno federal limitará el desarrollo social de la población general.
Entre los años 2035 y 2040, las obligaciones pensionarias totales del Gobierno federal –IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE, entre otras– alcanzarán su costo máximo histórico de 1.2 billones de pesos, de acuerdo con el estudio (2018) “Gasto en Pensiones y su Perspectiva de Largo Plazo” del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.
El costo de las obligaciones pensionarias en los próximos 20 años será equiparable al 6.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nominal de México durante el primer trimestre de 2019, de acuerdo con cifras del Inegi. Dicha cantidad es siete veces superior al presupuesto total de la Secretaría de Bienestar (antes Sedesol) para este año, de acuerdo con los analíticos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019.
EL RETO POR VENIR
La Cepal indica que México tiene dos grandes problemas relacionados con el actual sistema de pensiones: desigualdad en los montos de las jubilaciones y falta de planeación para cubrir las obligaciones pensionarias.
Por un lado, la Comisión refiere que el país carece de una política pública uniforme en materia de pensiones y jubilaciones, a la que se suma “una gran disparidad en los montos de las pensiones que se ofrecen e inequidad al limitar el otorgamiento para las pensiones del programa Pensión para Adultos Mayores, en tanto que con recursos públicos se pagan pensiones que superan de manera muy significativa los 580 pesos mensuales que se establecen en las reglas de operación de dicho programa”.
También indica que “la protección para el retiro por parte de diversas instituciones públicas no se ha fundamentado en el análisis de sus efectos financieros, lo que ha conducido a enfrentar situaciones de insolvencia y a que el Gobierno federal en forma creciente haya tenido que respaldar los compromisos respectivos”.
En contraste y no obstante el elevado pago por concepto de pensiones, refiere Cepal, “la cobertura de la PEA ha sido insuficiente, particularmente ante la elevada proporción que se ubica en condiciones de informalidad laboral. El escaso crecimiento económico también ha sido un factor limitante para la creación de empleos formales en concordancia con la evolución demográfica”.
Esta circunstancia –coincide la Consar– implica que el gasto en pensiones en México es “regresivo”. Sin embargo, solucionar el problema requiere reducir el gasto en pensiones –cuyo costo decaerá a partir del año 2045, de acuerdo con el CEPF– y aumentar el ingreso de los mexicanos, además de fortalecer la cultura del ahorro a nivel nacional.
Acerca de este último punto, la Consar refiere que las personas requieren “un empujón” para que ahorren lo suficiente para su pensión. Para ello propone –entre otras cosas– una política de aumento a la tasa de aportaciones obligatorias y voluntarias en México, para impulsar la tasa de remplazo de los pensionados y jubilados.
De acuerdo con OCDE y Consar, la tasa de aportación obligatoria y voluntaria en México (6.5 por ciento) es la segunda más baja de 27 países analizados, tan sólo por encima de la de Costa Rica (4.3 por ciento). Mientras que estos países tienen aportaciones promedio de 17 por ciento, naciones como Italia, Hungría, Francia, Finlandia e Israel mantienen tasas de 25 a 33 por ciento.
Para fortalecer las aportaciones de los trabajadores, Consar plantea crear un “enrolamiento automático de todos los trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE en un programa de ahorro voluntario automático”.
Lo anterior implicaría generar un esquema de ahorro voluntario del 5 por ciento del salario base de cotización del trabajador que, junto con el 6.5 obligatorio actual, garantizara un 11 u 11.5 por ciento de ahorro sobre el ingreso mensual. Ello nos acercaría a los estándares internacionales que establecen un mínimo de 20 por ciento de ahorro sobre el salario base de cotización.
De lograrlo, México podría reducir la tasa de pobreza de adultos mayores a nivel nacional, que actualmente es del 43 por ciento, equivalente a 6.3 millones de personas de al menos 65 años de edad.
Según las cifras de la OCDE, la tasa de remplazo en México –o el porcentaje de salario que recibe un trabajador retirado respecto al sueldo antes de su jubilación– es la más baja entre 43 países analizados. Mientras que en nuestro país un trabajador promedio recibe el 26.4 por ciento de su último salario, la mayoría de los países de la OCDE recibe el 58.7 por ciento. En países como Holanda, India, Dinamarca e Italia, la tasa de remplazo oscila entre el 83.1 y el 96.9 por ciento del último salario percibido por el trabajador.
