La devastación del estado de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte era una crisis enunciada después de los primeros meses de gobierno. El estado comenzaba a dar signos de ingobernabilidad durante el sexenio previo de Fidel Herrera. Muchos avisamos que Veracruz comenzaba a seguir los pasos de su vecino estado de Tamaulipas en donde el estado de derecho ha sido un anhelo ya por décadas.

Corrían los días de mayo de 2012. La periodista Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, había sido recientemente asesinada en Xalapa. Interpósita persona el Gobernador Javier Duarte me buscó para hablar sobre el asesinato de Regina y de otros colegas en la entidad. La presión que comenzaba a recibir Duarte por la nula atención o descalificación de los casos de asesinatos de miembros de la prensa era importante.

La cita se dio en un bistró de Polanco. La reservación estaba a nombre del político. La hostes sonrió cuando mencioné su nombre. Parecía que el político veracruzano frecuentaba el lugar. Su mesa estaba ya escogida de antemano. La mirada de los meseros era evidente y buscaban determinar quién iba a ser el interlocutor del Gobernador jarocho. La espera terminó cuando llegaron 3 camionetas tipo suburban color negro al restaurante. Creando el caos vial correspondiente. El despliegue de escoltas fue inmediato. Si la memoria no me falla eran más de 6 avispados agentes. Los comensales curiosos y atentos esperaban reconocer qué personaje llevaba semejante séquito.

La decepción parecía evidente cuando se bajó el Gobernador Duarte. Sin saco ni corbata y llegó hasta la mesa –su mesa- donde yo esperaba. Lo acompañaba el exsenador Enrique Jackson, ¿por qué? Nunca supe. Pero se sabía que era su principal consejero. Y también estaba el hoy multicitado prestanombres, Moisés Mansur. Habló poco, o casi nada este último. Afable el Gobernador abrió la conversación diciendo: “la gran mayoría de los periodistas en Veracruz están coludidos con el crimen organizado, por ello, mucho cuidado con quién defienden”. Fue ese preciso momento cuando resultaba evidente que el desgobierno en Veracruz no era coincidencia, sino mera voluntad gubernamental.

Hoy aquel Gobernador que en su momento Enrique Peña Nieto calificó como “las nuevas generaciones del PRI” está prófugo. Con fuero, pero prófugo. El PRI ha decidido que sea Duarte quien cargue con todo el peso del sacrificio en nombre de esa nueva camada de Gobernadores –Roberto Borge y César Duarte entre otros- que hoy son señalados por actos de corrupción. Duarte aparece en las primeras planas y todos hemos olvidado el desastre de Medina, Borge y Duarte. Recordemos que muchos analistas vincularon la derrota del PRI el año pasado con lo que se conoció de estos gobernadores.

Son las nuevas generaciones del PRI igual de corruptas que las viejas. En eso no hay nada nuevo. Sin embargo, el presidente del PRI, Enrique Ochoa, ha tomado como lema de campaña para levantar al PRI el combate a la corrupción. ¿Habría que creerle? No, ninguna evidencia sugiere tal cosa. Ochoa ha tomado el encargo de reconstruir la poca credibilidad del PRI para las elecciones en el Estado de México y las presidenciales en el 2018. Por ello se atreve, envalentonadamente, enfrentar a Ricardo Anaya –PAN- y criticar por la benevolencia de Acción Nacional para con Guillermo Padrés, otro Gobernador sobre el cual pesan graves acusaciones de corrupción.

Al final el dicho presidencial “que alguien tire la primera piedra en materia de corrupción” puede ser real. Lo cierto es que los partidos políticos han encubierto el saqueo del Estado mexicano. No importa los dichos de Ochoa, Anaya, Obrador o Barrales, la evidencia contra sus correligionarios es evidente. El único ausente –o miope tal vez- es la justicia que debería perseguirlos. Pero como ésta se mueve con los hilos de la política, entonces esperen sentados.

¿Por qué Los Pinos ha decidido, entre todos los gobernadores corruptos del PRI a Javier Duarte? La respuesta es incierta. Pero me inclino a pensar que gracias al periodismo diligente que se realizó desde hace años atrás y el trabajo de organizaciones de la sociedad civil, se pudo poner al descubierto el sistema de corrupción creado en Veracruz.

El portal informativo, Animal Político, reveló –con apoyo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad- la investigación que cambió el futuro de Javier Duarte. Fue el periodismo que cumplió con su papel de investigar, escudriñar al poder público que dio como resultado el conocimiento real de una red de corrupción por más de 600 millones de pesos. Ese es el papel del periodismo en democracia. Y no solo Animal Político lo ha hecho esa aportación desde el periodismo. Simplemente la precisión de la investigación periodística hizo imposible –desde el poder-  sostener la defensa de Javier Duarte.

En los albores del Sistema Nacional Anticorrupción la no sanción a Javier Duarte –sin olvidar, por favor, a los demás corruptos- puede ser una mala señal. Es cierto que el Sistema todavía no está en marcha, pero exactamente por la esperanza que se tiene en cambiar el paradigma de la corrupción hoy es momento de resultados. Javier Duarte no es –ni será- el último político que amase una fortuna incalculable desde algún puesto público, por ello, para crear un Sistema Anticorrupción, y sus 32 reproducciones en los estados, es necesario no cejar en el momentum que vive el país.

Hoy la fuga de Duarte está auspiciada por sus mismo aliados, socios o amigos

El peor resultado para el país sería: sin castigo a Duarte y Padrés –sin dejar de lado a Borge y el otro Duarte- y el nacimiento de un débil Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, hablamos de bluf o hablamos de justicia. Es momento de un viraje. Es momento de resultados que cambien la realidad.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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