Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).— En la primera reunión pública de los presidentes nacionales de las tres fuerzas políticas mayoritarias, Ricardo Anaya Cortés, del Partido Acción Nacional (PAN); Carlos Navarrete Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y César Camacho Quiroz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pactaron blindar las candidaturas a puestos de elección popular para evitar que sean ocupadas por gente vinculada al crimen organizado.

No obstante, especialistas consultados por Sin Embargo concordaron en que no es suficiente sonreír para la foto que realizar acciones que realmente inhiban una práctica que se ha vuelto cada día más común: la unión entre políticos e integrantes del crimen organizado.

“Más allá de la foto, yo hubiera preferido tener a las autoridades electorales, al Secretario de Gobernación,  al Procurador General de la República, al Comisionado Nacional de Seguridad Pública, al director del Cisen y a los dirigentes de los partidos, estableciendo el cómo le vamos a hacer”, afirmó en entrevista Erubiel Tirado, coordinador del programa de seguridad nacional y democracia en México de la Universidad Iberoamericana (UIA).

De la reunión entre las cúpulas partidistas, sobresalió sólo la fotografía de los líderes partidistas que contenderán en el 2015. Muy poca, casi nada de información se difundió sobre las propuestas y acciones para blindar la elección de la injerencia de la delincuencia organizada.

“Esta insólita reunión de los tres presidentes de los tres partidos políticos más votados del país, debe ser bienvenida. Sin embargo, me parece que resulta insuficiente para lograr que el crimen organizado no se entrometa en las campañas electorales, en los mismos partidos, e inclusive en los gobiernos de los tres niveles”, expuso Eduardo Huchim, el académico y ex consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF).

Tuvieron la oportunidad hace un año y la desaprovecharon. La clase política dejó pasar la ocasión de reformar la legislación para blindar los procesos electorales de la infiltración del crimen organizado y el narcotráfico, a pesar de que tenían los votos más que suficientes en el Congreso, el espíritu reformista a tope, el acuerdo político con la Presidencia de la República.

Hoy, los principales partidos políticos tratan de enmendar aquella omisión, luego de que los recientes acontecimientos en el municipio de Iguala, Guerrero, pusieron en evidencia, una vez más, lo fácil que se rompe la delgada línea entre políticos, en este caso el presidente municipal José Luis Abarca Velázquez, y el cártel criminal “Guerreros Unidos”.

Los especialistas sostuvieron que la Reforma Electoral del 2013 se quedó corta en cuanto a la posibilidad de imponer medidas más firmes para evitar la infiltración de criminales en los partidos políticos, a pesar de que una de las grandes banderas de la reforma fue la creación del Sistema en Línea de Contabilidad para los Partidos Políticos.

No obstante, comentaron que el Instituto Nacional Electoral (INE) puede ir más allá que simplemente fiscalizar en línea a los partidos políticos para evitar el uso de dinero de procedencia ilícita en los comicios.

“Sí se pueden hacer cosas y vamos a empezar por la transparencia, y exigirle a las autoridades electorales que si hay elementos para negar registros de candidatos, que lo hagan, y que nos digan por qué. Porque los electores tenemos el derecho de saber la calidad de la gente por la que vamos a votar”, dijo el maestro Erubiel Tirado.

INCERTIDUMBRE CIUDADANA POR CANDIDATOS

El proceso electoral federal 2014-2015 se realizará en medio de un clima de violencia e inseguridad en varios estados del país, algunos de ellos, como Michoacán y Guerrero, deberán elegir al próximo Gobernador, luego de los fallidos sexenios de Fausto Vallejo Figueroa y Ángel Aguirre Rivero, mandatarios estatales, respectivamente.

El Gobernador michoacano tuvo que ceder su cargo a un mandatario interino, luego de que una enfermedad le imposibilitó seguir al frente de la entidad. Su salida coincidió con la exhibición de un video donde se observa a su hijo, Rodrigo Vallejo, en una reunión con el líder del cártel de “Los Caballeros Templarios”, Servando Gómez, alias “La Tuta”.

También en Michoacán, en el año 2010, el Diputado federal del PRD, Julio César Godoy Toscano, medio hermano del entonces Gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, fue conocido públicamente como el “narcodiputado”, ya que se le acusó  de tener vínculos con “La Tuta”.

La Cámara de Diputados votó el desafuero de Godoy Toscano el 14 de diciembre de 2010, y desde entonces nadie sabe el paradero del llamado “narcodiputado” michoacano.

A nivel estatal, municipios como Acapulco, Chilpancingo, serán focos rojos, ya que según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) son municipios donde se comete una gran cantidad de secuestros, extorsiones y homicidios dolosos.

También serán focos rojos varios municipios guerrerenses encabezados por Iguala, en donde se la PGR todavía busca el paradero del presidente municipal con licencia, José Luis Abarca Velázquez, y de su esposa, María de los Ángeles Pineda, acusados de tener vínculos con el cartel “Gurreros Unidos”.

En otro escándalo de infiltración del crimen en los partidos políticos, se descubrió que el empresario queretano Germán Goyeneche Ortega, conocido como “El H”, era militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y al mismo tiempo operador financiero del narcotraficante Héctor Beltrán Leyva.

El presunto “narcoempresario” fue expulsado del partido y el Verde se vio orillado a pedir a la PGR que investigara a un millón y medio de militantes, a fin de depurar su padrón de posibles criminales.

El maestro Erubiel Tirado consideró que la principal preocupación principal de los partidos políticos es lavarse un poco la cara frente a la ciudadanía frente al proceso electoral del próximo año, donde estará en juego la renovación completa de la Cámara de Diputados, nueve gubernaturas estatales y elecciones locales en 17 entidades federativas.

“Las autoridades, tanto electorales como políticas, solamente están blindando la elección con discursos y ese es un problema, porque resulta que en casos tan paradigmáticos como Guerrero —que no es el primero hay que decirlo—, nos demuestra que hay que ir más allá, y obviamente nos están dando gato por liebre, por ahora”, reiteró.

Para el maestro Eduardo Huchim, cualquier acuerdo político para blindar la elección será insuficiente, mientras las instituciones de los tres niveles de gobierno no se coordinen para atacar de forma integral el problema de la corrupción y la infiltración de criminales y hasta delincuentes de cuello blanco.

“En tanto las fuerzas políticas quieran proteger a quienes llevaron al poder me parece que estamos ante un problema, pero ya no solo de los partidos sino incluso del Gobierno federal, porque mientras el Gobierno federal no actúe recientemente, imparcialmente, para aplicar la ley y terminar con la impunidad y la corrupción que asfixia a este país, mientras eso no ocurra me parece que será insuficiente”, dijo el académico.

LA REFORMA INCONCLUSA

El Congreso de la Unión aprobó en los últimos días del 2013 la reforma política electoral que modificó sustancialmente las reglas del sistema democrático mexicano al modificar el viejo Cofipe y sustituirlo por el nuevo Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe).

Entre las principales modificaciones a la Constitución a la ley electoral, se creó el Instituto Nacional Electoral, el cual se encargará de organizar las elecciones federales y coordinará las elecciones locales, con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) que sustituyeron a los institutos electorales estatales.

Se autorizó la reelección legislativa y de presidentes municipales hasta por 12 años y aumentó el catálogo de supuestos para anular una elección, entre los que incluyó el rebase de topes de gastos de campaña o la compra de propaganda en medios de comunicación.

En el tema que nos ocupa, la nueva legislación estableció que los partidos políticos, desde las etapas de precampañas y campañas políticas, deben reportar sus respectivos gastos y erogaciones.

Por su parte, el INE tiene que entregar la conclusión de su fiscalización en un plazo límite de 45 días después de la jornada electoral.

La intención de la reforma es tener cierta transparencia sobre el origen, uso y destino final de recursos que reciben partidos políticos y candidatos, en medio de la sombra de preocupación por el probable uso de recursos de procedencia ilícita en todo tipo de elecciones.

“Recordemos que hace 15 años, por ejemplo, cuando ocurrió el asunto del Pemexgate y el escándalo deLos Amigos de Fox no había posibilidad de conocer la situación real por el secreto bancario, ahora la autoridad electoral tiene ese tipo de atribuciones”, explicó el maestro Erubiel Tirado.

Sin embargo, la Reforma Electoral no dio suficientes herramientas al INE para poder vigilar a los más de 10 mil candidatos a algún puesto de elección popular que contenderán el próximo año, lo cierto es que cuenta con atribuciones para fiscalizar las “zonas grises” o “dinero gris”, es decir, aquellos recursos que la autoridad electoral no puede determinar a ciencia cierta si son legales o ilegales.

Para el maestro Eduardo Huchim, el problema no es tanto la falta de leyes o atribuciones del INE, sino la falta de voluntad política de instituciones y actores políticos, para evitar la confabulación con el crimen organizado.

“Faltó aplicar candados quizá más fuertes, más inviolables. Pero lo cierto es que el problema de este país –no sólo en lo electoral, pero también en lo electoral—, no es la existencia de más o menos leyes, de más o menos candados, sino que las instituciones como el INE, el TRIFE, y los organismos estatales, fallan lastimosamente en la aplicación de la ley”, explicó.

“Y quizá el mejor ejemplo sea lo que ocurrió con la revisión de los gastos de campaña de 2012, donde una sospechosa Unidad de Fiscalización –que allí sigue con el mismo personal que falló en la revisión de los gastos de campaña— llegó al absurdo de emitir un dictamen consolidado que resulta inverosímil a la luz de los gastos que todos vimos que hicieron los partidos políticos particularmente el PRI [Partido Revolucionario Institucional]”, agregó el ex consejero titular de la comisión de fiscalización del IEDF.

Ante esta situación, Erubiel Tirado reconoció que durante el presente proceso electoral dependerá en gran medida de los propios electores exigir a los partidos políticos que cuenten con candidatos honestos, de calidad y con verdadera vocación de servicio, antes de emitir su sufragio.

“Si se van a atrincherar los partidos políticos y los aspirantes a cargos de elección popular en el asunto de que la Ley no los obliga a ser transparentes, entonces la solución está del lado de los ciudadanos: Si a mí no me presentan a un candidato con transparencia y honorabilidad pues no voto por él. Pero también le debo exigir a los partidos políticos que no los postulen”, comentó el especialista de la Ibero.

CANDIDATOS DE CALIDAD

La Diputada federal del PAN, Karina Labastida Sotelo, advirtió que para nadie es un secreto que la esfera política ya fue penetrada por la delincuencia, sobre todo en gobiernos locales, por lo que consideró insuficiente algunas propuestas de partidos políticos como el PVEM y el PRD para blindar sus candidaturas para evitar que sean ocupadas gente del crimen organizado si no se investiga también funcionarios públicos de mediano y alto nivel en los tres órdenes de gobierno.

“No basta con evitar que candidatos a cargo de elección popular tengan nexos con el crimen organizado; también hay que investigar a quienes ya ocupamos esos cargos, incluidos diputados federales y locales, presidentes municipales, jefes policiacos, gobernadores y funcionarios federales, empezando por aquellos cuyos bienes materiales no corresponden con el dinero que han ganado como funcionarios”, planteó la también secretaria de la Comisión de Justicia.

Para los especialistas son los partidos políticos los verdaderamente obligados a que se verifique la calidad de los candidatos.

El maestro Erubiel Tirado, quien fue miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) en las elecciones legislativas y presidenciales de este año en Colombia, detalló algunos elementos que se aplicaron en ese país sudamericano, cuya política fue amenazada y posteriormente infiltrada por el crimen organizado y el narcotráfico

“El caso Colombia sin querer extrapolarlo de forma forzosa, en el caso de Colombia lo hicieron a través de una regulación dura”, detalló.

Precisó que los colombianos llegaron a un diseño legal e institucional en el que se investiga al aspirante a un puesto de elección popular. En caso de pasar ese primer filtro, realizado de manera conjunta entre la autoridad electoral, los partidos y las autoridades investigadoras, “entonces, los partidos sin hacer aspavientos retiran las candidaturas de esas personas y buscan a otro y se vuelve a hacer el mismo procedimiento”.

Agregó que aún durante la campaña electoral, inclusive cuando ya han sido electos, se ejercen acciones contra los funcionarios que se demuestre que tiene  vínculos con los paramilitares, con el crimen organizado, o la guerrilla.

“No estoy diciendo que eso es lo ideal, pero no debemos esperar que nos llegue al agua hasta el cuello o que la violencia sea a tal grado que sea imposible controlarla”, planteó.