Guatemala, 20 Oct (Notimex).- Organizaciones humanitarias manifestaron hoy su beneplácito por la condena emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Guatemala por el caso de la matanza de Río Negro entre 1980 y 1982.
Voceros del Movimiento Pro Justicia –que agrupa también a organizaciones defensoras de los derechos humanos de Guatemala- indicaron que esperan que el Estado cumpla las disposiciones de la condena para el resarcimiento a favor de las víctimas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), con sede en Costa Rica, condenó al Estado de Guatemala por cinco masacres perpetradas contra la población de Río Negro, una comunidad del municipio de Rabinal, en el occidental departamento de Baja Verapaz.
La sentencia anunciada el jueves pasado estableció que la corte culpable al Estado de Guatemala de la desaparición forzada de 17 miembros de Río Negro, de violaciones sexuales y de la “sustracción” de 17 personas, 16 de ellas niños y niñas de la comunidad.
El Ejército de Guatemala y las extintas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) –campesinos armados y controlados por el gobierno para combatir a la guerrilla- fueron responsabilizados de las masacres registradas en Río Negro en 1980 y 1982.
La Corte-IDH estableció que su sentencia “constituye una forma de reparación”, y ordenó al Estado “que debe investigar, sin mayor dilación, de forma seria y efectiva los hechos que originaron las violaciones declaradas” en la comunidad de Río Negro.
El propósito es juzgar y, eventualmente, sancionar a los presuntos responsables, por lo cual el Estado deberá “realizar una búsqueda efectiva del paradero de las víctimas desaparecidas forzadamente, así como para la localización, exhumación e identificación de las personas presuntamente ejecutadas”.
La sentencia ordena, entre otros puntos, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, y efectuar obras de infraestructura y servicios básicos a favor de los miembros de la comunidad de Río Negro.
Guatemala también deberá brindar tratamiento médico y psicológico a las víctimas y “pagar las cantidades fijadas por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, y por el reintegro de costas y gastos”.
El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh) de Guatemala afirmó por su parte que se emitió la condena en contra del Estado, “pese a los intentos del actual gobierno de impedir que la corte interamericana conociera el caso de Río Negro”.
El gobierno es encabezado por el presidente Otto Pérez Molina, quien asumió el pasado 14 de enero para el período 2008-2012. El mandatario es un general retirado que dirigió la lucha contra la insurgencia en la época más dura del conflicto armado interno.
“Esta sentencia es una muestra más de que lo ocurrido durante el conflicto armado interno no puede quedar en la impunidad”, afirmó Caldh, una entidad de la sociedad civil.
Añadió que “ahora el Estado debe investigar y juzgar a los autores materiales e intelectuales de la barbarie ocurrida al Pueblo Maya Achí”, etnia a la que pertenece la comunidad de Río Negro, Rabinal, Baja Verapaz.
El gobierno y la guerrilla de Guatemala suscribieron el 29 de diciembre de 1996 un acuerdo de paz, avalado por Naciones Unidas, que detuvo un conflicto armado interno que en 36 años causó 200 mil víctimas, entre muertos y desaparecidos.
