San Salvador, 20 Oct (Notimex).- El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, prometió hoy trabajar para mejorar la situación fiscal del país, luego que el Legislativo aprobó una emisión de bonos por 800 millones de dólares para cubrir una deuda de 2003.
El mandatario felicitó a los 84 diputados de la Asamblea Legislativa que por unanimidad dieron el aval a los títulos por 800 millones de dólares durante la plenaria del pasado jueves, luego de intensas negociaciones.
Durante el programa de radio de los sábados “Conversando con el presidente”, Funes aclaró que esa deuda fue contraída por el gobierno del entonces presidente Francisco Flores, con el compromiso de pagar en enero del próximo año.
Los 800 millones de dólares emitidos en eurobonos en 2003 tienen plazo de vencimiento en 2023, pero el gobierno de Flores (de Arena) introdujo un mecanismo que permite a los titulares reclamar el pago 10 años antes.
Funes señaló que la mayoría de los partidos estaba de acuerdo en dar el aval, sin embargo, se requería la aprobación de la mayoría calificada (56 votos), lo que se subsanó cuando la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) aceptó aprobar los bonos.
Arena condicionó sus votos a favor de los bonos a la aplicación de medidas de austeridad fiscal.
“Les di mi palabra que aquellos bonos que no vinieran a cobrar, lo utilizaríamos para emitir Letes (Letras del Tesoro), de tal manera de convertir deuda que tenemos a corto plazo, que es mucho más cara, en deuda de largo plazo, que suele ser mucho más barata”, agregó.
En ese marco, el gobierno también se comprometió a “llevar a cabo una política de responsabilidad fiscal”, que beneficiará no sólo a esta administración, sino al próximo gobierno que será electo en febrero de 2014, expresó el mandatario.
Según Funes, lo que hizo el Legislativo al aprobar los 800 millones de bonos fue un “acto patriótico”, ya que ha mandado un buen mensaje a las agencias calificadoras de riesgo, los inversionistas y la banca multilateral para que el país siga siendo sujeto de crédito.
Indicó que ese acuerdo, junto al logrado en agosto pasado que resolvió la crisis de los magistrados, no son más que “expresiones de madurez” de las fuerzas políticas y un “acto de responsabilidad ante el país y la comunidad internacional”.
