Bogotá, 20 oct (dpa) – El Centro de Memoria Histórica de Colombia reveló que el despojo de tierras en el país fue realizado por un sector criminal compuesto por paramilitares, narcotraficantes, empresarios y funcionarios corruptos, según un informe publicado hoy.
La investigación divulgada por el diario “El Tiempo” cuestiona la forma en que varios narcotraficantes capturados en los últimos años, algunos de ellos extraditados a Estados Unidos, logran negociar sus penas a cambio de bienes e información “sin que se les requiera por sus crímenes de derechos humanos”.
El texto titulado “Justicia y paz: tierras y territorios en las versiones de paramilitares”, resalta que los paramilitares, agrupados en su gran mayoría en las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tuvieron el control de varias regiones a través de la violencia que allí ejercían.
“En el norte del departamento del Valle (del Cauca) hay municipios que son de una persona o dos que se quedaron con las tierras de sus pobladores tras forzarlos a desplazarse o a vender”, dice la declaración de un desmovilizado durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) citada por el informe.
Según los investigadores, “en el proyecto expansionista de los paramilitares también participaron agentes económicos, miembros de la fuerza pública y servidores públicos, entre ellos políticos” que buscaban “imponer un nuevo orden social, cultural, económico y político a través de atesorar tierras y recursos naturales”.
“Unos se encargaban de la acción directa armada, de la cadena de terror en contra de la comunidad; otros concurrían desde el poder político y económico como socios, y otros brindaban apoyo militar e institucional”, sostiene el texto.
Finalmente, la investigación de 235 páginas, que ve varias falencias en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, afirma que “la persistencia de grupos armados ilegales que brindan protección a quienes se beneficiaron del éxodo forzado, guarda estrecha relación con la creación de los autodenominados ejércitos antirrestitución”.
Asimismo, indica que contribuyen al “incremento de asesinatos y amenazas contra líderes y reclamantes, incluso en las regiones formalizadas para la aplicación de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Nacional”.
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras busca reparar a los afectados por el conflicto armado interno con la entrega de las tierras de las que fueron despojados por los grupos ilegales.
Esa legislación se ha convertido en uno de los principales objetivos del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, quien ha señalado en varias ocasiones pese a las dificultades, el objetivo es devolver cerca de dos millones de hectáreas a unas de 400.000 familias desplazadas antes del fin del actual mandato, en 2014.
