Ayer por la tarde fue que nos enteramos que el ex presidente mexicano Ernesto Zedillo Ponce de León fue demandado en una corte federal de Connecticut por la masacre del 22 de diciembre de 1997 en Acteal, Chiapas. La firma de Miami de Rafferty Kobert Tenenholtz Limited y Hess, P.A. también involucra a Jorge Madrazo Cuéllar y a Liébano Sáenz por conspirar para crear grupos paramilitares y armar a civiles para exterminar el movimiento zapatista en tierra chiapaneca. Eso con Zedillo papá.

Por el otro lado, está uno de los hijos del ex presidente. Resulta que la empresa Proyectos Energéticos Renovables SA (PERSA) demandó por incumplimiento de contrato a 10 municipios de Aguascalientes. Quiere una indemnización de 500 millones de pesos debido a que en 2007 firmaron un contrato para instalar una planta incineradora de basura y luego desistieron.

Según los priístas Martín Chávez del Bosque, presidente municipal de Jesús María, y su antecesor, Gregorio Zamarripa Delgado, a mediados de 2009 se negó el permiso para instalar la planta porque iba a dañar el medio ambiente y porque detrás de la empresa PERSA estaban… estaban… ¡un hijo del ex presidente Ernesto Zedillo y un hijo del entonces gobernador panista Luis Armando Reynoso Femat! Los alcaldes y ex alcaldes no han querido decir de cuáles hijos se tratan.

Imagínese: hijo de ex presidente e hijo de gobernador en turno, uno del PRI y el otro del PAN, haciendo negocios juntos. Y ahora, con un despacho poderoso, los dos vástagos amenazan, según las autoridades de esos 10 municipios, con dejar a esos gobiernos en la calle porque no les aprobaron el proyecto.

Pero eso no es todo. De acuerdo con Zamarripa, la empresa pretendía “embargar” las participaciones federales para asegurar el pago de sus servicios, lo cual fue frenado directamente por el Congreso local. Pues claro: Los hijos de políticos querían como garantía las economías de los Ayuntamientos.

Ahora, en su defensa, los alcaldes y ex alcaldes dicen que la empresa nunca mostró su rostro verdadero: siempre se ocultó que detrás estaban el hijo de Ernesto Zedillo y el de Luis Armando Reynoso Femat.

Y pues, como se las gastan entre jueces y bufetes, a ver si los ciudadanos de esos 10 municipios no terminan pagando con sus vidas por haberle negado un permiso a una empresa de políticos.

 

***

No será Alejandra Barrales porque “polarizaría al gabinete” y porque “no le ven méritos”, más allá de haber respondido al impulso de diputado que tiene Marcelo Ebrard: en efecto, le sacó toda la agenda legislativa. Y nada más.

No quisieran que fuera Mario Delgado porque a ese lo ven, más bien, en la candidatura por el GDF… aunque las encuestas no lo vean a él.

Podría ser, en todo caso, José Ángel Ávila, secretario de Gobierno.

Pero unos más dicen que en esta ocasión podrían dar la sorpresa con Miguel Ángel Mancera, el procurador.

Aunque, si no cuaja Delgado, Mancera es el gallo.

En resumen: Quien sustituye a Marcelo Ebrard como Jefe de Gobierno mientras él se lanza a la conquista de los votos, será entre Ávila y Mancera. Y sólo quedaría Delgado si se trata de consolarlo.

Eso nos dice una buena fuente.

También nos dice que Marcelo no pretende irse ahora mismo del gobierno. Que tratará de llegar hasta el 1 de enero de 2012.

 

***

El asesinato del diputado Moisés Villanueva ha desatado un lodazal entre los priístas y ex priístas guerrerenses. Un cochinero que amenaza con salpicar no sólo al tricolor a nivel nacional, sino también al gabinete del gobernador Ángel Aguirre.

La dirigencia del PRI local pidió en una carta pública investigar al actual secretario de Desarrollo Rural de Guerrero, Socorro Sofío Ramírez Hernández, como presunto autor de amenazas en contra de Villanueva, quien era su suplente en la Cámara de Diputados. Sofío abandonó el priísmo en febrero pasado, para sumarse al gobierno de Aguirre; Villanueva, entonces, se quedó con su curul. Sin embargo, según el PRI de esa entidad, Ramírez Hernández presionó en diversos momentos a Moisés para “subordinarlo a intereses personales”, pero éste no cedió. Por ello, aseguran, su crimen podría tener implicaciones políticas.

Pero Sofío no se quedó callado y ahora pide a la PGR que también investigue al líder estatal del PRI, Efrén Leyva Acevedo; al coordinador de los diputados federales por Guerrero, Cuauhtémoc Salgado Romero; al alcalde de Acapulco, Manuel Añorve Baños, y al de Chilpancingo, Héctor Astudillo Flores, quienes presuntamente también estarían relacionados con el crimen.

La guerra de lodo ha iniciado, pero la pregunta es si la PGR y la PGJ de Guerrero actuarán con contundencia porque, al final, lo único concreto en este muladar es que ya hay muertos: Moisés y su chofer.

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.