¿Agendas legislativas erradas?

20/08/2012 - 12:02 am

Al aplicarse en un contexto que siempre es contingente, toda reforma institucional arroja resultados previsibles e imprevisibles; encontrándose entre los segundos accidentes afortunados y efectos no deseados. Y esta situación se hace más patente conforme crece la complejidad y pluralidad de una sociedad. Creer que hay cambios eficientes o definitivos corresponde al pensamiento mágico.

Por otra parte una reforma no es más que un eslabón de una larga cadena de cambios cuyos antecedentes pueden no conocerse del todo y cuyos efectos no son totalmente predecibles. Es decir, una transformación llevará a muchas otras en formas que quizás es imposible anticipar.

Lo anterior significa que un cambio en el arreglo institucional puede tener efectos en ámbitos como la política, la economía o incluso la legitimidad del sistema en su conjunto. ¿Existe una reforma que corresponda estrictamente a una materia? Claro que no, pero es importante saber anticipar los efectos y establecer escenarios de impacto – sólo de esa forma podremos distinguir las intenciones de los proponentes por lograr un cambio o sólo alguna transformación superficial.

El martes pasado el editorialista Leo Zuckermann publicó en el diario Excélsior una nota donde argumentó que el PRI y Enrique Peña Nieto erraron en su agenda legislativa al no darle prioridad a la economía. Antes de revisar el argumento, hablemos del contenido. (1)

Para Zuckermann, y de acuerdo con el economista Ruchir Sharma, un gobierno debe dar prioridad a los temas económicos “al punto de la obsesión” si se desea que un país despegue económicamente. Al contrario, y en opinión del autor, Peña Nieto dejó a un lado las reformas económicas para concentrarse en políticas, particularmente aquellas cuyo objetivo es combatir la corrupción: ampliar las facultades del IFAI para transparentar a los gobiernos estatales y municipales, así como a los poderes legislativo y judicial federales; crear una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de publicidad entre los gobiernos y los medios de comunicación; y la fundación de un órgano con autonomía constitucional que tenga facultades para investigar y sancionar actos de corrupción de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes de la Unión.

En cambio, y a consideración de Zuckermann, se debió haber dado más peso a las reformas laboral, económica y hacendaria; por lo cual considera que es una mala señal para inversionistas y opinión pública. Además, la exposición de esta agenda puede ir en detrimento de otros intereses de Peña; además de beneficiar a aquellos grupos que se benefician con el estatus quo.

¿De verdad todas las decisiones políticas no tienen implicaciones económicas? En realidad no hay elementos para sustentar esta afirmación. De acuerdo con el Reporte Global de Competitividad, elaborado por el Foro Mundial para la Competitividad (WCF) (2), influyen en la calificación de un país: instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico, salud y educación primaria, educación superior el entrenamiento, eficiencia en los mercados de bienes, eficiencia en el mercado de trabajo, desarrollo del mercado financiero, disponibilidad tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación de los negocios e innovación.

México ocupa el lugar 58 de 142 países lo cual lo coloca, como sucede con otros indicadores comparados, en la medianía (o para ser más exactos, la mediocridad). Lo peor: en 1996 ocupábamos el 32 y en 2003 el 47. De acuerdo con el reporte los principales problemas que tiene México al hacer negocios son el crimen organizado, la corrupción, una burocracia pública ineficiente, el acceso al financiamiento y las reglas fiscales.

Por lo anterior se desprende que la agenda económica debería incluir una serie de elementos que escaparían al tema “laboral”, “fiscal” o “hacendario”. Incluso a primera vista no pareciera un desacierto de Peña Nieto atacar la corrupción como prioridad. Las dos preguntas que se deberían plantear entonces son qué tanto el nuevo gobierno desearía (o podría avanzar) en los temas económicos y si las propuestas planteadas servirían para algo.

La primera pregunta no abre mucho espacio a la esperanza: el sistema político fue diseñado en los años 40 del siglo pasado para controlar verticalmente toda actividad económica, política y social en detrimento de la competitividad o el desarrollo. Un cambio en esa dirección implicará desarticular las bases de apoyo del PRI y su eventual desaparición como lo conocemos. (3) Para decirlo de otra forma hay demasiadas inercias para esperar reformas significativas.

Sobre la segunda pregunta, Peña Nieto parece optar por reformas centralistas, controladas desde la federación, en lugar de abrir cauces a una eficaz rendición de cuentas por parte de los tres niveles de gobierno. Lo peor, se prevé más burocracia y espacios para la negociación y acomodos entre los partidos al plantearse la dirección de tanto órgano autónomo propuesto. Es decir, parecen más un grupo de elefantes blancos que instancias de control a los gobernantes.

¿Qué se necesitaría? Lamentablemente las soluciones inmediatas y fáciles corresponden más al pensamiento mágico que al diseño institucional. Al respecto se ha planteado numerosas veces que una condición necesaria es comenzar por cambios a las reglas políticas que posibiliten el control de los ciudadanos al momento de premiar o castigar a gobernantes y legisladores. Si bien no hablamos de un tema estrictamente “económico”, posibilitará que se tomen soluciones más eficientes y con una proyección que trascienda las coyunturas.

Por lo tanto, aunque no hay propuestas cuyos efectos sean predecibles y no hay alguna que corresponda sólo a una categoría de la agenda pública. Por otra parte nuestros gobernantes no tienen incentivos para hablar claro sobre los temas, pues afectaría sus intereses. Sería conveniente que quienes tienen la capacidad de influir en la opinión pública realizásemos diagnósticos un poco más estructurados con el fin de plantear los problemas en su debida dimensión.

 

(1) Se puede leer el artículo aquí: http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=146&id_nota=853296.

(2) http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf.

(3) Se habló sobre el tema en este espacio aquí: http://www.sinembargo.mx/opinion/21-05-2012/7041.

Fernando Dworak
Licenciado en Ciencia política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestro en Estudios legislativos en la Universidad de Hull, Reino Unido. Es coordinador y coautor de El legislador a examen. El debate sobre la reelección legislativa en México (FCE, 2003) y coautor con Xiuh Tenorio de Modernidad Vs. Retraso. Rezago de una Asamblea Legislativa en una ciudad de vanguardia (Polithink / 2 Tipos Móviles). Ha dictado cátedra en diversas instituciones académicas nacionales. Desde 2009 es coordinador académico del Diplomado en Planeación y Operación Legislativa del ITAM.
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