En Morelos la presencia del cártel de los talamontes es una realidad, pero ninguna autoridad la quiere ver: son grupos que, al estilo de los gavilleros, talan bosques, trafican con maderas preciosas y, al mismo tiempo, se dedican al trasiego de drogas, secuestros, extorsiones, asalto carretero y despojo de tierras. También se ostentan como comuneros y despojan a las familias de sus propiedades a la mala. Ellos están presentes en varios municipios de esa entidad, al amparo de autoridades. Los desmanes de este grupo criminal explican por qué el estado de Morelos ocupa el primer lugar en secuestros, de acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional; con altos niveles de impunidad, la entidad que gobernó Cuauhtémoc Blanco –elogiado por el presidente Andrés López Obrador y calificado como el mejor Gobernador que ha tenido Morelos — también ocupa destacados lugares en el robo de vehículos y es uno de los territorios más violentos. El llamado cártel de Los Talamontes devastan bosques y comercian con maderas preciosas sin que nadie los frene. En Morelos sólo su ley se impone. Además, existe una red de alcaldes, entre ellos el de Huitzilac, Rafael Vargas, que de acuerdo con informes de inteligencia, forma parte de esta mafia.

Además del escándalo protagonizado hace dos años por el Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, tras difundirse una fotografía en la que aparece posando al lado de criminales, esa entidad ocupa el primer lugar en secuestros a nivel nacional. Y los talamontes –toda una mafia impune — ya son considerados un cártel más que lo mismo secuestra, asesina y extorsiona.

Hace tres meses,  la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó un operativo: en el municipio de Huitzilac –uno de los más violentos –aseguraron varios aserraderos clandestinos. La reacción de los criminales no tardó. Fue inmediata: Hubo quema de autobuses y de autos particulares. Metralleta en mano, presuntos delincuentes bajaban a la gente de sus coches y les aventaban una bomba para incendiarlos. Todo esto ocurrió en la autopista México-Cuernavaca, así como en la ruta federal. Las beligerantes reacciones del crimen siguieron en las vías que conducen a Acapulco, donde varios autobuses fueron quemados.

El Ejército y la Guardia Nacional tuvieron que intervenir por varias horas. En Topilejo, en la ciudad de México, la vía que conecta a la calzada de Tlalpan con las rutas que enlazan a Cuernavaca, la gente salió a protestar por la tala desmedida de árboles. “Se están acabando nuestros bosques” –gritaban –“por eso hay sequía y ya no llueve nuestras comunidades.

Y es que la mafia de los talamontes está muy bien protegida por los llamados narco-alcaldes de Morelos, que no son pocos. El presidente municipal de Huitzilac, por ejemplo, Rafael Vargas Muñoz, es señalado de estar implicado en una red de secuestro carretero, robo de autos, tráfico de maderas y presuntamente en el tráfico de drogas. En el negocio criminal la red la conforman taxistas de Tres Marías, policías municipales, empleados de gasolinerías, alcaldes, gestores de placas y permisos para automovilistas.

El secuestro carretero es uno de los delitos más frecuentes en Morelos, tanto en la autopista como en la carretera federal. Lo operan policías y criminales que tienen protección política. En Morelos al menos la mitad de los alcaldes son jefes de plaza de la delincuencia organizada. Y el Gobernador, Cuauhtémoc Blanco, según informes de la DEA, es una pieza del negocio: es el que brinda protección desde Palacio de Gobierno. 

De acuerdo con informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la mayor incidencia delictiva se concentra en siete municipios, aunque la expansión criminal se ha expandido a más de quince demarcaciones donde impera la ley del crimen organizado: Cuernavaca, Jiutepec. Cuautla, Temixco, Jojutla, Xochitepec y Yautepec, entre otros.

Tragedia en Huitzilac

En el municipio de Huitzilac –donde el Alcalde Rafael Vargas busca la reelección –han ocurrido decenas de asesinatos, secuestros en carreteras en los que piden rescates hasta de 200 mil pesos y cientos de extorsiones que implican al munícipe.

El sábado 11, por ejemplo, ocurrió una masacre. El reloj marcaba las ocho con quince minutos. En una fonda, varios comensales tomaban cerveza y degustaban de la comida del lugar. Llevaban varias horas conviviendo. Era un grupo, la mayoría conformado por jóvenes, que horas antes habían sostenido un partido de fútbol y decidieron ir al negocio a refrescarse y a contar los detalles del partido.

Cuando estaban cenando, una camioneta tipo tipo suburban se aproximó al lugar, situado en una céntrica calle de la cabecera municipal. Iba llena de gente armada. El vehículo se detuvo justo enfrente del negocio donde estaban conviviendo los jóvenes. El copiloto bajó el cristal y comenzó a disparar hacia los comensales. Era una metralleta que durante más de dos minutos no paró de escupir ráfagas. Ahí quedaron tiradas ocho personas que fallecieron al instante. Otro tanto están heridas pero en estado grave.

Ninguna autoridad intervino para detener a los maleantes, quienes arrancaron y se fueron. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué esa saña? Nadie hasta ahora lo ha podido explicar. Tanto la policía del municipio de Huitzilac como la Guardia Nacional arribaron a destiempo al negocio, pero oficialmente no se ha dado una explicación de las causas de esta masacre.

Una fuente consultada sostiene que se trataba de jóvenes que no tenían antecedentes penales ni estaban implicados en actividades ilegales. El grupo armado llegó a “matar por matar”, como a calentar la plaza. Podrían ser talamontes o narcotraficantes que no quieren que el Alcalde Rafael Vargas vuelva a gobernar el municipio. Es una guerra entre mafias, más que guerra política. Aquí está en disputa el negocio de las drogas, los autos robados, los secuestros, las extorsiones, el cobro de piso y el tráfico de maderas preciosas.

De acuerdo con la misma fuente, el pueblo se va a organizar y vamos a echar al Alcalde. No es posible que Huitzilac tenga este nivel de violencia y que nosotros como habitantes estemos en riesgo permanente. Si no pueden con el problema, que renuncien. Nosotros como pueblo nos haremos cargo de la seguridad, pero necesitamos armas y las vamos a comprar con dinero del municipio. El pueblo será vigilante de su pueblo. El Gobierno ya no sirve para nada mas que para coludirse con los maleantes.

Narco-alcaldes 

Durante el Gobierno de Graco Ramírez (2012-2018) se detectó que de los 36 municipios del estado por lo menos la mitad fueron gobernados por miembros del crimen organizado. En ese periodo gubernamental nada se hizo al respecto, por el contrario. De acuerdo con diversas denuncias –actualmente las investigaciones siguen en curso –el cártel de Los Rojos y su entonces líder, Santiago Mazari, “El Carrete” –recientemente sentenciado a veinte años de prisión –operó con absoluta libertad e impunidad, por ello se dijo que estaba protegido.

Los mismos informes de la Sedena establecen, además, que Morelos ocupa el quinto lugar en el robo de vehículos a nivel nacional, con una tendencia a la alza, así como en el robo de transporte de carga, un problema que se ha agudizado en todo el país.

La información oficial destaca, además, que la entidad que gobierna el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco ocupa el octavo lugar en cuanto a robo a casa habitación, el décimo sitio nacional en el delito de extorsión y el lugar número trece en la trata de personas. A todo esto ahora se suma el secuestro carretero, sobo de autos, tala clandestina de bosques y tráfico de maderas preciosas.

El estado de Morelos cuenta con 1.9 millones de habitantes distribuidos en 36 municipios. El narcotráfico también es un delito con una fuerte dinámica. Los más recientes decomisos de droga así lo establecen. Según la Sedena, se incautaron en los últimos tres meses 390 kilogramos de cocaína; fueron detenidas mil 374 personas por diversas actividades delictivas; se aseguraron 271 vehículos, dos aeronaves, 353 armas y nueve granadas.

Actualmente, en Morelos se han erigido nuevas organizaciones criminales: se trata del llamado cártel de los talamontes, grupos dedicados a la tala clandestina de bosques que, al mismo tiempo, responden a los intereses del crimen organizado y cuentan con protección de alcaldes y policías, piezas de los cárteles.

En diversas regiones de Morelos, este grupo criminal se han convertido en una verdadera amenaza: no sólo talan árboles y explotan la comercialización de las maderas preciosas, como caoba y cedro, sino que también están implicados en secuestros y tráfico de drogas.

El pasado 18 de marzo, por ejemplo, tres talamontes fueron secuestrados por comuneros de Topilejo, una demarcación que pertenece al municipio de Tlalpan, en la ciudad de México.

Como medida de protesta, cientos de personas tanto de los municipios de Tres Marías como de Huitzilac bloqueron por más de seis horas la circulación de la autopista México-Cuernavaca, en pleno puente; también impidieron el paso a vehículos en la carretera federal.

Los comuneros exigían la liberación de las personas privadas de su libertad. El secuestro, en un principio, se lo atribuyeron a miembros de la Guardia Nacional. Horas después, dos de las tres personas secuestradas aparecieron muertas en el pueblo de Parres, según dio a conocer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El tercer hombre plagiado fue  hospitalizado.

Y es que al parecer estos hombres enfrentaban un fuerte conflicto con el llamado cártel de los talamontes, el cual opera en todo el estado de Morelos, pero principalmente en las zonas boscosas, como Tres Marías, Huitzilac, entre otros municipios donde se comercializan maderas preciosas.

Desde hace varios años, en Morelos las autoridades han luchado contra los talamontes que insisten en derribar cientos de hectáreas de árboles, cuya madera venden al por mayor, generando jugosas ganancias.

Ante el nulo apoyo de las autoridades, habitantes de la comunidad de San Juan Atzingo, localizado en los límites de Morelos y el Estado de México, se cansaron. En días recientes tanto comuneros como ciudadanos decidieron tomar las armas para realizar recorridos tanto de día como de noche en la zona del bosque para localizar y detener a los talamontes.

La gente de San Juan Atzingo aseguró que la devastación de sus bosques es cada vez mayor, por lo que decidieron actuar.

El corredor biológico Chichináutzin es ahora escenario de persecuciones entre taladores ilegales y comuneros, quienes armados con pistolas cazan a los traficantes de madera o los corren con disparos al aire.

Hace unos días, los habitantes de Atzingo lograron que un grupo de talamontes abandonaran su camioneta repleta de madera. Ante el poder del llamado cártel de los talamontes, el Gobierno de Morelos se muestra impotente o es cómplice”, asegura una fuente consultada que solicitó el anonimato.

La guerra por el territorio

La guerra entre cuatro grupos criminales –Sinaloa, Cártel de Jalisco, Guerreros Unidos y Los Rojos –mantienen al estado de Morelos sumido en una crisis de seguridad sin precedentes.

Tanto de día como de noche las balaceras se presentan en la vía pública, bares, cantinas, centros nocturnos y hasta en los estacionamientos de las plazas comerciales el crimen organizado ajusta cuentas con sus rivales.

El año pasado, en la ciudad de Cuernavaca, fue ejecutado Moisés Brito, mejor conocido en el mundo del hampa como “El Balam”, a quien las autoridades tanto de Morelos como de Guerrero identificaron como jefe de sicarios del grupo delictivo “Guerreros Unidos”.

De igual forma, las autoridades pudieron confirmar que se trata del mismo personaje que estaría implicado en la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 por el crimen organizado. Por esos hechos, Brito tenía orden de aprehensión

La ejecución del sicario ocurrió en el estacionamiento de una tienda de conveniencia localizada en la avenida Diana, muy cerca de la autopista Cuernavaca-México. “El Balam”, según la recapitulación que hicieron las autoridades, arribó al lugar acompañado de una mujer. 

Ahí se encontraron con otras personas y una de ellas sacó una pistola y le disparó; su acompañante, quien quedó gravemente herida y fue llevada a un hospital cercano,  donde falleció. El Cuerpo del jefe de sicarios de “Guerreros Unidos” quedó tirado en el lugar de los hechos y fue levantado por las autoridades forenses.

De inmediato hubo intercambio de información entre las fiscalías de Guerrero y Morelos para cruzar información. Uriel Carmona Gándara, Fiscal General de Morelos, quien acudió a la escena del crimen, dijo que el hombre asesinado –Moisés Brito tenía una orden de aprehensión por que se le vinculó a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

Al revisar lo ocurrido dijo que “el presunto criminal murió como consecuencia de un ataque directo con pistola .9 milímetros; expuso que no se sabía si había sido un asalto o se trataba de una ejecución, pero expuso que ésta segunda hipótesis sería sobre la que trabajaría la Fiscalía a su cargo. Para corroborar lo ocurrido, la dependencia procedería a revisar los videos captados por el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C-5).

Por otra parte, a través de un comunicado de prensa el Gobierno de Morelos que encabeza Cuauhtémoc Blanco que al filo de las 22:00 horas el C-5 recibió un reporte de un tiroteo en una plaza comercial ubicada sobre la avenida Diana de la colonia Las Delicias.

El cártel Guerreros Unidos y Los Rojos están enfrentados por el control de la plaza de Morelos. A esta guerra se ha sumado el Cártel Jalisco Nueva Generación y una célula del grupo Sinaloa.

La guerra entre los cárteles “Los Rojos, “Guerreros Unidos” y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantienen a Morelos sumido en una crisis de violencia que ha trastocado la gobernabilidad del estado que Gobierno el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco.

Tanto de día como de noche, en Morelos se suscitan balaceras y masacres; el comercio de drogas está imparable y, por si fuera poco, los grupos criminales ajustan sus cuentas pendientes en todas partes. Además, cobran el llamado “derecho de piso”, secuestran, “levantan” a personas que, después, son asesinadas y enterradas en fosas clandestinas a pesar de que los familiares pagan el costo del rescate. La mafia no tiene límites en la tierra del revolucionario Emiliano Zapata.

El estado de Morelos, gobernado por el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, está convertido en un campo de batalla del crimen organizado.

La violencia que se enfrenta en esa entidad se debe, de acuerdo con las autoridades locales y federales, a la lucha que enfrentan las bandas criminales, las cuales están disputándose el control territorial.

Morelos se quedó sin control por parte del crimen organizado tras la captura, en el 2019, de Santiago Mazari, “El Carrete”, jefe del cártel de “Los Rojos”, quien operó el narcotráfico protegido por el anterior Gobierno, el que encabezó Graco Ramírez y quien entregó malas cuentas a su sucesor.

Mazari controlaba todo Morelos y buena parte de Guerrero, éste, territorio de “Guerreros Unidos y “Los Ardillos”, dos de los más temibles cárteles generadores de violencia en el país.

De las muertes registradas, el caso que más llamó la atención fue la muerte de tres galenos, cuando fueron asesinados a balazos por un comando armado que supuestamente los atacó para robarles un vehículo: un Mercedes Benz, así como otras pertenencias.

La triple ejecución ocurrió en la colonia La Presa, en el poblado de Tilzopotla, municipio de Puente de Ixtla, donde según las autoridades los médicos se detuvieron a consumir bebidas alcohólicas.

Los médicos no portaban batas ni ningún tipo de identificación que indicara su profesión. Dos de ellos, de acuerdo con los informes oficiales, laboraban en el Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras que el tercero ejercía de manera privada.

No fue todo: la tarde del lunes pasado cuatro jóvenes, entre otros tres menores de edad, fueron asesinados. Los hechos ocurrieron en la calle Benito Juárez, en el conocido barrio de San Juanito, en la demarcación de Yautepec.

Los muertos fueron Saúl (18 años), Jerson (17), Alan (17) y Fernando (16). Ellos se encontraban dentro de un vehículo, usado habitualmente para acudir a un tianguis en la colonia La Joya, donde venden ropa. Los atacantes huyeron en una camioneta color negro y una motocicleta verde.

Ese mismo día, en el municipio de Xochitepec, dos hermanos fueron asesinados a balazos a las afueras de una papelería ubicada en las calles Llamaradas y Capa de Oro, en la colonia Unidad Morelos. 

Ahí los jóvenes Omar y Carlos Alfredo Lagunas Reyes, de 22 y 25 años, respectivamente, fueron ejecutados por impacto de bala, según dio cuenta un jefe policiaco.

Disputa sin fin

El estado de Morelos es una de las entidades que, desde hace décadas, es asidero del crimen organizado. El estado es clave en la ruta del Pacífico, la que conecta con Guerrero y Michoacán y que permite el abastecimiento de droga en la Ciudad de México: la droga llega a Morelos y luego ingresa a la capital del país por el municipio de Xochimilco.

En la década de los ochenta y noventa, Morelos estuvo bajo el dominio de los cárteles de Guadalajara y de Juárez, entonces encabezados por Miguel Ángel Félix Gallardo y Pablo Acosta Villarreal, respectivamente.

Tiempo después, Pablo Acosta se suicidó cuando Guillermo González Calderoni, el policía del salinato, pretendió detenerlo. Félix Gallardo, por su parte, fue detenido en 1989. Fue el segundo golpe espectacular de Carlos Salinas. Antes había capturado a Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, el líder petrolero.

Así, el camino quedó abierto en Morelos y en la ruta del Pacífico para Rafael Aguilar Guajardo , quien asumió el control del Vártel de Juárez hasta 1993, pues en abril de ese año fue asesinado en Cancún, Quintana Roo. Tras su muerte, Amado Carrillo asumió el liderazgo del cártel y tomó el control de Morelos.

No sólo el estado le sirvió como plaza: también optó por quedarse a vivir en el estado, en el municipio de Tetecala, donde adquirió una finca cuya característica es una enorme barda, como de unos cinco metros de altura, que convirtió aquella fastuosa mansión en una verdadera fortaleza.

En la hacienda o finca Tetecala se ahogó una hija de Amado Carrillo –Amada Carrillo –quien cayó en una de las albercas que había en ese lugar.

Con Amado Carrillo llegó la plana mayor del Cártel de Juárez a Morelos: Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, Ignacio “Nacho Coronel”, Ismael “Mayo” Zambada y los hermanos Beltrán Leyva. Arturo Beltrán vivía en una zona residencial de Cuernavaca. Ahí murió en un tiroteo con efectivos de la marina. Vivía protegido, según se dijo, por altos mandos del Ejército.

Tras la muerte de Amado Carrillo, “El Azul” se afincó en Morelos. Era Gobernador el panista Sergio Estrada Cajigal. Se dijo que la hija de “El Azul” era novia del entonces Gobernador. Esparragoza tenía el control de la policía estatal y traficaba droga en las patrullas estatales y a través del aeropuerto del estado.

Ahora que Morelos vive una oleada de violencia sin tregua, el gobernador Cuauhtémoc Blanco se ha mostrado impotente, pues el estado ha mostrado incapacidad para hacer frente a los cárteles que se disputan el control de la entidad.

Cuando Graco Ramírez, el exgobernador del PRD, dejó el cargo, el estado estaba dividido. En Morelos hay 37 municipios y al menos 15 de ellos estaban gobernados por alcaldes ligados al narcotráfico, según aceptaron las propias autoridades estatales. Esta situación prevalece hasta la fecha. El narco está desatado y las autoridades sólo son meros espectadores de la violencia de alto impacto.

La penetración del crimen en la política morelense sigue tan vigente como impune. Sin embargo, las autoridades nada hacen para desmantelar este andamiaje entre políticos y criminales. En Morelos se ha preferido gobernar con el crimen.

Y pese a las promesas políticas, el crimen toma mayores controles territoriales, como ocurre como el impune cártel de los talamontes.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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