A la memoria de Ludolfo Paramio, de quien tanto aprendí.

La semana pasada me referí a los fracasos de la transición. El tono de mi artículo provocó reclamos entre amigos cercanos involucrados a fondo en que el régimen democrático funcionara y se arraigara. Alguno me afeó que no hablara de los logros, a otros no les gustó mi reconcomio, que consideran anticipado, por el final del régimen surgido del pacto de 1996.

Sobre lo segundo, creo que el modelo de democracia surgido del acuerdo institucional de finales del siglo pasado no sólo ya no es sostenible, sino que ha sido deformado a tal grado que ha dejado de existir. Tal vez lo básico: cierta separación formal entre poderes, una representación amplia de la pluralidad nacional y un sistema electoral funcional todavía resista, pero sufrirá reformas legales y nombramientos unipersonales que lo harán mera fachada una nueva versión de la ficción aceptada, donde el poder concentrado guarda mera apariencia de control legal, como durante el Porfiriato o el régimen del PRI.

Sin embargo, la primera crítica sí es pertinente. Creo que para resistir la andanada destructiva es indispensable repasar los avances enormes para la convivencia de una sociedad plural y diversa logrados por la democratización. México ha sido, a pesar del aumento de la violencia generada por la lucha por el control de los mercados ilegales, un país que ha resuelto sus desavenencias políticas en paz y donde han avanzado los derechos formales de las personas. Además, hubo reformas muy relevantes para ir hacia una economía más eficiente y competitiva, con regulación de los monopolios, apertura a la inversión en sectores estratégicos para la competitividad del país, mayor control judicial sobre las decisiones arbitrarias de la política y las bases para mejorar la calidad de la educación, con base en la evaluación de resultados del sistema.

En el ámbito de la política, el espacio clave de la democracia, los cambios fueron colosales respecto al antiguo régimen. La pluralidad de la representación política durante las últimas años tres décadas, producto menos de la competencia abierta de propuestas más o menos diferenciadas que de la amplitud del personal político del país en busca de captura de una parcela presupuestal y de un trozo de capacidad de coacción legal, sí ha servido para que la ciudadanía saque del Gobierno y de la representación a los que lo hacen mal. Por otro lado, la posibilidad de reelección ha permitido que sean premiadas las buenas gestiones y la cercanía con la población. 

El sistema democrático ha dado resultados muy dispares. Primero generó gobiernos divididos, con ejecutivos acotados, y una gran pluralidad en los gobiernos estatales, repartidos entre los tres partidos centrales del pacto de 1996. Sin embargo, con base en el mismo arreglo y con la ayuda de mañas interpretativas de la Ley que originalmente beneficiaron marginalmente a los ahora derrotados, a partir de 2018 se ha generado una sobrerrepresentación de la coalición mayoritaria, al grado de que ahora está a punto de tener la mayoría calificad en las dos cámaras del Congreso, cosa que no ocurría desde 1988, todavía en los tiempos del sistema electoral controlado por la Secretaría de Gobernación. 

Ese sólo hecho debería provocar la aceptación de las reglas del juego por el jugador dominante. Sin embargo, la concentración parece avocada a servir de instrumento para la restauración legal de la autocracia y no para que un Gobierno pueda impulsar legalmente su programa de Gobierno. Prácticamente todas las reformas constitucionales y legales de los últimos seis años han ido desmantelando las reformas al Estado producidas por el régimen del 96 a pesar de que muchas de ellas habían sido avances incrementales en la construcción de un orden apegado al orden jurídico, menos arbitrario y con una protección mayor tanto de los derechos sociales como de los derechos de propiedad. Las anunciadas simplemente regresaría al país al arreglo institucional de 1961.

El Estado de la época del régimen del PRI usaba su control territorial y su capacidad de establecer las reglas del juego, aplicarlas y negociar su desobediencia para proteger a intereses económicos estrechos, los empresarios monopolistas que apostaron por el mercado interno cerrado, sin competencia exterior. Usó el control corporativo de los monopolios sindicales para garantizar bajos salarios y nula movilización laboral a sus aliados económicos. A los campesinos los atenazaba con la manipulación política del crédito y de la compra de cosechas, gracias a que carecían de derechos de propiedad auténticos, pues no tenían más que la tenencia de unas tierras de las cuales era propietaria originaria la Nación, la cual se las concedía para que tuvieran una manera precaria de subsistencia a cambio de sumisión política.

Los resultados sociales y económicos de ese régimen fueron inicuos. Un grupo muy estrecho de empresarios se hizo muy rico, mientras la mitad de la población se mantuvo en la pobreza, con una parte muy importante en la extrema pobreza. Aunque hubo un despliegue educativo colosal, la calidad pronto decayó y no formó en las competencias necesarias para atraer más inversión que requirieran personal altamente calificado. Uno de los problemas serios del régimen de la transición es que tardó mucho en terminar de desmantelar los instrumentos que protegían a los monopolios estratégicos del mercado interno, aun cuando se abrió la competencia en las manufacturas. Tampoco desmanteló la legislación corporativa y mantuvo cerrado el espacio para el desarrollo de nuevas formas de organización sindical y gremial.

Las reformas del Pacto por México, la mayoría de ellas bien encaminadas, fueron tardías y pronto fueron deslegitimadas por la ruptura de López Obrador con el PRD, desde un principio decidido a frenar el rumbo que estaba tomando el cambio, con el argumento de que se trataba de un proyecto neoliberal, lo cual lo descalificaba. Rápidamente logró atraer a un sector importante de los intermediarios políticos tradicionales, los negociadores de la aquiescencia de las clientelas más desprotegidas, amenazados por la mejora de las reglas de operación de los programas sociales. Después logró atraer el apoyo de los intereses económicos monopólicos y oligopólicos gracias a su andanada contra los órganos autónomos que podrían revertir sus privilegios. Los avances institucionales del régimen de la transición apenas dando frutos cuando el actual Gobierno los comenzó a talar. Ahora quiere culminar arrancando los raigones restantes. A ver qué queda.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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