Ocho han sido las propuestas realizadas en los últimos 18 años en cinco Legislaturas –tres del PAN, dos del PRD, dos del PRI y una de Convergencia–. En estos tiempos democráticos modernos y con las coaliciones electorales a todo lo que da podemos esgrimir que seis propuestas son del grupo parlamentario no priista y sólo dos de ellas son creaciones del PRI –casuales, ya que la primera se realizó en 2001 por el entonces Diputado Ortiz Arana justo un año después de que se perdiera la hegemonía del tricolor en el país, y la segunda planteada por el entonces Diputado Monarrez Rincón meses después del catastrófico Proceso Electoral del 2006 en donde el PRI sólo fungió como un espectador más en esa elección–. Así las cosas, también debemos señalar que por costumbre democrática el Legislativo ha mantenido una mayoría diferente al partido gobernante al menos en este último siglo.
De las ocho propuestas legislativas para la adopción de una segunda vuelta electoral, seis han quedado en el tintero de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y sólo las dos últimas realizadas por el Diputado Doval (PAN) y el ex Presidente Felipe Calderón (PAN) después de casi un año, se encuentran PENDIENTES. Vaya descaro legislativo, por citar como ejemplo del rezago legislativo que vivimos, la Comisión de Puntos Constitucionales sólo ha aprobado 16 iniciativas de 154, mientras que 134 se encuentran pendientes de discusión al seno de la comisión y en éstas precisamente se encuentran las referentes a la Segunda vuelta electoral.
Entre las propuestas que han presentado y que están en análisis legislativo está la presentada por el Poder Ejecutivo para remozar nuestra estructura institucional. Quizá la más sustantiva, proponiendo adoptar la fórmula de mayoría absoluta con segunda vuelta para la elección presidencial y a la vez, integrar la elección del Poder Legislativo en coincidencia con la segunda votación. Definitivamente un sueño guajiro para los partidos con intereses perversos, ya que empatar las elecciones del legislativo con la segunda vuelta electoral permitiría quizá, un gobierno con mayoría congresal, algo que sólo se puede pensar e imaginar en los tiempos del PRIato.
En la experiencia latinoamericana de 30 años hasta el día de hoy, la gran mayoría de países de la región han adoptado este sistema de doble vuelta. Sólo México, Panamá, Honduras, Paraguay y Venezuela resisten a su implantación.
Para evaluar la conveniencia sobre el cambio institucional, debemos analizar el tipo de resultados que aporta cada sistema de votación. Dos características deseables son que genere un ganador con una base amplia de apoyo popular y con un margen claro respecto de sus competidores, lo cual depende no sólo de la distribución de preferencias entre los votantes, sino del propio mecanismo electoral utilizado.
Un ejemplo claro es la elección de 2006, cuando Felipe Calderón obtuvo poco más de la tercera parte de los votos (35.9%) con un margen de victoria de apenas 0.58 puntos porcentuales. Debemos considerar que en 2006 el 64% de los mexicanos no comulgó con el ganador de las elecciones Felipe Calderón (PAN), y que en 2012 el 62% de los mexicanos no comulgó con el triunfo de Enrique Peña Nieto (PRI), por lo tanto debemos plantearnos seriamente que estamos siendo representados por alguien que no ha elegido el grueso de la población, no así la mayoría del sistema electoral actual, y al más puro estilo cantinflesco “ahí está el detalle chato”.
Considero que las fórmulas de segunda vuelta son una solución para evitar presidentes con bajo respaldo, legitimados de cierta forma. Este mecanismo tiende aclarar el triunfo del primer lugar y, sobre todo, que un buen número de resultados estrechos se deben al uso de la fórmula de mayoría relativa en contextos en los que existen tres o más fuerzas políticas relevantes y que puede favorecer la aceptación de los resultados y reducir el riesgo de conflictos post‑electorales. Los presidentes electos en una segunda vuelta triunfan, en promedio, con una franca mayoría de 58% de los votos.
Si tenemos un ganador por mayoría relativa que, paradójicamente, sería derrotado si se le confrontara en una contienda cara a cara contra cualquier otro, resulta algo dañino e insatisfactorio que se traduce en desintegración del tejido democrático y falta de gobernabilidad que conduce a otros efectos indeseables electoralmente hablando.
Por tanto, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿Debe la maquinaria electoral permitir el triunfo de un candidato con el que la mayoría en números absolutos no comulga?, ¿Hasta cuándo el Poder Legislativo seguirá trabajando en pro de sus intereses y no de los ciudadanos?, ¿Cuántas iniciativas más deberemos ver pasar sin que fructifiquen motivadas por el desinterés legislativo y el miedo a recomponer las cosas en el país a pesar de los costos que generará a los partidos en el poder? Carajo hasta cuando… Nos vemos la próxima semana.
