El pasado 29 de abril, el Senado avaló la nueva Ley de la FGR, la cual ha sido criticada por activistas y ONG’s.
Ciudad de México, 20 de mayo (SinEmbargo).- Este jueves, el Gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual ha sido criticada por activistas y ONG’s por reducir las responsabilidades del organismo en cuanto a la búsqueda de desaparecidos.
De acuerdo con el documento, la FGR tendrá la obligación de ejercer su facultad de atracción cuando se traten de casos de desaparición con “gran relevancia social” o “violación grave de los derechos humanos” que no estén debidamente analizados por las fiscalías estatales en los supuestos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y las leyes aplicables. Esta facultad podrá ser solicitada por la víctima.
Asimismo, la estructura de la Fiscalía General estará sujeta a la autoridad jerárquica del Fiscal General, quien ejercerá ésta sobre el personal de las fiscalías, unidades y áreas que la integran, y garantizará la independencia y autonomía de las funciones del Ministerio Público.
En la investigación de los hechos que puedan ser constitutivos de delitos de su competencia, el Ministerio Público de la Federación se auxiliará de las policías, incluyendo la Guardia Nacional y las instituciones de seguridad pública del fuero federal o común, así como de las personas investigadoras, entre otros.
Además, el dictamen indica que se dará mayor participación a los familiares de las víctimas, ya que podrán tener acceso a los registros, así como copia gratuita de los mismos en forma física solicitadas con relación a los casos, para facilitar su conocimiento y de legales aplicables participación en los mismos, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El pasado 29 de abril, con 109 votos a favor, nueve en contra y una abstención, los senadores avalaron la nueva Ley de la FGR que fue aprobada por la Cámara de Diputados y que debía ser promulgada por el Ejecutivo.
La nueva ley fue aprobada apenas dos años después de que el Congreso creara la Fiscalía General de la República como un órgano independiente del Gobierno.
El texto inicial, propuesto por el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, provocó el rechazo de activistas y Organizaciones no gubernamentales, pues buscaba sacar a la Fiscalía de los diferentes organismos públicos de protección de derechos humanos para darle mayor autonomía.
Finalmente, el Congreso decidió mantener el Ministerio Público dentro del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, pero activistas denuncian que se redujeron sus competencias.
El texto aprobado establece que la Fiscalía deberá garantizar “los derechos de las víctimas”, brindarles “protección”, tomar “en consideración” las propuestas de investigación que planteen y darles acceso a registros.
No obstante, la Fiscalía General sólo atraerá casos de desaparición con “gran relevancia social” o “violación grave de los derechos humanos”, dejando la investigación en manos de los Ministerios Públicos estatales, muchas veces sobrepasados o corrompidos, denuncian familiares de las víctimas.
