La Mesa de Seguridad declaró la semana pasada, en rueda de prensa, que Juárez ya es una ciudad habitable, con datos e historias de ciudadanos que lo demuestran.
Siete meses sin un secuestro reportado por la autoridad o la ciudadanía contra días que registraban 10 sucesos; desde enero hasta abril de 2014 el promedio de homicidios por mes se mantiene en 29.5 cuando a lo largo del 2010 la cifra mensual superó los 252 casos. Sólo tenemos noticia de dos bandas de extorsionadores (una ya desmembrada) mientras que antes llegó a existir una “súperbanda”, con ingresos de hasta 100 mil dólares y otras 50 agrupaciones pequeñas.
Los robos de vehículos y asaltos a negocios cayeron por debajo del 10 por ciento registrado en los días de la ultraviolencia. Podemos decir con orgullo que Juárez tiene tendencias estables en materia de seguridad y ahora los delincuentes comunes se dedican al “robo a casa habitación sola”.
Por otro lado, la inequidad en Juárez se mantiene. Veinte familias son dueñas de la ciudad (unos mil negociantes, algunos que ganan más de 100 mil dólares semanalmente), mientras que 200 mil apenas ganan un dólar la hora.
Volvamos al tema de seguridad. Un combinado de la Mesa de Seguridad y Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana (dirigida por Roberto Campa Cifrián) presentó el “Modelo Juárez” como sistema para recuperar la paz en México, idea concebida por Javier Solórzano y Alejandra Cullen. Aunque el modelo no fue lo único que trajo la estabilidad a Juárez, sin duda ayudó a respirar tranquilamente otra vez.
Como dijo Sócrates, hay quienes por circunstancias de modo tiempo y lugar nos toca “cumplir nuestra misión para la cual fuimos designados o la escogimos por nosotros mismos, dejando de lado cualquier consideración sobre posibles daños incluso cosas baladíes como la vida y la muerte o abandonamos el puesto y nos vamos a vivir a la sombra de los barcos para esconder nuestra vergüenza”. En términos fronterizos, y con el riesgo que ello implica, ¿qué barrio?.
En un artículo periodístico es muy difícil contar todo lo que pasamos, propusimos, fracasamos y conseguimos a lo largo de cinco años de actividad diaria, además de que ya hay mucho publicado al respecto. Sólo quiero tratar de exponer de manera sistemática cómo se logró establecer una relación cercana y funcional entre la ciudadanía y la autoridad.
Los ingredientes
La Mesa de Seguridad se creó como un mecanismo para desarrollar la coordinación cotidiana entre los tres niveles de Gobierno y la sociedad juarense para la búsqueda de paz.
La Ley. Como en México la única ley vigente es la de gravedad (todo cae desde arriba y rumbo al centro de la Tierra), el “Modelo Juárez” nace de una serie de decisiones tomadas por el ahora ex presidente Felipe Calderón que debían ser acatadas por todos los funcionarios, federales, estatales y municipales. Sin la voluntad presidencial, no hubiera existido el modelo ni hubiéramos podido hacer lo que hicimos. Seguramente seguiríamos como Tamaulipas o Guerrero que desde antes y hasta la fecha sufren de la ultraviolencia.
La participación valiente y temeraria de reporteros y fotógrafos de la fuente policiaca, ellos son verdaderos héroes civiles y debemos reconocerlos como tales. Constituyeron una especie de banda de buscadores de la noticia como tesoro envuelto en cobijas ensangrentadas y, en una práctica ejemplar de solidaridad gremial, la hacían llegar a todos los medios, juarenses y paseños, nacionales e internacionales, de manera que ningún dueño de periódico o noticiero de radio o televisión podía cerrar los ojos a lo que realmente sucedía.
Otro elemento primordial fue un grupo de juarenses convencidos de que la única manera de conseguir su propia paz y seguridad era obtenerla de manera colectiva; estoy seguro que en todas las grandes ciudades hay personas con ese nivel de compromiso. En cinco años de convivencia diaria con la autoridad, los miembros del núcleo duro de la mesa de seguridad no hicieron negocio personal alguno ni ganaron un solo dólar con su participación ahí. Los gastos operativos del sector ciudadano eran costeados por otro sector, de muy bajo perfil y que actuaba colateralmente a los activos, que a su vez sacaban de sus propios bolsillos o de alguna fundación amiga los recursos necesarios. El manejo del dinero siempre fue transparente en los niveles de discreción necesaria para los financiadores, en su mayoría medianos empresarios.
La estrategia fue clara y precisa: terminar con la ultraviolencia y respetar al máximo posible los derechos humanos, dejando en segundo plano el combate al narcotráfico. Esto suena extraño y casi como una apostasía viniendo de un derechohumanista pero deben entender que describo los hechos, no cuento mis fantasías. Siempre fuimos exigentes del pleno respeto a los derechos humanos pero la autoridad sólo cumplía según su rango de entendimiento y nuestra fuerza de presión. Para nosotros rescatar con vida a un torturado valía más que denunciar un caso de desaparición forzada con ejecución extrajudicial, aunque esto último nos diera buena prensa.
La confianza entre los actores, que se logra con la mutua comprensión y la tolerancia a los diferentes. Si un funcionario no merecía nuestra confianza por razones comprobadas, presionábamos ante el presidente de la Republica o Margarita Zavala, la primera dama, hasta que lo cambiaran. Desafortunadamente, la muerte violenta fue responsable de cambiar a algunos funcionarios valerosos.
Los mecanismos
Después de los primeros meses y cuando las reglas de la convivencia fueron comprendidas y aceptadas por todos, empezaron a funcionar los siguientes mecanismos que logré identificar.
Un sistema de información constante e informes compartidos mensualmente y de manera puntual, además de una adecuada clasificación de lo confidencial y lo público, que era presentado a la sociedad.
Evaluaciones y mediciones de desempeño del cumplimiento interno y externo de las metas y objetivos de la Mesa de Seguridad, realizadas cada mes en reuniones plenarias. Además llevamos a cabo mesas temáticas donde nos reuníamos con el Ejército, la PGR y las fiscalías.
Debo reconocer que, en la medición de violaciones a los Derechos Humanos realizadas por el Ejército, obtuvimos los mejores resultados durante la dirección del general Zárate. En 2008 no pudimos documentar sistemáticamente todos los abusos del Ejército por razones de incompetencia de la CNDH. En 2009 documentamos mil 250 casos, que bajamos a 146 en 2010 y, posteriormente, a sólo cinco anuales durante 2011,2012 y 2013. Otra vez fue la ley de Newton: Una “orden escrita” del general Galván (secretario de la Sedena), ratificada e implementada por el general Zárate, sancionaba a quién se viera involucrado en alguna violación a los Derechos Humanos.
En Juárez, la Sedena reconoció la jurisdicción civil para enjuiciar casos de militares mucho antes de las reformas a la ley; se ha procesado a 45 militares por tres homicidios ante los juzgados de Distrito, gracias a la persistencia de una derechohumanista actualmente asilada en Estados Unidos, Cipriana Jurado.
La creación de mecanismos consultivos y de participación fue también esencial. La participación es fundamental en la rendición de cuentas, desde escuchar al sector crítico de la sociedad hasta diferentes ejercicios para tomar información directamente de la comunidad.
Finalmente, la autorregulación materializada en procedimientos de buena voluntad y todavía muy consuetudinarios. Mediante minutas de las sesiones, establecimos guías para la buena práctica porque en el país la legislación sobre participación ciudadana está en pañales. Nosotros íbamos como cincuenta años adelante de los diputados.
Lo que nos falta por desarrollar
Mecanismos de auditoría social. La participación en Juárez fue demasiado limitada en número para que todos los sectores sociales establecieran esos mecanismos, incluso sobre las actividades en la Mesa de Seguridad. Tampoco establecimos evaluaciones ni prácticas participativas o estándares de autorregulación.
Además, faltó la información y el acceso a ella para la población civil. Nosotros éramos privilegiados pero no hay un sistema de transparencia o rendición de cuentas. Los flujos de información son los puentes que vinculan a los distintos actores sociales.
Nos faltan muchos mecanismos para tener un verdadero sistema de rendición de cuentas, pero como dijo Galileo: Sin embargo, se mueve.
Lo anterior es lo más cercano a las propuestas hechas por Héctor San Martín Inzunza, académico de la universidad chilena del Bío-Bío, en su trabajo “Accountability y transparencia en la gestión pública: una propuesta”.
