Más allá de afectos y desafectos, el problema entre Carmen Aristegui y MVS es una radiografía ampliada de un modelo en crisis. Esto es, casos como éste pueden repetirse todos los días en todos los rincones del país, pero cuando se trata de una conductora del prestigio y audiencia de Aristegui, de una empresa del tamaño y éxito de MVS y en un contexto donde el que la conductora encabezó la investigación que tiene el jaque a la Presidencia de la República, las contradicciones y fisuras del modelo se hacen evidentes.
Quienes defienden la autoridad de la empresa para decidir los contenidos de sus noticieros, algo que en una lógica de libre mercado es absolutamente obvio, olvidan en pequeño detalle, y es que es espectro radiofónico y de televisión es propiedad de la nación y que se explota comercialmente a través de concesiones. A diferencia de lo que sucede con un periódico o una revista en la que el usuario paga por los servicios, y puede decidir comprar o no el periódico del día, o incluso con las canales radio y televisión por cable que son de paga, los canales abiertos explotan un bien público. Nuestro modelo nunca desarrolló, como en otros países, la radio y televisión de Estado (hay radio y televisión gubernamental, de una calidad de mala para abajo) entre otras cosas porque la clase política se benefició de la radio y televisión comercial. La pregunta es entonces dónde queda el derecho de las audiencia, supuesta propietaria del espectro radiofónico, en un conflicto entre una empresa y su equipo de periodistas.
El segundo tema tiene que ver con la forma en que los periodistas hemos enfrentado las sucesivas crisis. Este no es el primer caso, y por supuesto no será el último, en que decisiones de tipo editorial generan conflictos con los propietarios de cadenas de radio y televisión porque se afectan intereses de la empresa (en el caso Aristegui la firma del convenio con Mexicoleaks es la excusa, no la causa de la ruptura). El start system de la radio, que consiste en tener conductores muy bien pagados y pocos y mal remunerados periodistas, ha generado, paradójicamente, que el costo de las rupturas sea relativamente barato para las empresas, pues se vuelve un asunto personal y no gremial, se maneja como un asunto contractual y no de derecho a la información.
En el modelo económico de los medios electrónicos es el gobierno en turno (no el Estado, mucho menos la audiencia) a través estable la relación económica con las empresas, quien decide los límites de las libertades. Por eso el de Aristegui, al igual que el de decenas de periodistas desconocidos en todo el país, sí es un caso de libertad de expresión.
