Ciudad de México/Ginebra, 20 de marzo (SinEmbargo/Agencias).– El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto rechazó abrogar la polémica “ley de arraigo”  (detención cautelar durante la búsqueda de pruebas de un delito), de acuerdo con un documento presentado por la Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra que cita: “El Estado mexicano ha tomado nota de las observaciones relacionadas con el uso del arraigo”.

En la jerga diplomática, eso significa que rechazó la solicitud. Esto sucedió en Ginebra.

En México, momentos después de que las agencias internacionales dieran a conocer, esta mañana, el rechazo de México, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, publicó en su cuenta de Twitter (@osorichong):  “El @GobRep presentó ante el Consejo de #DDHH de @UN el informe sobre recomendaciones del Mecanismo de Examen Periódico Universal #EPUMéxico”.

Y agregó: “Reitero el compromiso del @GobRep con avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

En los hechos, México se ha negado a cumplir la recomendaciones de Alemania, Austria y Belgica de abolir esa práctica, que además es rechazada por organismos internacionales porque representa una violación a los derechos de los individuos. El arraigo no es una práctica común entre las naciones democráticas.

El año pasado, durante el Examen Periódico Universal sobre derechos humanos al que todos los Estados miembros de la ONU están obligados a someterse cada cuatro años, la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México, Lía Limón García, afirmó que las medidas de “arraigo” en 2013 se redujeron en un 50% respecto a años anteriores.

México aceptó 166 recomendaciones de 176. Entre ellas se sugirió apoyar a “los que sufren algún tipo de discriminación por su condición de género, raza, religión o preferencia sexual” así como acatar “las relativas a educación, derechos sexuales y reproductivos, erradicación de la pobreza, seguridad pública, inclusión social, disminución de las desigualdades, combate a la impunidad y a los estereotipos de género”.

Hoy se dio a conocer que México aceptó, en este 2014, 166 recomendaciones; presentó aclaraciones sobre dos y “tomó nota” de las ocho restantes. En nombre de México asistieron el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan José Gómez Robledo, y la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García.

Al tomar la palabra ante el pleno, el embajador Gómez Robledo señaló que “de manera consistente con el compromiso de mi país con los derechos humanos, se llevó a cabo un análisis objetivo y responsable de cada una de las recomendaciones”.

En el marco de un grupo de trabajo “que incluyó a 37 dependencias e instituciones de la Administración Pública Federal, los Poderes Legislativo y Judicial, la Conferencia Nacional de Gobernadores y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia”.

“La información generada a través de este mecanismo nos permitió definir la postura de México frente a las recomendaciones e identificar acciones concretas que las distintas instituciones deben llevar a cabo para su implementación”, señaló.

“Nuestro objetivo es mantener este marco de trabajo interinstitucional para avanzar en el cumplimiento de éstas y otras recomendaciones de las que ha sido objeto el Estado mexicano”, destacó.

EXÁMENES REPROBADOS

La semana pasada, durante el informe de actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Jefe del Ejecutivo federal presumió una disminución de denuncias en la materia y advirtió que no se puede caer en triunfalismos. Sin embargo, los hechos dicen lo contrario: México ha reprobado todos los exámenes recientes que se le han hecho sobre el quebranto de los derechos humanos.

Apenas en febrero, Amnistía Internacional (AI) reclamó al Presidente que México aún enfrenta serios retos en relación al Estado de Derecho y al respeto a los derechos humanos. La organización planteó que los reportes sobre abusos de derechos humanos cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad, incluyendo desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias continúan y la impunidad –en todos estos crímenes– sigue siendo la norma.

También el Examen Periódico Universal de la ONU se destaca la violencia en contra de las mujeres, la pobreza, el acceso a la alimentación, los ataques a defensores y periodistas y la eliminación de la figura del arraigo.

Aunque para Amnistía es positivo que el gobierno mexicano haya anunciado que aceptará la mayoría de las recomendaciones, “hay indicios preocupantes de que esto sólo represente que todo sigue igual y su cumplimiento sea sólo retórico”. Por lo que instó al gobierno de Peña Nieto traducir en “medidas concretas y eficaces” las promesas que hará hoy al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, si quiere abordar la grave situación de los derechos humanos en el país.

La organización recordó que en la última comparecencia ante el órgano, en 2009, México dijo que implementaría la mayoría de las recomendaciones. “Sin embargo, no tomó medidas en muchas áreas para prevenir la crisis de derechos humanos, que continúa hasta la fecha”.

Aunado a las recomendaciones sin cumplir, el tema de la impunidad es otro aspecto constante en las denuncias de las organizaciones que defienden los derechos humanos no sólo en México sino en el mundo.

“La experiencia cotidiana de las familias de los desaparecidos y de las víctimas de la tortura, los homicidios y la violencia no ha cambiado. Para ellas las promesas del gobierno parecen vacías e ineficaces; la impunidad impera”, dijo el secretario general de AI, Salil Shetty, quien visitó México en febrero pasado.

MÉXICO REPROBADO

El país no ha aprobado ninguno de los exámenes en derechos humanos: el de la ONU, los reportes de Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), el de Artículo 19 y los de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), que agrupa otras organizaciones.

El de AI, de 2013, expuso ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y tortura cometidos a manos de las fuerzas de seguridad y de la policía; un sombrío panorama en el que apenas 10 por ciento de las siete mil denuncias oficiales contra autoridades ha sido investigado.

El de HRW centró sus focos en la resaca de la lucha contra grupos del crimen organizado. Incluye, en ese marco, ejecuciones, desapariciones y torturas, y también la falta de investigación adecuada.

Por su parte, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) documentó el asesinato de cinco defensoras de derechos humanos, lo que suma el registro de 30 asesinatos de defensoras de 2010 a 2013.

De acuerdo con el registro nacional de la RNDDHM, en 2013 –al igual que en 2012– las defensoras con el mayor número de agresiones fueron quienes defienden los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas y quienes defienden el derecho a la información y a la libertad de expresión.

En todos ellos, planteó, “prevalece una total impunidad, acompañada de la ausencia de diseño e implementación de medidas de protección con perspectiva de género y etnicidad”.

RNDDHM pidió al gobierno mexicano fortalecer y aplicar de manera inmediata a todos los niveles el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Sobre la libertad de expresión, Artículo 19 expuso en su más reciente informe que 2013 fue el año más violento para la prensa en México. De acuerdo con el documento “Disentir en Silencio: violencia contra la prensa y criminalización de la protesta”, cada 26.5 horas se agrede a un comunicador en el país.