En efecto, nadie le ha podido probar ninguna acusación formal al diputado panista Luis Alberto Villarreal sobre la ilegal conducta de volver comisionables las asignaciones de partidas del presupuesto federal a alcaldes y diputados.

Resulta una asignatura particularmente difícil: en realidad a ninguno de los actores involucrados les interesa arrojar luz sobre el tema.

En la Cámara de Diputados la conducta parece regular desde hace muchas legislaturas. La entrega de parcelas del presupuesto de inversión federal, que resultan ínfimas en el contexto de un gasto millonario, se convirtió en la herramienta para lograr los votos necesarios para aprobar el paquete fiscal.

La existencia de legislaturas divididas, sin mayorías claras, obligó a ese procedimiento. Con ello vivieron los presidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón e, incluso, muchos de los funcionarios de la estructura hacendaria de los dos sexenios anteriores se mantienen en sus cargos por lo que conocen bien el mecanismo que siguen aplicando.

El procedimiento pasó de pedirles a los diputados sus propuestas de obras para incluirlas en los programas de inversión, a otorgar fondos discrecionales a los coordinadores parlamentarios para fortalecer sus capacidades negociadoras.

El gran invento de la actual legislatura es convertir el manejo de ese presupuesto en una especie de franquicia multinivel donde se van desgranando las comisiones desde la punta de la pirámide en que se convierte el coordinador parlamentario, pasando por los diputados leales y llegando a los ejecutivos municipales y estatales.

Se trata, por dónde se le vea, de una institucionalización de la corrupción, de la prebenda y del patrimonialismo como no se vio, ni siquiera en los tiempos más negros del priismo.

Hoy nos encontramos con que la aportación empresarial del PAN a la picaresca política mexicana ha sido la de una reingeniería de la corrupción dotada de mejora continua y espíritu gerencial.

En materia de corrupción pública, hemos pasado de Los Agachados de Rius a Nosotros los Nobles, de Gary Alazraki. Tenemos una expoliación del dinero público más eficiente y dotada de cuello blanco, pero igual de dañina.

Por supuesto, a ninguno de los restantes jefes parlamentarios del Congreso, integrantes de su Junta de Coordinación Política, les interesa arrojar luces sobre el tema de los “moches”. Es más que probable que la mayor parte de ellos hagan lo mismo, de una u otra manera, por las mismas o por otras razones, con más o menos sapiencia gerencial.

Al diputado Manlio Fabio Beltrones le interesa mucho menos que a cualquiera investigar la conducta de Villarreal. Le ha resultado el opositor más cómodo, probablemente, de toda su historia política. Un adversario que antepone el beneficio económico a posturas ideológicas, siempre ha sido el mejor aliado.

Beltrones probablemente no sea el inventor de la frase “en política lo que tiene precio es barato”, sin embargo no hay duda de que ha sido uno de sus mejores aplicadores.

En esa tesitura, Manlio Fabio Beltrones y Luis Alberto Villarreal no son contrincantes políticos, no son interlocutores parlamentarios, ni siquiera son colegas. Simplemente, son socios de despacho.

Por supuesto, a Gustavo Madero sería el último que pudiera importarle iniciar una investigación a su jefe legislativo en San Lázaro. ¿Porqué iba a ser, si a eso lo mandó?

Ya desde el tema del tráfico de permisos para casinos al borde de la legalidad, Madero y Villarreal habían medrado juntos, durante el gobierno calderonista. Las pruebas y los indicios al respecto han sido ampliamente abordados en diversos momentos por la prensa del país.

Sabedor de las capacidades de Villarreal como agente de corrupción, una fama que lo ha acompañado desde sus primeros cargos públicos, Madero envió a Villarreal al Congreso como el responsable de una franquicia.

Por supuesto, los menos dispuestos a dar testimonio sobre el cobro de comisiones por asignaciones presupuestales son los beneficiarios de las mismas, los alcaldes y gobernadores que viven con presupuestos ajustados y necesidades crecientes y a quienes los recursos extraordinarios de estas partidas les vienen como auténticas tablas de salvación.

Funcionarios honestos o corruptos, estos políticos han decidido entrar al juego porque no hay de otra. En unos casos, los dineros les sirven para paliar necesidades de sus comunidades, aún después de haber aceptado la venalidad de la rebaja; en el segundo caso, aún después del descuento, les queda la posibilidad de sacar raja personal, otra más, de estos dineros de excepción.

El mecanismo funciona, como suele ocurrir en México, porque se trata de corrupción que salpica, porque genera complicidades y por que, a final de cuentas, hasta puede traer algún beneficio.

Es el triunfo de la visión patrimonial del poder: el dinero no es público, no depende del pueblo, es del gobierno y de sus funcionarios y “lo que caiga es bueno”.

Con esta visión de la vida pública navegamos en el siglo XXI y nos disponemos a integrarnos con las economías más avanzadas del mundo, donde también están los mayores avances sociales.

Con esta misma visión del Estado y con estos políticos a cargo de las más altas responsabilidades públicas, nos disponemos a privatizar nuestras reservas energéticas y a abrirnos a la inversión global en telecomunicaciones.

Cualquier parecido con las que en el siglo pasado eran llamadas repúblicas bananeras, desde la soberbia de las metrópolis mundiales, no será, por obra y gracia de nuestra clase política, una pura y simple coincidencia.

Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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