La militarización de la seguridad llegó a México en el 2006. Fue gradual. En 1999 cuando aún gobernada Ernesto Zedillo Ponce de León, se creó la Policía Federal Preventiva con elementos de las fuerzas armadas, y tal dinámica continuó en el Gobierno del panista Vicente Fox Quesada.

Para 2006, con un gravísimo y creciente problema de inseguridad en el país producto del auge criminal de los cárteles de la droga, bandas que habían alcanzado el poderío ilícito a partir de corromper a las corporaciones policíacas del Estado Mexicano, el Presidente Felipe calderón no vio otra salida más que la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, particularmente en el combate a las drogas.

Lo hizo en el entendido que, aun sin fuero civil y sin la estructura ministerial, serían los soldados quienes perseguirían a los narcotraficantes, encabezarían los decomisos. Eso sí, siempre acompañados de un ministerio público federal, para consignar los hechos.

Realmente el Presidente Calderón tenía pocas opciones para enfrentar a los cárteles, las policías, especialmente las federales y las estatales, estaban corrompidas por las mafias locales, y las municipales llenaban las nóminas de lugartenientes, narcomenudistas y traficantes. No podía entonces dar la batalla a la inseguridad con la corrupción enraizada en las corporaciones policíacas. Y esperar hasta depurarlas le llevaría una grande parte de su sexenio.

Fue así que inició dos estrategias en su guerra contra las drogas. Por un lado sacó el Ejército a las calles (posteriormente haría lo mismo con la Marina), instauró retenes en carreteras federales, e instó a los gobernadores a hacer un frente común con los generales de zona y de región en todo el país. Por otro lado inició un plan de depuración de policías, fortaleció los exámenes de control, evaluación y confianza, institucionalizó el sistema nacional de seguridad pública, creó la plataforma México, y pensó que en algunos años, cuando las policías estuvieran depuradas, regidas por estrictos controles de evaluación y ligadas en la plataforma, los militares podrían regresar a los cuarteles.

La guerra contra las drogas de Felipe Calderón, si bien avanzó en los controles sobre las policías y en la coordinación entre los distintos órdenes de Gobierno, tuvo sangrientas repercusiones. Dejó cruentos enfrentamientos entre narcotraficantes y policías, y militares, y funcionarios deshonestos. Enfrentó a cárteles y a corporaciones corruptas. Las aprehensiones de las cabezas de los criminales organizados terminaron en la creación de cartelitos, y la cifra de ejecuciones alcanzó niveles nunca antes vistos.

Al finalizar el sexenio de Calderón, el plan de depuración de las policías, de ejercer los controles de confianza sobre las corporaciones y enlazarlas en una coordinación interinstitucional, había avanzado pero no estaba concluido, de tales medidas había resultado la idea de establecer un mando único que en la práctica, con la colaboración de los gobernadores que habían cedido el manejo de la estrategia de combate a la inseguridad a los generales de zona, había funcionado eficientemente. Los militares continuaron en la calle, no fueron regresados a los cuarteles.
La cifra de ejecutados, que superó los 120 mil en seis años del panista, fue insólita.

Con Enrique Peña Nieto las cosas cambiaron. Lo primero que hizo el Presidente emanado del PRI, fue regresar a los militares a los cuarteles. El objetivo era sacarlos de las calles para dar la impresión de que estas ya eran lugares seguros y no sitios de vigilancia militar. En los primeros meses de 2013 cientos de retenes y puestos de inspección de las fuerzas armadas instalados en carreteras federales fueron levantados. Eliminados de la noche a la mañana. Los puntos de revisión, origen de cientos de decomisos también fueron retirados. Los militares y marinos dejaron de patrullar las calles para regresar a los cuarteles, y por órdenes presidenciales ejecutadas por el secretario de gobernación, los integrantes de las fuerzas armadas se volvieron coadyuvantes de las autoridades civiles, en el resguardo de instalaciones. A la entrada en vigor del Nuevos Sistema de Justicia de Penal, esa posición de mantenerlos al margen y solo como vigilantes, se acentuó legalmente.

Únicamente en casos especiales, los integrantes de las fuerzas armadas de México, especialmente los marinos, entraron de lleno al combate a la inseguridad. Particularmente cuando se trataba de la aprehensión de un notorio narcotraficante. Al tiempo en la Presidencia de Enrique Peña Nieto, se abrió el sistema de control, evaluación y confianza a la facultada de otras autoridades, lo cual contribuyó a la diminución del rigor. Para finales de sexenio de la plataforma México poco se sabía. En los últimos años de la presidencia priísta el presupuesto para ese programa de enlace de comunicaciones y registros policíacos y criminales, era prácticamente nulo, no para la actualización de los programas.

De igual forma como aprovecharon la embestida del Gobierno de Calderón para sembrar el terror e iniciar narco-guerras, los criminales mantuvieron su impunidad en la retirada del Ejército de Peña. Se redujo la coordinación entre instituciones y corporaciones policíacas, y la división entre las facultades de los distintos órdenes de Gobierno fue más evidente, al tiempo que no lograron ni aprobar un mando único, ni ejercer una ley de seguridad nacional.

Como candidato el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo una y otra vez que el ejército regresaría a los cuarteles. Que lo sacaría de las calles. Pero al ser electo, y entrar en contacto en la etapa de transición gubernamental con las instituciones que componen el Estado Mexicano, el tabasqueño cambió de opinión.

No debe ser fácil no sucumbir al poder. Especialmente al poder de las fuerzas armadas al servicio de la Nación pero el mando de un solo hombre. En México una persona ostenta el máximo rango militar. El Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, cargo que recae en el Presidente de la República, hoy, Andrés Manuel López Obrador.

O los Generales lo convencieron, o él se dio cuenta, pero López Obrador reculó en eso de sacar al Ejército de las calles. De hecho, hace unas semanas los envió de nuevo a instalar retenes y puntos de inspección en 17 ciudades de México, aquellas clasificadas como las más violentas, inseguras y con problemas de narcotráfico que rebasan a las autoridades locales.

Tijuana fue una de esas 17 ciudades. Y apenas entraba febrero de 2019 cuando los soldados se desplazaban hacia esta frontera. 600 militares adicionales a los ya destacados en las instalaciones de la II Zona Militar en los cinco municipios de Baja California, con sede en Tijuana. La estrategia de López Obrador no es en nada distinta a la utilizada por Calderón Hinojosa, de hecho los militares se instalaron prácticamente en los mismos sitios en que en 2007 se apertrecharon para iniciar la guerra contra las drogas.

La diferencia es que hoy por hoy, con el pendiente de la aprobación de la Guardia Nacional, los militares no están coordinados con las autoridades locales en la estrategia general, aunque sí están acompañados de una policía civil para efectos de cumplir con los protocolos de la cadena de custodia del NSJP en caso de presentar detenidos o mercancía asegurada.

De acuerdo al subsecretario de seguridad del Gobierno federal, el ex gobernador de Baja California Sur, Leonel Cota, los soldados llegaron para quedarse. En una entrevista con el semanario ZETA dijo que estarían en las calles durante todo el sexenio. Insisto, igual como en tiempos de Calderón, hasta que llegó Peña y los retiró.

La Guardia Nacional será constituida en unos días, decidirán si el mando es civil como lo pretende la oposición y los grupos organizados, pero los elementos serán militares. También determinarán la coordinación con el resto de las corporaciones y las facultades de las mismas. Poco se habla de reestablecer los esquemas de depuración para que las policías civiles, aquellas facultadas para perseguirlos delitos de narcomenudeo y narcotráfico, y otros del fuero común y del federal, estén sino libres de infiltración, algo menos corrompidas. Como tampoco ha sido tema el fortalecimiento del ministerio público.

Las fuerzas armadas, como en el sexenio de Zedillo, en el de Fox, en el de Calderón, siguen siendo la única salida de los gobiernos federales. Lo son una vez este 2019. Ahora convertidos en guardia nacional.
O los presidentes sucumben al Ejército, o los Generales seducen a los presidentes. Pero de que han logrado ser el centro del tema, lo han logrado. Sea en una guerra contra las drogas, en una retirada con participaciones especiales, o en una guardia nacional.

Adela Navarro Bello

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