Jesús Torres Charles, quien renunció a la Consejería Jurídica del Estado de Coahuila por presuntas ligas con una red de funcionarios públicos que brindaba protección al crímen organizado, es el mismo que como Fiscal General del Estado operó para que la mayoría de los implicados en el fraude con la deuda de casi 36 mil millones de pesos generada en la pasada administración, pudieran salir en libertad.
La semana pasada, Torres Charles renunció como Consejero Jurídico, hecho que fue dado a conocer hasta ayer domingo por el gobernador Rubén Moreira Valdez, quien lo invitó a ese cargo.
El 18 de diciembre pasado dejó la Fiscalía, a la que llegó desde el momento de su creación, el 18 de marzo de 2009, a invitación del entonces gobernador, Humberto Moreira Valdez, hermano de Rubén.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo fue creada para él; no existía antes de su nombramiento.
Torres Charles creció al amparo de los dos hermanos Moreira. Fue director de Documentación e Informe de la Secretaría de Gobierno de Coahuila; encargado del Despacho de la Subsecretaría de Gobierno y Política de la Secretaría de Gobierno coahuilense; Secretario del Ayuntamiento de Saltillo y Procurador General de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza.
De acuerdo con Reforma, uno de los operadores de los Zetas en Coahuila, Pedro Toga Lara, “El Guacho”, declaró ante el Ministerio Público que el hermano de Jesús Torres Charles recibía 300 mil pesos mensuales de Los Zetas.
“Aunque no se reveló el nombre, se cree que se trata de Humberto Torres Charles, quien fuera Director Jurídico de la Secretaría de Salud durante el sexenio de Humberto Moreira”, dijo Reforma.
El gobernador Rubén Moreira se abstuvo de hacer un comentario ante las revelaciones publicadas recientemente que vinculan a mandos de la PGR, la Policía del Estado y la Policía Municipal con el narco.
“Lo único que yo de conocimiento tengo es lo que aparece en los medios de comunicación, no tengo yo otra comunicación oficial, por lo tanto no puedo hacer una declaración categórica”, dijo.
Según El Universal, la Procuraduría General de la República (PGR), con ayuda de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y la Procuraduría de Justicia Militar, entre otras instancias, descubrieron la red de protección de funcionarios y de oficiales del Ejército en Coahuila implicados con Los Zetas.
La indagatoria comenzó en marzo de 2011, afirma el diario, cuando el Ejército detuvo a varios miembros de Los Zetas, quienes se apegaron a la figura de testigo protegido y son identificados como los nombres de Sagitario y Escorpión.
Los testigos proporcionaron los nombres de la subdelegada de la PGR en Saltillo Claudia González López, —quien ya fue consignada—, Sergio Tobías Salas, comandante de la Fiscalía General del Estado (FGE); Manuel de Jesús Cícero Salazar, ex director de la Policía Operativa; y el agente de la Policía Operativa, Julio César Ruiz Esquivel, todos ellos ya detenidos por agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
De acuerdo con la indagatoria el testigo con clave Sagitario refirió los lugares donde se reunía con los integrantes de la organización en encabeza Heriberto Lazcano Lazcano; mientras que Escorpión identificó —por medio de fotografías— a los servidores públicos quienes les apoyaban cuando trabajaban para Los Zetas.
Otro de los testigos identificado como Sérpico señaló a Tobías Salas, ex comandante de la Fiscalía General del Coahuila, como uno de los funcionarios que les brindaba protección a la célula criminal en la entidad, afirma El Universal.
El 12 de enero pasado, el Ejército capturó a José Luis Sarabia Ramón, quien es considerado las autoridades como el tercero en la línea de mando de Los Zetas a escala nacional.
Al rendir su declaración ministerial Sarabia Ramón, quien se desempeñó como jefe regional de esa organización en Coahuila, Aguascalientes y San Luis Potosí, dijo que Tobías Salas, Claudia González, Cícero Salazar y Ruiz Esquivel y otras más tenían vínculos con la banda delictiva.
SALVADOR DE LOS ACUSADOS
En noviembre pasado, la revista Proceso indicó que parte de la deuda de casi 36 mil millones de pesos de Coahuila, 3 mil millones de pesos, fue saldada de un día para otro, por lo que los seis implicados en el proceso que se sigue por delitos equiparados al fraude enfrentaron sanciones relacionadas con los intereses generados.
En su momento, por la contratación de dos créditos por un monto de 3 mil millones de pesos, fueron indiciados los exfuncionarios del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), Javier Villarreal Hernández y Sergio Ricardo Fuentes Flores, quienes fueron detenidos el pasado 28 de octubre por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), aunque ambos salieron en menos de 24 horas, luego de depositar la fianza fijada por la autoridad judicial.
La Fiscalía, a cargo de Torres Charles, consignó a un juzgado penal la averiguación previa en la que se les imputa el delito de uso de documentación falsa y otras figuras jurídicas equiparables al fraude.
Así, independientemente de los delitos que se siguen por la falsificación de firmas y documentos, los imputados enfrentaron sólo consecuencias de derecho por 44 millones 500 mil pesos y no por el monto total de la deuda.
Javier Villarreal Hernández es actualmente prófugo de la justicia mexicana.
Desde el viernes no se sabe nada de Torres Charles, luego de que se difundiera que fue acusado de encabezar una red de protección para Los Zetas.
De acuerdo con Vanguardia de Saltillo, tras dos años como procurador de Justicia de Coahuila y cuatro como titular de la Fiscalía General del Estado, Jesús Torres Charles dejó a una institución “contaminada” en actos de corrupción y crímenes sin resolver.
El primer incidente que conmocionó a la sociedad fue la primera desaparición de un policía ministerial y de un empleado administrativo de la PGJE, Ramón Serrano Galván y Roberto Lee Figueroa, el 20 de junio de 2004.
Se presume que fueron plagiados cuando salían de la PGJE, Torres Charles lo negó y aseguraba que fue en el trayecto a su casa.
El 14 de mayo de 2007, Enrique Ruiz Arévalo, jefe del Grupo Especial Antisecuestros de la PGJE en Torreón, fue secuestrado por hombres armados y días después fue exhibido en un video en YouTube, atado de manos y con una venda en los ojos.
En junio de 2007 se dio la primera balacera en un casino, fue el Caliente de Saltillo, donde perdió la vida una estudiante y no se ha logrado detener a los responsables. Un año después, en julio, el jefe del Grupo Antisecuestros, Gerardo Valdés, fue privado de su libertad en su propio domicilio en Torreón y hasta la fecha sólo se ubicó la camioneta que conducía.
En diciembre de 2008, el experto en secuestro Félix Batista fue plagiado y ya no apareció.
En febrero de 2009, en Arteaga, se localizaron de 20 fosas clandestinas, cuyos restos fueron analizados y sólo se estableció la identidad de siete de las víctimas, uno era estudiante de la Narro.
El 29 de agosto, un niño fue secuestrado junto con su padre, Esteban Acosta, quien se desempeñaba como jefe de celadores en el Cereso y de sus tíos Gerardo y Gualberto Acosta.
Meses después, el excandidato a la alcaldía de Gómez Palacio, Francisco León, “Pancholeón”, desapareció con dos empleados.
Otro crimen impune es el de Alejandrina Martínez, exdelegada de la SCT, ocurrido en abril de 2010 dentro de su casa en Saltillo, ahí se localizaron 7 millones de pesos.
Ni siquiera el asesinato del sobrino del Gobernador interino de Coahuila, Jorge Torres pudo resolver Jesús Torres Charles.
Este crimen le costó su primer renuncia de la Fiscalía y se unió al gabinete del actual Gobernador Rubén Moreira como asesor.
Otro crimen sin resolver, este del 6 de diciembre del 2011, es del comandante de la Policía Municipal Emmanuel Almaguer y su hijastro.
