En el prólogo del libro “Drogas sin fronteras” (Debolsillo, 2015) el académico sinaloense Luis Astorga nos dice sobre el narcotráfico en México:

“El negocio nació dentro del campo del poder donde el de la política ocupaba la posición dominante, hegemónica, y el del tráfico una posición secundaria, periférica, pero no ajena ni autónoma. Por ello, en el desarrollo posterior del negocio no habrá “infiltración” ni “penetración” […] sino un mayor desprendimiento de la supeditación, una mayor autonomía relativa, y en ciertos momentos y lugares una relación de supeditación invertida.” (p. 10)

Indudablemente, uno de esos lugares donde el narco creció hasta imponerse a la política es Sinaloa. Las revelaciones surgidas durante las audiencias de el juicio a Joaquín Guzmán Loera en Nueva York arrojan muchísima luz sobre cómo opera el narcotráfico mexicano y cuál ha sido su relación con la política nacional y local.

Lo primero que se confirma es la repetida tesis de que no es posible crimen organizado sin apoyo institucional. Es decir, para que una organización criminal alcance los niveles de poderío económico y violento que construyó el Cártel de Sinaloa durante décadas, es necesaria una amplia red de apoyo, encubrimiento y protección por parte de las instituciones de seguridad y procuración de justicia del estado mexicano. Precisamente esas instituciones diseñadas para combatirlo.

Esa red se construye con relaciones, dinero y miedo, pero se resumen en una palabra: corrupción. Por eso, y más allá de la posibilidad de probar o dar seguimiento formal a los dichos y acusaciones de los testigos del llamado “juicio del siglo”, es increíble la larga lista de nombres de políticos, funcionarios, policías y militares que sostenían alguna relación de cooperación con el Cártel de Sinaloa.

En Sinaloa dos casos destacan por su notoriedad: el de Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, “Chuy Toño”, ex comandante de la policía ministerial; y el de la exdiputada local Lucero Sánchez López.

El caso del comandante “Chuy Toño” es más que emblemático, toda vez que figuró en la lista de los más buscados de la PGR tras resultar implicado en proteger al narcotraficante Rodolfo Carrillo Fuentes durante el sexenio de Juan S. Millán y quien fuera asesinado por órdenes de “El Chapo” Guzmán en Culiacán, Sinaloa.

Aún así, el posible vínculo narcopolítico del comandante no importó para el exgobernador Mario López Valdez, quien lo rescató primero como asesor y luego lo instaló como comandante en jefe de la Policía Ministerial y su hombre fuerte en materia de seguridad.

La semana anterior, Vicente Zambada Niebla declaró que el comandante “Chuy Toño” estaba en la nómina del Cártel de Sinaloa. Retirado, el comandante vive ahora pensionado por el gobierno de Sinaloa.

El caso de Lucero Sánchez es todavía más complejo. Originaria de Cosalá y postulada por una coalición de partidos liderada por el PAN y el PAS, Sánchez López se convirtió en diputada local en 2013. Al respecto, el entonces diputado local por el PRD, Ramón Lucas Lizárraga, reveló que su candidatura habría sido impulsada con el “visto bueno” del entonces Secretario de Gobierno de Sinaloa, Gerardo Vargas Landeros.

Pero el escándalo estalló cuando se reveló que habría visitado a Guzmán Loera el 4 de septiembre de 2014 en el penal del Altiplano con documentos de identidad falsos. Una versión que ella misma negó en repetidas ocasiones pero que culminó en un proceso de desafuero en la Cámara Federal.

La mentira se derrumbó totalmente esta semana pues la misma Lucero Sánchez, quien enfrenta un proceso ante las autoridades estadunidenses, testificó haber sostenido una relación sentimental con el capo y, de acuerdo con la transcripción de las llamadas reveladas, ella habría colaborado en actividades de narcotráfico.

Ambos casos confirman que el narcotráfico sinaloense ha tenido la capacidad, en ciertas circunstancias, de trascender su condición periférica y subordinada para asumir una posición de poder dominante frente a los actores de la política.

El juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán todavía no termina pero la información surgida del mismo es digna de una narconovela inverosímil. Abundan los detalles que develan la vida del capo de La Tuna que soñó con dirigir su propia película. Incluso, cabe la posibilidad de que él mismo testifique, pero hasta ahora no está confirmado.

Sin embargo, habría que tomar cierta distancia y más allá del romanticismo alrededor de la figura aspiracional en que se convirtió “El Chapo”, estamos ante un caso paradigmático de crimen organizado, lavado de dinero, corrupción y violencia.

Todos delitos muy concretos que le han dejado a México, y en específico a Sinaloa, miles de muertos y desaparecidos. Mucho dolor, muchas víctimas y un estigma “narco” que tomará muchos años cambiar. No hay romanticismo alguno en esa realidad. No lo olvidemos.

Adrián López Ortiz

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Es ingeniero y maestro en estudios humanísticos con concentración en ética aplicada. Es autor de “Un país sin Paz” y “Ensayo de una provocación “, así como coautor de “La cultura en Sinaloa: narrativas de lo social y la violencia”. Imparte clase de ética y ciudadanía en el Tec de Monterrey, y desde 2012 es Director General de Periódicos Noroeste en Sinaloa.

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