Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).– El Gobernador César Duarte Jáquez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), canceló la participación que tenía programada para hoy en la primera de las audiencias para la reforma en seguridad pública que organiza el Senado de la República, en medio de una tormenta política provocada por fuertes acusaciones de corrupción.
A finales de la semana pasada, líderes sociales y ciudadanos de Chihuahua comprobaron, con documentos obtenidos por la vía de transparencia, que el gobierno de Duarte desvió 80 mil millones de pesos hacia un banco de reciente creación en donde él es o iba a ser socio. Su Secretario de Hacienda, Jaime Herrera, quien fue el que envió ese dinero en distintos depósitos, sí es socio de la institución financiera hasta el día de hoy.
Ambos, así como la esposa del mandatario, fueron acusados ante la Procuraduría General de la República (PGR) de peculado y enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con el programa enviado la víspera, el chihuahuense sería parte del grupo de ejecutivos estatales que abriría el debate con el panel “experiencias locales”. El nuevo programa de hoy, sin embargo, no contiene su nombre e indica que será el jueves cuando exponga su ponencia, aunque ya fuera de la mesa correspondiente.
Su ausencia se registra justo cuando en el Senado crece el apoyo a un punto de acuerdo para exhortar a la PGR a que investigue al mandatario chihuahuense.
Entrevistado sobre el tema al llegar al Senado, el Coordinador Parlamentario del PRI, Emilio Gamboa Patrón, defendió esta mañana a su compañero de partido ante las acusaciones que se le imputan por enriquecimiento ilícito.
Al llegar a la primera de tres audiencias para la reforma de seguridad pública, dijo:
“Ya fueron a denunciarlo. Él se ha defendido. Vendrá al Senado. Es un hombre limpio”.
A partir de febrero próximo, fecha en que inicia el periodo ordinario de sesiones, la oposición en el Senado de la República retomará la denuncia presentada por el activista Jaime García Chávez, quien se encargó de documentar una serie de irregularidades financieras en Chihuahua que benefician a Duarte Jáquez, a su cónyuge Bertha Olga Gómez Fong y a otras personas asociadas al Gobernador, como su Secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral.
En la denuncia presentada ante la PGR y autoridades financieras a partir de una investigación formal ciudadana, se describe que el Gobernador priista, funcionarios de la administración estatal y otros con carácter de prestanombres han participado en la creación del Banco Progreso de Chihuahua, S.A. de C.V., cuya autorización está en trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Allí se describe una “maquinación delictiva, bajo el diseño de actos jurídicos de aparente legalidad” con el único propósito de buscar el beneficio económico de César Horacio Duarte, quien ha asumido los roles de Gobernador y socio de la empresa bancaria mencionada.
Entrevistado por SinEmbargo, García Chávez dijo que se enteró de la existencia de un Fideicomiso –el 744743-, formado en 2012 por el Gobernador César Duarte Jáquez y su esposa Bertha Olga Gómez Fong, al cual aportaron 65 millones de pesos con el objeto de que Banorte adquiriera para ellos acciones del Banco Progreso de Chihuahua.
“Para este caso nos hicimos de una copia del fideicomiso que se firmó por parte de Duarte y de su esposa para adquirir acciones del futuro Banco Progreso de Chihuahua, que en paralelo podría ser impulsado como un banco regional, con todo el poder que podría darle el Gobierno. Y no es que se estuviera apoyando sólo a un banco regional, sino que se trataba de su banco”, comentó.
“Y tanto es así que nombra a Jaime Herrera –que participó en la creación del entramado financiero– como su Secretario de Hacienda, y empieza un movimiento económico a favor de este banco que arroja, según una información obtenida a través de la Ley de Transparencia, alrededor de 80 mil millones de pesos de recursos públicos en dos años”, agregó.
Así, trabajando desde abril, el abogado encontró que la información recabada podría ser prueba de la configuración de un delito y, el 22 de septiembre pasado, acudió a la Procuraduría General de la República (PGR) para denunciar al Gobernador constitucional de Chihuahua por peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades, más lo que resulte.
“Con total impunidad, el denunciado, a partir de la contratación del fideicomiso celebrado con Banorte y adquirido en su carácter de socio del Banco Progreso de Chihuahua, S.A. de C.V., ordenó en beneficio propio y de su cónyuge la colocación de fondos y valores de recursos económicos públicos como lo fueron las inversiones a plazo fijo de Gobierno del Estado por un monto de $802’000,000.00 en la Unión de Crédito Progreso, institución que integró ese banco, con el objeto de fondear la adquisición de un crédito cuyo titular era Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. (Scotiabank), garantizado con el inmueble conocido como Hotel Soberano y con ello aumentar el capital social o contable del Banco Progreso de Chihuahua, S.A. de C.V”, dice la denuncia.
SENADO INICIA AUDIENCIAS
El Senado de la República inició este martes las consultas públicas para analizar el paquete de reformas enviadas en diciembre pasado por el Ejecutivo federal, las cuales buscan reformar la Constitución en materia de justicia y seguridad.
Con la participación del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y los gobernadores de Morelos, Graco Ramírez; de Guanajuato, Miguel Márquez, y Nuevo León, Rodrigo Medina, iniciaron las audiencias para analizar cómo combatir al crimen organizado.
La iniciativa presidencial plantea crear un Mando Único Policial y reformar la Constitución, para desaparecer corporaciones en municipios infiltrados por el crimen organizado, tras la muerte de estudiantes en Iguala, la cual fue sometida a un debate al que acudieron gobernadores, alcaldes, especialistas e investigadores.
“Estamos conscientes de la gravedad de la inseguridad en México, un problema que lastima todos los días a los mexicanos, esta situación exige la actuación de todos los actores políticos, para mejorar el sistema de justicia y de seguridad en el país”, aseguró el senador Emilio Gamboa.
En su discurso de inauguración de las audiencias públicas, el coordinador del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, señaló que los legisladores buscan dar respuesta expedita a las demandas de la sociedad en esta materia.
Por su parte, Mancera Espinosa expuso que la coordinación policial que existe en la capital del país ha logrado, de alguna manera, contener el crimen y evitar que se instale en la Ciudad de México. “Me parece que la Ciudad de México está y ha estado siempre apoyando este esquema de operación, reitera su apoyo a esta forma de entender la seguridad pública, no sólo al mando único, que es un esquema de inicio y aproximación, sino el esquema de una Policía única en las entidades”, dijo.