El error de diciembre, Fobaproa, concesiones mineras, “guerra contra el narco”, corrupción en la “casa blanca”... los pecados por los que ex presidentes de México podrían ser juzgados.
Por Linaloe R. Flores
Ciudad de México, 19 de diciembre (VICE).- Primero en campaña y luego en entrevistas previas a su toma de posesión, Andrés Manuel López Obrador ofreció consultar a los ciudadanos si deben ser juzgados los ex presidentes que propiciaron catástrofes económicas o tragedias sociales. El sondeo preguntaría sobre Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), Vicente Fox Quesada (2000-2006), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Con datos oficiales y hemerográficos, fuentes testimoniales y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), VICE reconstruye los episodios que marcaron a México bajo las administraciones de esos cinco ex presidentes que ocuparon el poder en los últimos 30 años. En ese lapso, como un acuerdo histórico, la impunidad fue uno de los hilos conductores de la política mexicana, sin importar los colores partidistas en el Gobierno.
Sólo un dato histórico: en 1982 se integró el juicio político en la Constitución, pero hasta ahora ha tenido como único receptor a Jorge Díaz Serrano, quien en 1983 fue despojado del fuero por el entonces Presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) y la mayoría priista en el Congreso de la Unión, para procesarlo por desvío de fondos de Petróleos Mexicanos (Pemex), entidad que dirigió de 1976 a 1981.
A veces, el pasado no encuentra olvido y se vuelve carga, o trauma. Aquí una pequeña mirada a ciertos pasajes de México que dejaron en la memoria preguntas como ¿por qué? o ¿quién o quiénes? sin que jamás llegaran las respuestas. Ahora hay una oportunidad histórica para saber y juzgar.
I
EL ERROR DE DICIEMBRE
Posible juicio: Carlos Salinas y Ernesto Zedillo
Nadie discrepa que 1994 fue el año de los horrores: ese año ocurrieron un levantamiento armado en Chiapas, dos asesinatos de políticos y una debacle financiera que le dio al traste a los sueños de los estudiantes, hundió a los pequeños y medianos empresarios, llevó a muchas familias a conocer lo que es el hambre y ocasionó varios suicidios, sin que hasta ahora se conozca el número.
A mediados de su Gobierno, Salinas de Gortari abrió las puertas para que las tesorerías de las principales empresas estadounidenses ingresaran a los mercados mexicanos a través de tesobonos. Son títulos de crédito que pueden ser negociados. Los de esa época primero estuvieron denominados en pesos, garantizados por el Gobierno mexicano, y después se habrían de convertir en dólares. Eran una bomba de tiempo para México, pero un negocio redondo para los inversionistas. Eran, como se dijo después, algunos de los alfileres con los que estaba sostenida la economía mexicana.
El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), un acuerdo comercial que Salinas había promovido como la puerta de México al primer mundo. Fue la misma fecha en que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) le declaró la guerra al Estado mexicano. ¿Y cuál primer mundo? La insurgencia puso en el debate público la desigualdad entre regiones y el sometimiento histórico de los indígenas. Había en el país una gran revuelta social, pero en realidad, con las reservas no ocurrieron cambios notables.
Pero el 23 de marzo, Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la Presidencia, fue asesinado en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana y, entonces, las reservas extranjeras de México, que eran de 28 mil 300 millones de dólares, cayeron a 17 mil 300 millones para finales de abril. Luego, en diciembre, se fueron otros 4 mil millones. El monto de las obligaciones con los tesobonos era de 32 mil millones de dólares. Era urgente hacer algo.
Una versión de los hechos señala que la madrugada del 19 de diciembre, ya con Zedillo en el poder, se reunieron en secreto, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, representantes de los sectores obrero (ahí estaba Fidel Velázquez Sánchez, dirigente de la CTM), patronal (ahí estaba Luis Germán Cárcoba, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial) y gubernamental (ahí estaban Herminio Blanco, secretario de Comercio, y Santiago Oñate, secretario del Trabajo, además de Miguel Mancera Aguayo, director del Banco de México). A todos los convocó con urgencia el entonces secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche.
En esas horas oscuras, ese comité decidió devaluar el peso y México pagó con un precio muy caro su trasnochada determinación. En los meses sucesivos, se perdieron miles de millones de dólares y el país sólo pudo hacer frente a la crisis financiera gracias al paquete de rescate de más de 50 mil millones de dólares del Tesoro de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y varios bancos centrales a través del Banco de Pagos Internacionales.
Han pasado 24 años de la tragedia y ni Salinas ni Zedillo han aceptado responsabilidad. En el libro La responsabilidad del error de diciembre, Salinas sostiene que las 72 horas transcurridas entre el 19 y 21 de diciembre fueron cruciales y los hombres del poder no tenían una posición clara. Zedillo ha sostenido que la administración salinista dejó la economía con grandes distorsiones (como esa esperanza de ingresar al primer mundo) y prendida de alfileres.
(Fuentes: asistentes anónimos a la reunión en que el peso fue devaluado)
II
FOBAPROA
Posible juicio: Ernesto Zedillo
Después de la crisis de diciembre de 1994, el Presidente Zedillo anunció la creación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), un instrumento con el que el Gobierno se proponía rescatar el ahorro de los mexicanos en los bancos. En 1995, el mandatario argumentó que la quiebra de los bancos haría imposible el acceso a los créditos y los ahorradores no podrían disponer de sus depósitos. El objetivo era evitar el colapso de la infraestructura productiva.
Tres años después, el discurso había cambiado. Y la dirección del rescate, también. Mediante la Ley de Protección al Ahorro Bancario, el Fobaproa fue convertido en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario ( IPAB) y, entonces, las pérdidas económicas de los bancos privados se convirtieron en deuda pública.
Esta decisión gubernamental ocasionó pasivos de hasta 552 mil millones de dólares por concepto de cartera vencida que el Gobierno canjeó por pagarés ante el Banco de México. El monto equivalía a las dos terceras partes del Presupuesto de Egresos de 1998 y el doble de la deuda pública interna. ¿Por qué? En 1998, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el de Acción Nacional (PAN) revelaron que en el Fobaproa se encontraron unos mil 275 créditos superiores a los 20 millones de pesos. Unos 700 préstamos aparecieron sin garantías y 600 se llevaron más del 55 por ciento del fondo.
Es decir, el Fobaproa no ayudó a los ahorradores; sino que impulsó fortunas rápidas, formadas por la cesión de empresas públicas a intereses privados.
Ernesto Zedillo concluyó el sexenio sin dar una explicación sobre las historias de corrupción enmarañadas en el Fobaproa-IPAB. A la fecha, la deuda del Fobaproa-IPAB es de más de 1 billón de pesos (actualizado a agosto de este año), una sexta parte del Presupuesto de Egresos sugerido por el Presidente para 2019, que es de 5.8 billones de pesos.
(Fuentes: ASF, PRD y PAN)
III
“GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO”
Posible juicio: Felipe Calderón
Tenía 10 días como Presidente de México cuando el Presidente Calderón ordenó el Operativo Conjunto Michoacán, que con el transcurso de los meses se extendió a Baja California, Veracruz, Chihuahua y Sinaloa. Así se inició un periodo de México que algunos especialistas en seguridad nacional coinciden en llamar “Guerra contra el narcotráfico”.
El Presidente informó que se debilitaría el flujo de dinero, la red operativa y la distribución. Eso no ocurrió. En cambio, las cifras de homicidio doloso (con violencia) subieron año con año, siendo 2011 su peor registro, con 22 mil 409, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad P (con violencia)l Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional ia. Me da un total de lones de hortaje de Russia Today que tambieública (SESNSP). Al tiempo, al primer mandatario se le acumularon denuncias sobre abusos y violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército. Otros miles de mexicanos se esfumaron de sus hogares, los centros de trabajo, las calles, la vida. Como truculento acto de magia, estaban ahí y en dos segundos, ya no.
Si sólo se habla de muertos, Felipe Calderón concluyó su sexenio con 103 mil ejecutados, según el SESNSP. Pero las cosas no pararon en ese número equivalente al saldo del reciente conflicto en Afganistán, según la ONU. El priísta Enrique Peña Nieto continuó con la misma estrategia. En octubre de 2018, cuando estaba a punto de entregar el mandato, las cifras oficiales contaban 125 mil muertes violentas, un aumento de 22 mil con respecto al Gobierno anterior.
(Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública).
IV
LAS CONCESIONES MINERAS
Posible juicio: Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto
En 1992, el Presidente Salinas modificó el artículo 27 constitucional para convertir al ejido de propiedad comunal a propiedad privada. En esta reforma, una de las leyes reglamentarias era la Ley Minera, que fue modificada para que la exploración, explotación y transformación de los minerales pudiera quedar en manos de particulares.
Desde entonces, los gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto concesionaron una extensión equivalente a la mitad del territorio a mineras extranjeras y nacionales. Esto ocasionó daños irreversibles en comunidades rurales, sobre todo en los pueblos indígenas.
Lo anterior se desprende de datos oficiales contenidos el Estudio de la minería en México, elaborado por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación y la expedición de títulos de concesión minera de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía.
Zedillo dio nueve mil 990 títulos de concesión, lo que significó poco más de un millón de hectáreas concedidas. Al iniciarse los gobiernos de la alternancia política con Vicente Fox, fueron concedidas más de 30 millones de hectáreas a través de 17 mil 774 títulos. 2005 fue el mejor año para la industria que se expandía en México, pues dos mil 904 títulos fueron autorizados, lo que implicó la concesión de poco más de seis millones de hectáreas.
Los datos más antiguos de la Dirección General de Minas son de 2006, el último año que gobernó Fox. A partir de ahí, permiten ver que Calderón dio 12 mil 274 títulos de concesión.
Durante el sexenio de Peña Nieto, de 2013 a septiembre de 2017, la Secretaría de Economía otorgó tres mil 190 concesiones mineras a empresas o prestanombres con vigencia de 50 años, principalmente en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Guerrero y Oaxaca, revelan datos de su Dirección General de Minas (DGM).
En el peñismo, 2013 fue el año con más concesiones: mil 52, y esto coincide con el máximo histórico alcanzado en Inversión Extranjera Minera por 5 mil 565 millones de dólares, de acuerdo con la Cámara Minera de México (Camimex).
(Fuentes: SIAM en la Secretaría de Economía, Secretaría de Gobernación)
V
EL PAÍS MÁS CORRUPTO DE AMÉRICA LATINA
Posible juicio: Enrique Peña Nieto
De la lista de 266 compromisos que Peña Nieto firmó ante Notario Público durante la campaña en 2012, el primero fue la creación de una comisión nacional anticorrupción. Luego, cuando ganó la elección, escribió en el diario Reforma un ensayo sobre el combate a ese cáncer que tituló “El comienzo del cambio”. Además de la conformación del órgano especializado, propuso la fortificación de la Transparencia en los tres niveles de Gobierno.
Ese era el Peña Nieto de 2012. Pero en 2018 concluyó su Gobierno mientras México se colocó en el primer sitio del Barómetro Global de la corrupción como el país más corrupto de América Latina. Los escándalos de corrupción se acumularon y el Gobierno tenía 12 millones 406 mil expedientes bajo reserva ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el mayor número desde 2004.
Los planes de Peña Nieto se difuminaron. La comisión anticorrupción estaba planeada para sustituir a la Secretaría de la Función Pública. Sería un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. En noviembre de 2012, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados presentó las iniciativas que darían pie a su conformación, pero no fue hasta el 13 de diciembre de 2013 que el Senado de la República aprobó la enmienda. Ese mismo día, la minuta llegó a la Cámara de Diputados y ahí se atoró para jamás destrabarse.
Debido a ello, durante los primeros 26 meses de gobierno peñista, la SFP se mantuvo sin secretario. En ese tramo del sexenio, el primer mandatario no mostraba estar preocupado por el tema. En su Segundo Informe, en septiembre de 2014, apenas mencionó la palabra “corrupción” una vez y la noche del 19 de agosto, en el Foro “Conversaciones a Fondo”, organizado por el Fondo de Cultura Económica, se aventó una de sus frases más memorable: “Sobre la corrupción hay un tema cultural, lamentablemente”.
Pero llegó noviembre del mismo año y una investigación periodística del equipo de Aristegui Noticias reveló que Peña Nieto poseía una mansión en la colonia Lomas de Chapultepec, obtenida mediante un crédito con una tasa de interés más baja que en el mercado, otorgado por un contratista millonario de su propio Gobierno, Juan Armando Hinojosa Cantú. Se le quedó el mote de “Casa Blanca”. Los escándalos vinieron en cascada. El Presidente también tenía otra casa otorgada por la familia San Román. Además, como fichas de dominó, cayeron los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte; Chihuahua, César Duarte y Quintana Roo, Roberto Borge.
Así, en 2016, con un cúmulo de escándalos en sus espaldas y presionado por organizaciones civiles, el Gobierno de Peña Nieto inició una nueva etapa en la historia de la lucha en contra de la corrupción con la promulgación de las leyes para fundamentar el Sistema Nacional Anticorrupción, que sepultó a la comisión que había planteado al principio. Pero se trataba de un edificio legal tan alto que ni los activistas que lo impulsaron, ni los mismos protagonistas, ni el propio Presidente creyeron que fuera a estar listo antes de las elecciones presidenciales de julio de 2018.
El plazo para que empezara a operar el sistema vencía el 18 de julio; de modo que arrancó con esqueleto, pero sin pies, ni extremidades, ni cabeza. Faltó el nombramiento de la pieza estelar: el fiscal anticorrupción. En consecuencia, Peña Nieto entregó su administración sin instancias para combatir la corrupción.
(Fuentes: datos hemerográficos, ONG Yo contra la Corrupción)
