Por lo menos cinco gobernadores, cuatro de ellos ya fuera del cargo, crearon organismos de transparencia “a modo” y para blindarse contra la rendición de cuentas luego de dejar el poder, lo que es una muestra clara del desprecio de la clase política a la legitimidad, coinciden organizaciones como Artículo 19 y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Otros expertos destacan también la colaboración de los legisladores de congresos locales con sus gobernadores para contribuir en el círculo vicioso del encubrimiento. Estos mandatarios, dicen, no tuvieron ni tienen interés alguno por eliminar la opacidad y, por eso, intentaron armar sus organismos de transparencia transexenales con amigos y cercanos.
Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).– El Congreso del Estado de Puebla inició la semana pasada los nombramientos de los integrantes del nuevo Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que sustituirá a la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP).
Y, entre los recién elegidos por los legisladores locales, quedaron tres funcionarios del anterior CAIP, que continuarán con sus funciones a partir del 6 de enero de 2017 y trascenderán el actual sexenio a cargo del Gobernador panista Rafael Moreno Valle.
“Expresamos nuestra preocupación ante la posible cooptación del órgano garante, a partir de un proceso que nuevamente está viciado de origen y que no genera las condiciones necesarias para que los nombramientos que emanen de este cuenten con legitimidad de origen, generando desconfianza ciudadana y nulificando la posibilidad real de independencia de un órgano constitucionalmente autónomo”, planteó un comunicado firmado el pasado 6 de diciembre por una veintena de organizaciones de la sociedad civil.
Entre los vicios denunciados, las organizaciones –entre ellas Artículo 19 o el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY)– mencionaron la reducción en los plazos para convocar y evaluar a los aspirantes, así como a la desatención del Poder Legislativo poblano a su propuesta para que un panel de expertos evaluara los perfiles y “contribuyera a generar las condiciones para que los nombramientos contaran con legitimidad”.
La preocupación, advirtieron, era que los aspirantes no sólo carecieran de experiencia, sino que fueran –como señalan los medios locales que ocurrió con los recién nombrados– cercanos al Gobierno del estado.
Riesgo, agrega Enrique Cárdenas Sánchez, director del CEEY y uno de los firmantes del pronunciamiento, que tiene antecedentes en esa entidad, donde en 2015 se aprobó el nombramiento de un Fiscal General con vigencia por siete años; es decir, que también trascenderá a Moreno Valle.
“Hemos visto es que en los diversos nombramientos o formas de nombramientos de puestos clave, como fue el Fiscal General (…), que fue a la misma persona que había nombrado el Gobernador Moreno Valle en un artículo transitorio que decía: ‘la primera persona que va a estar aquí es la que ya está’; entonces, ahí lo estás dejando por siete años”, explica Cárdenas Sanchez en entrevista.
“Y después, también, viene el nombramiento de los jueces, de los magistrados que va a haber en el Tribunal de Justicia Administrativa, que verán los casos de corrupción, y también son nombrados por el Gobernador, por una vigencia de 12, 13 y 15 años los primeros tres, con el puro visto bueno de la mitad del Congreso, sin ningún otro tipo de escrutinio”, agrega.
Lo mismo ocurre con el Fiscal Anticorrupción, dice Cárdenas, nombrado por el actual Fiscal General y sólo sujeto a la objeción del Congreso.
“Alguien podría decir: ‘son detalles’, pero no son tan detalles: se está viendo que hay un ‘fichaje’, por decir, de puestos clave. Imagine tener fiscales y jueces de su lado. Entonces, es lo que estamos viendo en algunos sistemas”, planteó Cárdenas.
“BLINDAJES” Y DEUDAS
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Al menos otros cuatro hoy ex Gobernadores –tres priístas y un panista– trataron este año de incidir en los organismos estatales clave en materia de transparencia y combate a la corrupción que obliga a crear la nueva Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
De acuerdo con ésta, publicada el 18 de agosto, las 32 entidades federativas deberán replicar las nuevas instituciones que formarán parte del sistema federal, como Fiscalías Especializadas de Combate a la Corrupción y Tribunales de Justicia Administrativa, entre otras.
Y, como hizo Moreno Valle, los gobernadores Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo trataron de incidir en el nombramiento de los titulares.
Primero ocurrió en Chihuahua, en marzo pasado, cuando la organización juarense Mesa de Seguridad (formada en 2010, en el marco del Programa Todos Somos Juárez) anunció que propondría al aún Gobernador priísta César Duarte Jáquez que, antes de terminar su administración, dejara lista la Fiscalía Anticorrupción.
“En la Mesa de Seguridad estamos muy conscientes de que la corrupción fue lo que llevó a Juárez a convertirse en la ciudad más peligrosa del mundo”, dijo el empresario juarense Jorge Contreras Fornelli, entonces presidente de la organización, que aglutina a ciudadanos e instituciones de gobierno.
“En el origen estaba precisamente el problema tan grave de la corrupción, sobre todo en las instituciones responsables de darnos seguridad pública”, agregó.
La propuesta se convirtió en “iniciativa con carácter de decreto” en cuestión de semanas y, el 7 de abril siguiente, César Duarte pidió al Congreso modificar del artículo 122 de la Constitución local para permitir el establecimiento de la nueva Fiscalía.
“La corrupción tiene un alto impacto dentro de la vida política y social de un país, ya que reproduce y consolida la desigualdad social. Respecto al aparato administrativo, lo mantiene ineficiente y genera formas abusivas de intermediación. Todo esto conduce a la pérdida de credibilidad en el Estado y a la erosión de la legitimidad necesaria para su funcionamiento adecuado. Además, genera que amplios sectores de la sociedad sufran un proceso de mayor exclusión social y política, que los obliga a incorporarse a los sectores informales”, expuso Duarte Jáquez en su exposición de motivos
“Esta administración tiene el compromiso de reafirmar en todos los ámbitos la convicción para combatir la corrupción abatiendo toda práctica de impunidad. Con la creación de un órgano especializado en la investigación y persecución de los delitos relacionados con hechos de corrupción de competencia estatal, daremos cumplimiento a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, y nosotros al ser parte de una federación, nos sumamos a este combate frontal a la corrupción”, agregó.
La iniciativa fue aprobada el 21 de abril siguiente, cuando el Congreso local decretó también que el titular de la nueva Fiscalía Anticorrupción sería nombrado y removido por el Fiscal General del Estado y que el Gobernador “les extenderá su nombramiento”.
Una medida similar fue aprobada en mayo siguiente en el Estado de Veracruz, donde a petición del hoy ex Gobernador priísta Javier Duarte de Ochoa, el Congreso estatal también modificó su Constitución Política con el fin de albergar una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cuyo titular permanecería en el cargo cinco años.
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Y el 29 de junio siguiente, el también entonces todavía Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, intentó en los últimos días de su sexenio crear el Tribunal de Justicia Administrativa y asentar los términos del nombramiento de su titular.
“Por esta única ocasión, el primer Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado que se designe por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, fungirá como Presidente del Tribunal para el primer período (seis años)”, dice el segundo transitorio del decreto 414 publicado por Borge.
Los tres gobernadores priístas, además, aparecen en los primeros lugares de endeudamiento reportado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP).
“Las cinco entidades federativas con mayor deuda como proporción de las Participaciones Federales son Quintana Roo (269.5 por ciento), Coahuila (261.5 por ciento), Chihuahua (228 por ciento), Nuevo León (220.6 por ciento) y Veracruz (133.31 por ciento)”, expuso el Diagnóstico de la Deuda Pública de las Entidades Federativas publicado por el Congreso de la Unión en abril pasado.
“Los porcentajes de los primeros cuatros estados anteriores son relativamente altos; estos estados y municipios tendrían que erogar al menos durante dos ejercicios fiscales el total de sus Participaciones Federales para hacer frente a las obligaciones financieras. Cabe resaltar también que estas cuatro entidades federativas, aunque en diferente orden, son también las cuatro entidades con mayor nivel de deuda por habitante”, agregó el reporte.
El Gobierno Moreno Valle, de acuerdo con una revisión de agosto pasado de Auditoría Superior de la Federación, acumuló la mayor cantidad de deuda (más de 16 mil millones de pesos) adicional a la registrada ante la SHCP.
Y Javier Duarte de Ochoa, además, fue encontrado en febrero pasado como el mandatario con la mayor cantidad de recursos públicos de origen federal y sin explicación (más de 35 mil millones de pesos), también detectados por la Auditoría Superior de la Federación.
PREVIENDO EL CASTIGO
En junio pasado, los candidatos del Partido Revolucionario Institucional a los Gobiernos de Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz fueron derrotados por sus contendientes de oposición; en las dos últimas entidades, por primera vez en la historia del tricolor.
La corrupción atribuida a los mandatarios salientes fue considerada como el motivo de la derrota y, en previsión de un castigo también en la elección federal de 2018, una corriente interna del PRI nacional solicitó la expulsión de los tres mandatarios señalados, lográndolo sólo en el caso de Duarte de Ochoa, ahora además prófugo de la justicia.
La Presidencia de la República, por su parte, ordenó a la Procuraduría General de la República detener los organismos anticorrupción creados en las tres entidades y, el 11 de julio, presentó acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que las aprobó en los meses siguientes.
El argumento, en el caso de Chihuahua y Veracruz, fue que los Congresos locales y los Gobernadores no esperaron “la publicación de las leyes generales que establecen el Sistema Nacional Anticorrupción”.
Y, en el de Quintana Roo, que el decreto de Borge incidía en el Sistema Nacional Anticorrupción, “específicamente, en lo concerniente a la estructura y competencia del Tribunal de Justicia Administrativa local”, entre otros.
“La corrupción está en el ojo del huracán en varias entidades”, dice el abogado Ricardo Corona, investigador de temas de finanzas y transparencia del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). “Y ese es el reclamo: que (los nombramientos) no pueden ser de manera unilateral. (…) Es el antecedente para tratar de impedir hacer los nombramientos sin un contrapeso que asegure la calidad de las personas”, agrega.
La lucha mexicana contra la corrupción, sin embargo, está enfrentando las resistencias propias de un sistema que se ha beneficiado de ella, dijo en entrevista previa el analista e historiador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, José Antonio Crespo.
Y aun ante la difusión de los recursos de inconstitucionalidad promovidos contra los estados mencionados, el mandatario saliente de Sinaloa –panista cuyo partido también perdió la elección en junio–, trató en agosto pasado de dejar nombrados a los integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa.
“Permite que los Magistrados que actualmente se encuentran en funciones en el Tribunal de Justicia Administrativa puedan ser ratificados y adquieran inamovilidad en el cargo, contraviniendo la intención del Constituyente federal, en el sentido de que los Magistrados en funciones, exclusivamente podrán continuar por el tiempo que hayan sido nombrados”, argumentó en este caso la PGR, al interponer la cuarta acción de inconstitucionalidad contra algún organismo anticorrupción.
Controlar los nombramientos de las personas que ocuparán las instituciones encargadas de los Sistemas locales anticorrupción, coincide Corona, invalidaría cualquier esfuerzo por realmente investigar y castigar los casos.
“Si no se pone atención en la calidad de los perfiles, y luego nos brinca el dato de que el contralor o Fiscal era cercano o había conflicto de interés, te das cuenta que era una designación amañada o con la estrategia de buscar alguna protección”, dice.
