Por: Natalia Pérez Cordero*

El pasado 14 de noviembre las organizaciones[1] que integramos el Observatorio contra la Tortura presentamos, por segundo año consecutivo, el Informe de Hallazgos en materia de prevención y combate a la tortura de acuerdo con las obligaciones derivadas de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos y Penas, Crueles, Inhumanos y Degradantes (OTPCID).

El Observatorio contra la Tortura es una coalición de organizaciones que desde el año 2019 nos congregamos para monitorear la implementación de la ley especializada en la materia, por lo que gracias a la información obtenida a través de solicitudes de acceso a la información realizadas a las distintas dependencias obligadas se generaron indicadores que nos permiten observar en todos los estados del país y en el ámbito federal qué tanto se ha avanzado en la erradicación de esta grave violación a los derechos humanos.

Los indicadores están centrados en identificar los avances en cuanto al combate a la impunidad de los delitos sancionados por la Ley General. A partir de ellos podemos observar en el Informe el número de denuncias existentes frente al número de sentencias condenatorias; número de quejas frente a las recomendaciones emitidas; cuántos estados ya cuentan con una fiscalía especializada en la materia o cuántos peritos tiene cada entidad para dar respuesta a las solicitudes para practicar dictámenes médicos psicológicos, como una de las pruebas que permite acreditar la existencia de tortura en un determinado caso. Asimismo, el Observatorio ha monitoreado los avances y los pendientes en la implementación de las políticas públicas cuya creación está ordenada por la Ley para prevenir este delito, por lo que el Informe de Hallazgos 2023 nos muestra un amplio panorama de la actuación del Estado para combatir la tortura, pero también de las omisiones y de los pendientes en la materia.

• Principales hallazgos del año 2023:

La edición del Informe de Hallazgos 2023 permite ver una muestra comparativa de la incidencia del delito de tortura y OTPCID del año 2019 al 2023, temporalidad en la que se iniciaron 26,972 expedientes de investigación a nivel nacional, siendo el año 2019 y el 2022 los años donde mayores casos se reportaron, 7,525 y 6,211 respectivamente. Y aunque en el 2023 hubo una disminución del 25% del registro de casos (4,592) en relación con el 2022, los índices de impunidad siguen prácticamente igual, pues el número de judicialización sigue siendo extremadamente bajo en comparación con las denuncias interpuestas. En el 2023 a nivel nacional se inició un procedimiento ante un juzgado penal en sólo 18 expedientes (0.39%) mientras que en el 2022 fueron judicializadas 82 carpetas de investigación (1.31%).

A nivel estatal, a pesar de que en el 2023 las fiscalías fueron las más denunciadas (44%), no se identificó ningún caso judicializado en contra de personal adscrito a estas dependencias. En segundo y tercer lugar las autoridades que más fueron señaladas por cometer el delito de tortura son el personal de las Secretarías de Seguridad Pública Estatal seguido de elementos municipales a cargo de la seguridad pública. En el ámbito federal, la mayor incidencia en la comisión de esta grave violación a derechos humanos se cometió por agentes del Estado adscritos a la Secretaría de Defensa Nacional, incluida la Guardia Nacional, según información registrada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En relación con la emisión de sentencias penales en el año 2023 hubo ocho resoluciones condenatorias y una absolutoria, las cuales se dieron dos en el estado de Puebla, dos en Quintana Roo y cinco de ellas se emitieron en el ámbito Federal. De esta información facilitada por los poderes judiciales, se contabilizaron un total de 4 personas condenadas, dos de las cuales pertenecían a la policía municipal. Este bajo número indica que menos del 0.19% de los casos logran obtener una sentencia que condene los actos de tortura, haciendo de la impunidad la regla y de la justicia una excepción.

Por otro lado, en cuanto al acceso a las medidas de asistencia, ayuda y reparación integral del daño que proporcionan las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas (CEAV), de los 4,592 casos registrados en el 2023, sólo 259 víctimas en todo el país pudieron obtener su registro ante estas comisiones, la gran mayoría fueron inscritas en la CEAV federal (188 víctimas), lo que refleja las dificultades a las que se enfrentan las víctimas para acceder a la asesoría jurídica gratuita, a las medidas de atención médica y psicológica, asistencia social y a las medidas de reparación integral que proporcionan estas comisiones.

• Retos y pendientes para la actual administración:

El gran pendiente sigue siendo la publicación e implementación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura (PNT), que es la política pública que busca impulsar la coordinación interinstitucional para el combate a la tortura en sus distintos contextos. y pese a que se interpuso un amparo en contra de la omisión de su implementación, el cual aún se encuentra en trámite, a la fecha no se ha publicado dicho Programa. Aun cuando existe una Estrategia Nacional contra la Tortura que se intentó impulsar desde la Secretaría de Gobernación en el año 2023, dicho programa no cuenta con los estándares internacionales exigidos por la ley y por la normativa internacional; por lo que puede ser una oportunidad para esta nueva administración retomar los trabajos previos que existen para la creación del PNT y construir una política integral, que visibilice y trabaje en todos los contextos donde se producen prácticas o entornos torturantes y que pueda contar con la participación de la sociedad civil y las víctimas que han sido afectadas por esta grave violación a derechos humanos.

Por otro lado, si bien el Registro Nacional de Víctimas de Tortura, contabiliza las denuncias en materia de tortura y OTPCID, también busca identificar patrones de actuación en la comisión de estos delitos a fin de establecer políticas de prevención; sin embargo, no es claro de qué manera dicha información  se está usando como una herramienta de investigación, de contexto y de prevención del delito, por lo que, hace falta reforzar esta política para que pueda cumplir con los objetivos establecidos en la Ley General contra la Tortura.

Atendiendo al contexto actual, vislumbramos dos grandes retos, el primero tiene que ver con un posible retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas ante la inminente desaparición de los órganos autónomos como el INAI, que gracias a dicha dependencia el Observatorio ha podido tener acceso a la información en poder de los estados y la federación para evaluar el cumplimiento de sus obligaciones legales.

El otro gran reto que identificamos es la reforma judicial y los impactos que podría tener en cuanto a un atraso mayor en el acceso a la justicia de aquellos casos que podrían estar en condiciones de judicializarse o de emitir una sentencia. En particular, aquellos en los que se ha recurrido al juicio de amparo como una medida para resguardar sus derechos dentro de las investigaciones penales o ante la negativa de las autoridades ministeriales de judicializar los casos, o en sus intentos por cerrar las investigaciones sin una investigación diligente de por medio, lo que puede profundizar el ya de por sí bajo número de judicializaciones y sentencias acusatorias, que mantiene en impunidad a la gran mayoría de los casos.

Finalmente, aunque reconocemos que ha habido avances en cuanto a la implementación de la Ley General contra la Tortura, el número de denuncias sostenidas anualmente reflejan que sigue siendo una práctica sistemática cometida por autoridades de todos los ámbitos de gobierno, que la impunidad impera para algunas instituciones más que para otras, que grupos en situaciones de vulnerabilidad también son víctimas de esta grave violación a derechos humanos y que, mientras no se erradique de manera definitiva, el Estado tiene que seguir enfocando sus esfuerzos y recursos técnicos, humanos y presupuestales para combatir la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes y reparar integralmente a las víctimas que han sufrido este crimen de Estado.

* Natalia es investigadora en el programa de Derechos Humanos y lucha contra la Impunidad de @FundarMexico

[1] Las organizaciones integrantes del Observatorio son Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Pro), Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD), Documenta- Análisis y Acción para la Justicia A.C. (Documenta) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C. (Fundar), con el acompañamiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Para más información consultar: https://sintortura.org/

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