José Alberto Nava Palacios es el Alcalde suplente de San Miguel Totolapan, Guerrero. El miércoles 5 de octubre de este 2022 fue herido cuando un comando de mafiosos tomó por asalto el municipio y asesinó a 20 personas, entre ellos al Alcalde, Conrado Mendoza, al director de la policía, a su padre y a otros funcionarios que se encontraban en una reunión oficial.

A Nava Palacios lo sacaron del municipio para recibir atención médica en otro lugar. No se ha vuelto a saber de él, por cuestiones de seguridad. Pero lo que sí ha dejado claro desde donde esté convaleciendo, es que no quiere tomar posesión del cargo de presidente municipal de San Miguel Totolapan, Guerrero. Como muchos otros ciudadanos, quedaron traumatizados por el ataque mafioso del 5 de octubre.

Distintos reportes periodísticos presentan testimonios de residentes de aquella localidad en la conocida como Tierra Caliente guerrerense. Los pobladores no quieren salir de sus hogares, cualquier ruido los sobresalta, los negocios pequeños van en picada ante la falta de clientes y ciudadanos en las banquetas. La masacre que se adjudicó el grupo criminal Los Tequileros los dejó marcados. Y no hay justicia. A más de 15 días de sucedido el cruento evento, siguen solicitando la presencia del Ejército, o de la Guardia Nacional.

En el Congreso del Estado de Guerrero no han designado Alcalde sustituto. Están esperando recibir formalmente la negativa del Alcalde suplente a asumir el rol para nombrar a un presidente municipal sustituto de entre una terna que enviaría la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Y aunque quien fue candidato de Morena y perdió la Alcaldía ha levantado la mano para asumir el cargo del primer edil, se sabe que el PRD, partido al que pertenecía el Alcalde asesinado, pretende pugnar para que el sustituto salga del mismo instituto político.

Desafortunadamente el caso de San Miguel Totolapan, Guerrero no es el único. Otros muchos pueblos y municipios permanecen desiertos o traumatizados por masacres.

Si consideramos únicamente las últimas tres, entre el 28 de septiembre y el 15 de octubre, en 17 días, en tres masacres han asesinado a 38 personas, entre ciudadanos, funcionarios y oficiales.

El 28 de septiembre en Calera, Zacatecas, mientras se ejercitaban en una unidad deportiva, cinco policías fueron atacados a balazos por un comando armado. Cuando llegaron los refuerzos, los criminales alcanzaron a asesinar a uno más, se trataba del director de la Policía, dejaron además herido al subdirector y dos elementos más. Ningún grupo criminal se adjudicó el sangriento ataque. No hay justicia.

El 5 de octubre las 20 personas asesinadas en Guerrero, incluido el Alcalde y varios de sus funcionarios, en San Miguel Totolapan, Guerrero, el caso narrado al inicio de esta columna.

Hace unos días, el 15 de octubre, 12 personas fueron masacradas cuando se encontraban a las 8:30 de la noche en un centro botanero o bar en Irapuato, Michoacán. Un comando asesino llegó al lugar y disparó a mansalva. Contra todos sin distingo, fuesen empleados del lugar a concurrentes que estaban ahí para esparcirse un sábado por la noche.

Dejaron ríos de sangre que al día siguiente los lugareños limpiaron con lo que pudieron en banquetas y calles porque hasta allá corrió. Mataron a seis hombres y seis mujeres. El caso sigue en investigación, sin justicia.

Las masacres cada vez más frecuentes en México, tienen origen en la impunidad y la corrupción que el Estado Mexicano provee a las organizaciones criminales. A la falta de una investigación ministerial científica, apropiada, para investigar, detener y presentar a los asesinos; también en el abandono del gobierno de la República en las entidades federativas donde no explaya una real e integral estrategia de combate a la criminalidad organizada, por seguir limitado a una simplona premisa de “abrazos, no balazos”.

La persecución del narcotráfico, sea en Guerrero, en Zacatecas, en Michoacán, le corresponde tanto a la Fiscalía General de la República, como a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, así como al gobierno federal, pero nada, ninguna de las tres instituciones ha presentado un plan, un proyecto, un programa, una estrategia, para disminuir los índices de violencia en México y acabar con las masacres. Ni Alejandro Gertz, ni Rosa Icela Rodríguez, ni el presidente Andrés Manuel López Obrador, enfrentan el problema. Se remiten a informar de estadísticas que acomodan a su conveniencia y que son presentadas por el subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía, más concentrado en lograr la candidatura de Morena para gobernar Coahuila, que en elaborar estrategias de combate a la inseguridad y la violencia en el país.

Mientras el tema de las masacres, y de la inseguridad y la violencia en general, siga siendo ignorado por el presidente de la República, sus colaboradores y el Fiscal General, descansando su conciencia en la militarización de la seguridad pública y la presencia de la Guardia Nacional, seguirán ocurriendo, pues comprobado está que el patrullaje militar por las calles de Guerrero, de Zacatecas, de Michoacán, de Baja California, Chihuahua o Sinaloa, no ha disminuido ni la violencia, ni el trasiego de droga, ni los homicidios. Mucho menos la percepción de inseguridad entre mexicanos aterrorizados por lo que ya parece cotidiano, y que les impide tomar posesión de cargos, salir en su ciudad, así como los obliga a resguardarse en sus hogares.

Adela Navarro Bello

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