La nueva administración priísta de León, que regresa al poder en la más importante ciudad del Bajío tras 24 años de ayuno político, vivió en esta semana su primera prueba de fuego ligada a dos temas que serán críticos en los próximos tiempos: la actuación de las fuerzas de seguridad pública y la mezcla de política y futbol.

Tras titubeos iniciales, la alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez, quien ocupa a sus 46 años su primer cargo ejecutivo tras una intensa carrera partidista de más de una década, logró ejercer un control de daños eficiente con un giro de 180 grados en su discurso y la aceptación de que lo ocurrido en las gradas del estadio León, el pasado sábado 13 de octubre, fue inaceptable.

Ese día, un destacamento de la policía preventiva de León que tenía como encargo resguardar la seguridad de la porra del equipo visitante, Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, incurrió en graves abusos y agresiones injustificadas al desalojar a los fanáticos regios media hora antes de la terminación del partido.

Hay que señalar que la opinión pública nunca cargó la responsabilidad de lo ocurrido en la cuenta de Botello y sí lo hizo en la de su antecesor, el panista Ricardo Sheffield, quien había dejado el cargo apenas cuatro días antes de los hechos y heredó una corporación indisciplinada, ineficiente y, para colmo, prepotente.

En las primeras 24 horas posteriores a los sucesos, antes de que se conocieran a detalle las imágenes grabadas por diversos medios de comunicación, el alcance de los hechos no fue aquilatado por el equipo político y de comunicación de la alcaldesa.

Incluso, las primeras quejas de los aficionados visitantes y de integrantes del equipo Tigres, fueron respondidas con ligereza y autosuficiencia: “Hay que aprender a perder”, dijo la  funcionaria el lunes por la mañana cuando ya algunos noticieros deportivos habían empezado a elevar el tono de las críticas.

Fue la aparición de la noticia, la tercera en importancia, en el informativo nocturno de Joaquín López Dóriga ese mismo lunes, lo que prendió todas las alarmas. Cinco minutos de imágenes donde la policía de León se solaza macaneando, empujando, pateando y sometiendo a inermes fanáticos futboleros, más un par de comentarios ácidos del conductor estrella de Televisa, escalaron el tema a nivel de crisis en una administración apenas en ciernes.

En el imaginario estaba el antecedente de los videos sobre los entrenamientos que llegaban a nivel de tortura de los cadetes policiales de León, en el gobierno de Vicente Guerrero Reynoso, los mismos que se convirtieron en un episodio de desprestigio que marcó a esa administración para la historia.

Todavía el martes, en el mismo noticiero de López Dóriga, el tema se mantuvo en tono corrosivo para la priista Botello, no tanto por la responsabilidad de la artera actuación policial, como por su desaprensión declarativa sobre el tema y su intento de negar sus primeras reacciones o de acusar a la prensa de magnificación y descontextualización.

Hay que profundizar, en medio de este maremágnum, sobre algunas de las nada ocultas motivaciones de las dos principales cadenas de televisión nacional, para abordar el tema con tanta beligerancia: no resulta ningún secreto la rivalidad que se ha introducido al escenario futbolístico por la incursión empresarial de Grupo Carso, de Carlos Slim como un nuevo jugador, al adquirir participaciones en Grupo Pachuca, dueño de los equipos Tuzos y León.

La guerra por la telefonía, complicada por la batalla por la tercera cadena de televisión nacional, llega ahora al terreno deportivo. León rechazó la oferta de transmisiones de sus juegos hecha por TV Azteca y en cambio firmó con Fox Sports, Telemundo y varios canales de Internet, rompiendo el duopolio que hasta ahora había dominado en ese aspecto.

La circunstancia de un episodio de violencia ocurrido en una cancha que ha rechazado la presencia de Televisa y TV Azteca, fue un bocado de cardenal para estos dos poderos consorcios. El hecho fortuito de que el detonador del suceso haya sido una corporación policial fue lo de menos, el tema estaba servido por tratarse de un club con la historia reciente del León.

Esa lectura no pareció estar en la mente de los asesores de la presidenta Botello en una primera instancia, pues al tratar de ponerse la camiseta del León en busca de quedar bien con la afición de casa, se vieron envueltos en un intercambio de fuego entre intereses de más alto nivel.

La lección fue finalmente aprendida al tercer día y seguramente no sin ayuda proveniente de esferas como el comité nacional del PRI o el propio equipo de transición de Enrique Peña Nieto, ayudas que se vuelven evidentes en la cómoda y amable entrevista que el propio López Dóriga le realizó a la alcaldesa de León en su noticiero radiofónico al mediodía del miércoles pasado.

Botello, con la aprobación del renombrado periodista, ofreció disculpas por la actuación de su policía, reconoció los excesos y anunció medidas drásticas para castigar a los responsables y evitar esa conducta en el futuro.

El control de daños funcionó a la perfección, pero, además, permitirá a Bárbara Botello reconducir un tema que fue fundamental en su campaña y que no había aparecido como prioridad en la transición y en sus primeros nombramientos: la recomposición de fondo de una policía que se ha caracterizado por su comportamiento violento, prepotente y carente de protocolos.

Desde los integrantes de #YoSoy132 León, pasando por el maestro que pagó con cárcel el atrevimiento de besar a su esposa en una plaza pública, hasta periodistas y manifestantes de diversas agrupaciones, pagaron en carne propia la arbitrariedad y los excesos de un cuerpo de seguridad que tienen en su haber una importante participación en las causas profundas de la derrota panista del pasado primero de julio, que dejó atrás un cuarto de siglo de hegemonía absoluta.

Ahora, tras los acontecimientos, ya no es sólo el compromiso de campaña, sino también una obligación adquirida ante la opinión pública nacional, la reforma de una policía que estuvo convertida durante los últimos años en una amenaza para los ciudadanos a los que debía cuidar.

Si así ocurre, el episodio del estadio y la lamentable vergüenza nacional a que sometió la gendarmería leonesa a los habitantes de Guanajuato, habría tenido un saldo positivo.

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Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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