“La guerra por México y sus recursos comenzó cuando los milicos dejaron sus cuarteles y comenzaron a hacer labores de policía”.

«Habitante de la Frontera Chica»

Entrevista, 1 de septiembre de 2013,

Camargo, Tamaulipas

La discusión con relación al tema de la Guardia Nacional en México y su incorporación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se ha tornado más que desafortunada; ha tomado una dimensión peligrosa y se ha nutrido de un discurso deshonesto y nada ético alimentado por acrobacias políticas que defienden lo indefendible. Algunos de los que creyeron en una verdadera transformación de México con seguridad y sin militares en las calles eventualmente se ubican ahora en una encrucijada en la cual prevalecen la disciplina partidista y los acuerdos con los corruptos y los oportunistas (pienso en el caso de Alejandro Moreno y su bancada priista).

Además, el sectarismo y la arrogancia parecen dominar la lógica oficialista—apoyada eso sí, y hay que reconocerlo, por una mayoría que verdaderamente cree en su Presidente. Nos encontramos ante una situación en la cual la retórica emocional desde el poder político actual descalifica cualquier argumento que contradice la lógica del desafortunado actuar de un Gobierno que prometió la paz y hoy nos ofrece una Guerra disfrazada de policía militar—aunque digan lo contrario. Nos encontramos enfrascados en una narrativa tramposa, repleta de contradicciones y ejemplo claro de oxímoron, que nos quiere distraer con discursos estériles, llenos de emoción y carentes de sustancia y de documentación.

No me sorprende entonces la actitud condescendiente y bonachona del Embajador estadounidense en México para con nuestro Presidente, pues está en su total interés la decisión del popular inquilino de Palacio Nacional. El Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) encabezado por Andrés Manuel López Obrador goza de un gran apoyo y legitimidad derivados de un pésimo y grotesco manejo del país por parte de las élites en gobiernos anteriores y de políticas que beneficiaron a unos cuantos y en especial al gran capital transnacional. El enorme carisma del Presidente mexicano parece ser piedra angular de un proceso de alegada “transformación” que conecta al líder político con el pueblo, con su gente, y que distribuye ingresos gobernando para los “pobres” supuestamente “primero”.

Esa aspiración, según los críticos, parece distanciarse de la realidad nacional. La transformación social verdadera parece no estar tan cerca en un país en el que siguen dominando los oligarcas y las familias “selectas” más ricas de México. Hablo de un país en el que familias como la de Carlos Slim parecen gozar de la venia y los favores del Presidente—y un ejemplo reciente es su silencio conveniente con respecto al conflicto laboral en Telmex. Hablo también de un país en el que no hubo reforma fiscal por presiones quizás del sector empresarial (pienso en la industria del tabaco, el alcohol y las refresqueras, quienes no pagarán mayores impuestos en época de crisis, sólo por dar algunos ejemplos—véase https://contralinea.com.mx/interno/semana/en-paquete-economico-2023-no-habra-mas-impuestos-ni-aumentos-amlo/). Por otro lado, en México parece seguir reinando el influyentismo (pongo como ejemplo el caso de LitioMx) y la corrupción parece seguir siendo la madre de muchos procesos.

Roma no se hizo en un día, pero se fue construyendo. A veces pareciera que se encuentra en pausa la transformación de México. En las áreas de procuración de justicia, seguridad y combate a la corrupción y la impunidad las fallas son más que evidentes. El tema de la seguridad es quizás el más complejo, ahora que se planteó que los militares dominarían las tareas de seguridad pública en el país sin miras a crear una policía de carácter civil ni hoy, ni mañana y pareciera que nunca jamás. No se esboza ningún plan de cambio, sólo la consolidación de una Guardia Nacional de origen y carácter castrense—no obstante lo que alegan los defensores de la retórica oficial. Se asumió el fracaso por siempre de las policías y se exaltó la tarea de los militares, que es lo que aparentemente “pide y quiere el pueblo”. El discurso oficial no reconoce matices, genera aspiraciones sin sustento y manipula las narrativas al tiempo en que construye un oxímoron tan obvio que hasta ofende: «la construcción de la paz en manos absolutas de las fuerzas castrenses».

En mi carrera hay dos o tres temas que conozco con cierta profundidad: el tema de la seguridad, la migración y el sector energético (vinculado al avance del militarismo en México). Sobre el tema de la seguridad—y después de amplia investigación de campo por el territorio nacional—fui crítica primordial de las labores del Ejército en el área de la seguridad pública en las administraciones anteriores desde la llegada de Calderón a la presidencia de México. Documenté en varios textos el avance de las fuerzas armadas y su impacto negativo en la seguridad del país, así como sus efectos multiplicadores del paramilitarismo criminal y el desplazamiento de comunidades de tierras estratégicas y ricas en recursos naturales.

No se me olvidan las entrevistas que realicé en la Frontera Chica de Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Tabasco y Veracruz. Recuerdo bien una conversación con familias de San Fernando, Tamaulipas donde me aseguraron que los militares llegaron antes que Los Zetas—la cual planeo transcribir en un texto posterior. Los años de Calderón los documentamos en varios textos; también algunos desarrollos en el tema de la seguridad en los años de Peña Nieto. Las labores de la Sedena y la Secretaría de Marina no fueron ejemplares, ni de cerca. Basta un seguimiento de lo que sucedió en esos años y de lo que ha sucedido en los primeros cuatro años de este gobierno para criticar la propuesta del Presidente.

Sobre la reforma a la Guardia Nacional que se discute hoy en día y se seguirá discutiendo en los tiempos venideros debe hacerse un estudio mucho más profundo, que vaya mucho más allá de una columna de opinión. Lo que queda decir aquí es algo muy breve que debe ser ampliado en otro foro con mucha más profundidad y después de haber recopilado las evidencias que sustenten cada uno de los argumentos esbozados. Lo anterior es posible y llevará tiempo, pero debe realizarse y así se hará. No obstante lo anterior, hay ciertos puntos que quisiera comenzar a delinear:

En primer lugar, reconozco que no es posible retirar al Ejército de las calles ahora mismo, y no lo será hasta que no se combata con éxito a los grupos de paramilitares criminales que operan en varias regiones del país aterrorizando a nuestra gente. Reconozco también que las comunidades más afectadas por la violencia hoy en día en México piden a gritos la presencia de los militares. Por otro lado, me queda claro que la situación a la que se ha enfrentado el actual Gobierno de México es producto de una guerra fallida contra el “narco” y una militarización “por diseño” en el marco de la cooperación antinarcóticos con Estados Unidos—en específico, en el contexto de la Iniciativa Mérida (ahora Entendimiento Bicentenario). López Obrador heredó un país azotado por la violencia cuya espiral de crecimiento no se podía detener en cuatro años dadas las dinámicas de la militarización de la seguridad pública per se a la par de la militarización de la delincuencia organizada—parte por diseño y parte por la estrategia misma que inició Calderón y que continuó Peña Nieto.

Lo que sorprende es que en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada se haya decidido continuar e incluso extender una estrategia que ha resultado fallida a nivel nacional. Sorprende también la falta de memoria histórica en otros contextos. La ampliación del poder de los militares en países en desarrollo con fuertes limitaciones institucionales y altos niveles de corrupción nunca ha desembocado en algo bueno, sino en todo lo contrario. La experiencia de América Latina nos deja un sabor demasiado amargo. Es verdad que al parecer el Presidente mexicano se vio forzado a echar mano del Ejército para hacer su labor. Sin embargo, es un hecho que la labor no ha sido ejemplar y no parece existir un plan para mejorarla—y mucho menos un plan para hacer una verdadera reforma policial de carácter civil en apego a la Constitución mexicana. Los cambios propuestos por el Ejecutivo son, en mi opinión y en la opinión de muchos, meramente cosméticos y de carácter administrativo. Lo que sí es que formalizan el monopolio de la seguridad en México o su control bajo una sola institución: las fuerzas castrenses.

En este nuevo contexto, no parece existir un reconocimiento de la diferencia real entre seguridad pública y seguridad nacional. Ahora ambas áreas serán responsabilidad de las Fuerzas Armadas con todos los riesgos que ello conlleva y con los graves peligros que ello ha representado en México, en otros países y en otros contextos. Sorprende que no se reconozca—como muy bien lo expresó José Buendía Hegewisch—que esta es “una decisión de incalculables consecuencias que altera los equilibrios del sistema político” mexicano. ¿Cómo pedir cuentas cuando ya no hay pesos ni contrapesos en las labores de seguridad? Lo anterior se antoja escalofriante, cuando el monopolio del uso de la fuerza se reserva exclusivamente para una institución que tiene como mandato hacer la Guerra y cuya mística y misión es defender al país de intervención extranjera o de fuerzas externas mediante el uso de armas bélicas.

El discurso oficialista que defiende la decisión del Ejecutivo con relación a la Guardia Nacional—hablando de paz tramposamente—parece olvidar la experiencia que hemos vivido en México con el Ejército de siempre. Además, genera un discurso que con la excusa de hablar de una Guardia Nacional con cambios cosméticos y dirigido por otro Presidente (que “no es igual” a los anteriores supuestamente) exime a esta institución de los errores del pasado y del presente. Es verdad que, entre la población, la Guarda Nacional tiene una mejor percepción entre la gente. No obstante lo anterior, es preciso destacar que hablamos del mismo personal (con sus cambios y rotaciones normales) que lleva realizando las labores de seguridad pública en México en los desafortunados años recientes. El peligro de involucrar exclusivamente a personal militar en labores de seguridad pública es patente, no importando el cambio de nombre, liderazgo y uniforme.

La labor del Ejército siempre fue mejor evaluada que la de las policías federal, estatal y municipal. Ello quizás porque llevaba menos tiempo en el campo dedicado al tema de la seguridad pública, así como por la existencia entonces de pesos y contrapesos que aseguraban en la práctica mayor transparencia y rendición de cuentas al operar al mismo tiempo que las fuerzas civiles. ¿Quién nos dice que ellos no se corromperán sólo porque son fuerzas castrenses con un uniforme diferente? Sabemos que en México todas las fuerzas de seguridad que han luchado contra la delincuencia organizada han terminado vinculadas a ella. ¿Quién nos dice que la Guardia Nacional de López Obrador es ya de facto diferente, aunque hablamos de los mismos elementos? ¿Quién nos dice que nunca se corromperán como lo hicieron los chicos de Arturo Guzmán Decena al cambiarse el uniforme y entrar en contacto en el Golfo con Osiel Cárdenas Guillén? Recordemos que Los Zetas fueron militares. Eso no se me olvida y no se le puede olvidar a los demás, principalmente a quienes vivieron bajo el yugo de este grupo criminal.

En efecto, los miembros de las Fuerzas Armadas son los mismos de siempre y su actuar no ha estado exento de graves tropelías que van desde desapariciones forzadas y violaciones masivas a los derechos humanos, hasta actos de corrupción extremos. Destaco, por ejemplo, el tema del “huachicoleo”, cuya tremenda magnitud no hubiera sido posible sin la venia de las Fuerzas Armadas, quienes tienen como función el resguardo de la infraestructura estratégica de México. Tampoco olvido la extraña detención en Estados Unidos del General Salvador Cienfuegos Zepeda—otrora Secretario de la Defensa Nacional—y su investigación redactada en México, ni los reportes de supuesta vinculación con la delincuencia organizada de algunos elementos castrenses.

Considerando todo lo anterior, lo que más me sorprende es la promoción por parte del “oficialismo” (véase definición al final del texto) de una estrategia que fue, es y continuará muy probablemente siendo fallida a través de un discurso tramposo, pueril y hasta deshonesto. Sorprenden las acrobacias políticas—o “maromas” como dice la oposición (véase definición abajo)—de algunos voceros del oficialismo que, sin esbozar la menor crítica ante una peligrosa agenda, pintan un “mundo de caramelo” al desconocer el actuar del Ejército, de antes y de hoy y de otros contextos. Espero que dicho actuar penoso se explique por ignorancia y no por mezquindad u oportunismo en pos de su propia carrera profesional al amparo de un grupo que muy probablemente continuará en el poder durante el próximo sexenio.

Según el oficialismo “no somos iguales”. Reconozco que tenemos otro Presidente. También aprecio y reconozco la labor de quienes dan la vida por su país y están dispuestos a morir por su patria y por su gente. Pero ¿quién nos dice que sin pesos ni contrapesos para con el Ejército, no surgirán más Guzmán-Decenas, Heribertos Lazcanos o grupos criminales paramilitares como Los Zetas? Nunca olvido lo que nos dijo Don Artemio en Camargo, Tamaulipas, a Sergio Chapa y a mí: “La guerra por México y sus recursos comenzó cuando los milicos dejaron sus cuarteles y comenzaron a hacer labores de policía”. Se refería a Los Zetas. Y disculpen los que se sienten ofendidos y me llamen mezquina por expresar lo que siento y por compartir una experiencia desde que investigué a la nueva delincuencia organizada paramilitar en Tamaulipas—la cual tuvo sus orígenes en las fuerzas castrenses cuando se quitaron el uniforme azul Zeta y se volvieron policías.

Por ello expreso mi admiración por aquellos que—a diferencia de los que defienden tramposamente la militarización de México apelando al concepto de paz a través de una fuerza militar cuya existencia radica en la guerra misma—han realizado un trabajo honesto y conocen realmente del tema de la seguridad pues lo han trabajado por años y arriesgando la vida misma. Expreso mi reconocimiento a lo que dijo el otro día Ricardo Ravelo en la mesa de seguridad de Julio Astillero: “Mi función como periodista es cuestionar los hierros y desatinos del poder… En el momento en el que yo como periodista dejara de ejercer la crítica honesta, ya no tendría yo nada que hacer en el periodismo”. Pienso igual. Gracias, Ricardo.

Esperemos de verdad que aquellos colegas que repiten, sin reflexionar, la narrativa imposible de construcción de la paz en forma de oxímoron cuando en realidad hablamos de una institución que se nutre en el belicismo y en la guerra recapaciten. La militarización del país por medio de una guerra por diseño es lo que siempre quiso nuestro vecino del norte para resguardar sus inversiones, protegerse de agresiones por parte de otras naciones, defender su Doctrina Monroe y para extender su frontera hasta Guatemala y por todo el territorio nacional. Ellos parecen no haber vivido la guerra ni la zozobra de habitar en territorio controlado por narcos o criminales que algún día fueron militares. La historia no los absolverá.

Definiciones:

Según la Real Academia Española (RAE).-

“Oficialismo” se define como: 1) “Tendencia política de quienes apoyan al Gobierno”; 2) “fuerza que está en el poder”, y 3) “conjunto de personas de un partido o coalición de partidos que constituyen el Gobierno de un país”.

“Maroma” es: 1) “función de circo en que se hacen ejercicios de acrobacia” o 2) “voltereta política, cambio oportunista de opinión o partido”.

Guadalupe Correa-Cabrera

https://www.sinembargo.mx/author/guadalupe-correac/

Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Autora de Los Zetas Inc.

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