Phoenix, 19 Sep (Notimex).- Organizaciones civiles iniciaron una campaña de capacitación a los indocumentados en Arizona para que respondan a los cuestionamientos de la policía sobre su estatus migratorio ante la aplicación de la ley antiinmigrante SB1070.
La campaña, promovida por la organización de derechos civiles Respect-Respeto, recomienda a los indocumentados tratar de permanecer en silencio y proporcionar al agente de policía sólo la información que obliga la ley.
“Deseamos enseñar a la comunidad cómo defenderse, cómo estar preparados y tener confianza de que ellos (los inmigrantes) tendrán ayuda”, dijo Leticia Ramírez, una activista de la organización de derechos de los migrantes “Movimiento Puente” en Phoenix.
Ramírez, quien es indocumentada, inició la capacitación a quienes, como ella, carecen de estatus legal para permanecer en Estados Unidos.
Indicó que lo único que se debe informar a un policía es el nombre y la fecha de nacimiento y que no deben portar identificaciones o documentos que muestren dónde nacieron.
Además, varias organizaciones de derechos civiles se unieron para atender una línea telefónica gratuita para que las personas interesadas en informarse y capacitarse sobre los efectos de la ley, pueda recibir la ayuda adecuada.
Activistas en contra de la ley también solicitaron a los distintos Departamentos de Policía de las ciudades de Arizona no aplicar la disposición.
El martes, la juez federal Susan Bolton levantó de manera oficial la suspensión a la aplicación de una de las previsiones de la ley SB1070, que había permanecido impuesta desde el 28 de julio de 2010, un día antes del que se había previsto para su entrada en vigor.
La previsión, contenida en la Sección 2B, de la SB1070, fue la única ratificada por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos.
Autoriza a los policías el cuestionar sobre el estatus migratorio a una persona detenida que se sospeche está de manera indocumentada en el país, dado que no viola los derechos constitucionales de forma automática.
La anulación de la suspensión, autorizó a las autoridades de Arizona a comenzar su aplicación, tras dos años y cinco meses de que la SB1070 fuera promulgada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer.
