Manuel Vega tenía diez años y recuerda el color del vidrio de la ventana: era amarillo y era la ventana de la sacristía. Lo recuerda con terror porque era su punto fijo de observación mientras el padre Fidencio Silva lo violaba. El día de Pascua, el sacerdote le dijo a él y a un grupo de monaguillos que necesitaba hacer una alegoría de Cristo resucitado. Los llevó al altar, les pidió que se desnudarán, que se colocarán con los brazos abiertos y empezó a hacerles fotos. Les dijo con voz suave y solemne: “Recuerden que están modelando como Jesús crucificado”. Luego los fue violando, varias veces, durante años.
Han pasado 30 años y Manuel, de origen mexicano, se ha convertido en una de las grandes voces contra la pederastia clerical en Estados Unidos. Terminó con dificultad sus estudios y a los 17 años se enlistó en los Marines. Volvió condecorado por su heroísmo y decidió convertirse en detective del departamento de policía de Los Ángeles.
El padre Fidencio Silva de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Los Ángeles fue acusado por 32 niños. De nada sirvió, sus superiores lo protegieron y lo trasladaron para evadir la acción de la justicia. El sacerdote volvió a México donde sigue oficiando misa en San Luis Potosí.
El valiente testimonio de Manuel Vega fue fundamental para cambiar la ley en Estados Unidos a fin de perseguir penalmente los delitos sexuales del clero cometidos después de 1986. También ha sido fundamental para mostrar la forma de actuación del Vaticano en la protección sistemática de los sacerdotes pederastas alrededor del mundo. Y para intentar llevar al banquillo de los acusados al actual Papa: “Ratzinger es el gran encubridor”, dice durante un debate radiofónico en el que participamos la semana pasada luego de anunciarse la demanda contra Ratzinger por crímenes de lesa humanidad presentada ante la Corte Penal Internacional de La Haya por un grupo de víctimas de abusos sexuales.
Durante años, concretamente entre 1981 y 2005, Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, encubrió, ignoró, protegió y estímulo crímenes sexuales del clero católico contra niños y niñas. Su falta de intervención y negligencia, junto a la de cardenales y obispos a cargo de los agresores sexuales con sotana, han provocado más de 100 mil víctimas en los último 30 años.
La demanda presentada por el Centro para los Derechos Constitucionales y la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Sacerdotes consta de 10,000 páginas y equipara los crímenes sexuales del clero con crímenes contra la humanidad. La violencia sexual de sacerdotes católicos contra los más vulnerables ha existido por los siglos de los siglos; la diferencia ahora es que las víctimas se han animado a denunciar en busca de justicia y reparación. Esta demanda incluye casos de Alemania, Estados Unidos, Holanda y Bélgica.
¿Y qué responsabilidad tiene el Papa de los crímenes sexuales del clero? Mucha. Mientras Ratzinger fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe durante el pontificado de Juan Pablo II, supervisó el manejo de las denuncias de agresión sexual de los sacerdotes. A lo largo de los últimos años se ha demostrado que las denuncias no son agresiones sexuales aisladas o aleatorias; por el contrario, se trata de delitos generalizados y sistemáticos alrededor del mundo.
La Iglesia católica como institución se ha conducido como una mafia a la hora de establecer códigos de conducta por encima de las leyes civiles para proteger su “buen nombre” y evitar pagar las compensaciones económicas a las víctimas. Estableció un código secreto al más puro estilo de la omertá siciliana y un método de evasión a través del traslado de cientos de curas a otras parroquias, estados o países, para protegerlos.
Entre los cinco casos incluidos en la demanda para demostrar la responsabilidad del Papa está el de una querellante de 21 años de edad residente de Minnessota, Estados Unidos. Cuando tenía entre 14 y 15 años fue violada de manera reiterada por un sacerdote visitante de la India. En 2004, funcionarios de alto nivel de esa diócesis lo reportaron ante Ratzinger que en lugar de ponerlo a disposición de las autoridades lo envió de regreso a India. El fiscal expidió una orden de captura e INTERPOL emitió una notificación roja solicitando su extradición desde India donde está a cargo de la supervisión de 40 escuelas católicas de la diócesis de Ootacamund.
Otro de los casos de la esta histórica demanda es la de un varón de 44 años de la República Democrática del Congo que actualmente reside en Missouri, Estados Unidos. Cuando tenía entre 12 y 16 años fue violado reiteradamente por un sacerdote belga, que al ser denunciado por más niños, fue enviado de regreso a su país de origen. El cura pederasta fue colocado nuevamente al cuidado de niños y continúo violando menores. Su estela de dolor inició desde hacía años ya que antes de ser enviado al Congo había sido denunciado en Bélgica por otros menores. El sacerdote fue enviado luego a Ruanda donde dirige un orfanato a través de una asociación civil de protección a la infancia que él mismo creó.
Los querellantes contra el Papa creen que hay más de 100 mil víctimas de abusos sexuales de sacerdotes porque el número seguirá aumentando en la medida que más sobrevivientes se animen a dar su testimonio en América Latina, África, Asía y Europa.
Además de Ratzinger, están demandados tres cardenales: Angelo Sodano, decano del Colegio de Cardenales quien fue Secretario de Estado entre 1990 a 2006 durante el pontificado de Juan Pablo II; Tarciso Bertone sucesor de Sodano y anteriormente Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe entre 1995 a 2002 y William Levada actual prefecto para la Doctrina de la Fe que fue arzobispo de San Francisco, California entre 1995 a 2005.
Hay cientos de documentos probatorios y miles de testimonios de víctimas que demuestran el modus operandi de la jerarquía católica en los deleznables delitos sexuales del clero. Cuando una institución permite que se cometan crímenes generalizados es que existe un patrón sistémico de secretismo, evasión y protección desde la cúpula.
No es la primera vez que el Papa es demandado. El año pasado, una corte de Oregón aceptó una querella en su contra por similares delitos, presentada por Jeff Anderson, el abogado “caza curas pederastas” que en los últimos 25 años ha logrado millonarias compensaciones a miles de víctimas. La Iglesia estadounidense ha pagado más de 2,000 millones de dólares por este concepto.
Los expertos en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional pronostican poco futuro a la querella por cuestiones técnicas. También es cierto que el triste papel desarrollado por el fiscal del CPI, Luis Moreno Ocampo, durante 13 años no deja lugar a dudas de su incapacidad para desarrollar casos de forma independiente; hasta ahora ha seguido los mandatos de Estados Unidos y es poco probable que acepte un reto de gran envergadura como el juicio contra un Papa. Por su parte, la Santa Sede se ha adelantado a decir que la demanda es “estúpida y absurda”.
Más allá del futuro de la querella, la verdad es que el Estatuto de Roma es bastante claro al respecto. Los crímenes sexuales contra niños de manera generalizada y sistemática por sacerdotes alrededor del mundo son crímenes de lesa humanidad lo quiera o no reconocer la Corte Penal Internacional.
Esta demanda no solamente intenta reparar el daño cometido contra miles de víctimas castigando a quienes impidieron, ignoraron, ocultaron y protegieron a los agresores; sino también pretende impedir delitos futuros y prevenir el encubrimiento de la jerarquía católica para poner fin de una vez por todas a la estela de dolor y sufrimiento mundial.
Cuando usted lea este artículo seguramente algún sacerdote en algún lugar del mundo estará violando a un menor de edad. El silencio de sus superiores le permitirá continuar cometiendo los mismos crímenes por años. El silencio del Papa permitirá al agresor morir siendo sacerdote. El silencio de las víctimas extenderá su camino depredador. El silencio de la justicia invitará a la repetición del delito. Finalmente su silencio; el silencio de los católicos y demás ciudadanos, permitirá al delincuente legitimarse ante una sociedad que mira y calla.
Es hora de romper el cerco de silencio, de alzar la voz y de mirar está tenue luz a modo de denuncia; débil tal vez, pero resplandeciente. Una luz que ilumina a los más vulnerables del rebaño católico lanzados por el Vaticano al túnel de la impunidad. Una luz que evitará que haya más casos como el de Manuel Vega. Una luz que los niños del mundo necesitan.
