Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).– Ser empleado en México no es fácil. La sistemática disminución del poder adquisitivo de los salarios, la inflación, el alto costo de los servicios y los elevados precios del transporte, servicios particulares de salud y los alimentos, junto con una Reforma Laboral que flexibilizó el sistema de despidos y una Reforma Fiscal que endureció el régimen para los contribuyentes cautivos, hace que muchos mexicanos vivan una odisea para sobrevivir.
En el reverso de la moneda está el Poder Legislativo. La remuneración de los representantes populares no se mide en salarios mínimos. Tampoco sus prestaciones laborales, que se ajustan a los días de dieta de los diputados y senadores.
Los datos de la Cámara de Diputados indica que cada representante popular percibe 74 mil pesos de “dieta mensual”, es decir de sueldo; 45 mil 786 pesos por “asistencia legislativa” y 28 mil 772 pesos para “atención ciudadana”.
En total, cada Diputado federal mensualmente 148 mil 558 pesos libres de impuestos. Es decir, cuatro mil 952 pesos diarios, cifra muy lejana a los 67 pesos con 29 centavos que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) acordó como salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
Esto significa que cada legislador gana diariamente el equivalente a 74 veces el salario mínimo.
El salario no distingue: es lo mismo para los que ganaron con el voto de los mexicanos (uninominales) o aquellos que llegaron porque su partido los designó directamente.
Para especialistas en la materia, si bien es cierto que el representante popular tiene a su cargo la importante encomienda de hacer leyes, ser contraparte del Poder Ejecutivo y asignar los recursos públicos de la Nación, tareas que por sí mismas requieren una remuneración acorde a sus labores, también existe el problema de que el 60 por ciento de los representados vive en pobreza o pobreza extrema.
“Sí hay una diferencia importante respecto a lo que gana la gente en general con lo que gana un representante popular o un servidor público en general, porque me parece que es un problema que abarca también a los servidores públicos. Es un parte de un problema más grande en el país, que es la desigualdad”, afirmó Guillermo Ávila Resendiz, investigador del Proyecto Ciudadanía y Parlamento Abierto de Fundar, en entrevista para Sin Embargo.
Pero no sólo es el tema de la creciente desigualdad social, también existe la nula transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos que se entregan a los legisladores. En medio de la insatisfacción por la escasa transparencia, cada cierto tiempo surgen escándalos sobre el derroche de recursos públicos, corrupción, tráfico de influencias o la entrega de “bonos” multimillonarios como pago a los legisladores por realizar su labor legislativa.
“Suena desproporcionado el sueldo y las dietas que tienen. También porque los legisladores comunican poco los resultados que tienen y se sabe mucho menos sobre cómo utilizan los recursos, eso es una deuda con la ciudadanía desde siempre. La situación política y el enriquecimiento gracia a la democracia ya no puede tener más atraso en esta parte de la rendición de cuentas y transparencia del uso de recursos en los legisladores, no solo a nivel federal sino a nivel local”, indicó María del Carmen Nava Polina, directora general de Visión Legislativa.
El problema en conjunto no es menor, principalmente porque al parecer no existe correspondencia con la situación del país. Es decir, mientras que se discute en foros públicos, cada vez con mayor fuerza, la urgente necesidad de incrementar los salarios mínimos en el país, por otro lado crecen los escándalos de opulencia entre la calase política, legislativa y sindical.
Hace dos semanas, el Diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), denunció que los grupos parlamentarios había recibido subvenciones especiales por varios millones de pesos, sin que existiera necesidad de incrementar los recursos a las bancadas. Además, el hecho de que la entrega de esos recursos coincidiera con la aprobación de las reformas estructurales movía a la sospecha de que era un “bono” por aprobar las enmiendas que más le interesaban al Presidente Enrique Peña Nieto.
“Es completamente desproporcionado, pero más allá de los bonos y de los premios, yo aquí llamo a pasar la coyuntura del escándalo público de si se justifican o no esos recursos, insisto, tenemos que institucionalizar la transparencia y que sea parte del día a día de los legisladores”, recalcó Nava.
LAS DIETAS
Si los 148 mil 558 pesos de dieta y apoyos legislativos se multiplica por los 500 diputados federales, tendremos que cada mes los mexicanos pagan 74 millones 279 mil pesos sólo en salarios y apoyos. O lo que es lo mismo, 891 millones 348 mil pesos al año.
El Congreso de la Unión es el segundo más caro de América Latina (con datos de 2010), según reportó la consultoría Integralia, en su cuarto Reporte Legislativo. Para el 2014 el presupuesto auto asignado para la Cámara de Diputados es de seis mil 795 millones 524 mil 255 pesos.
De este presupuesto multimillonario se han ejercido aproximadamente 816 millones de pesos (815,789,634.86) de enero a marzo de este año, sólo en sueldos y prestaciones sociales y económicas de los legisladores y de personal que labora en San Lázaro.
Pero no sólo el salario de los legisladores es alto. El secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara, percibe mensualmente 147 mil 162 pesos, eso es más de lo que ganan incluso los legisladores, la mayoría de los secretarios de Estado y hasta los presidentes de los partidos políticos.
El secretario de servicios o contralor interno de la Cámara tiene una remuneración mensual de 128 mil 031 pesos mensuales.
PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
Con información del Manual que regula las remuneraciones para los Diputados Federales, Servidores Públicos de Mando y Homólogos de la Cámara de Diputados, publicado el 28 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, los Diputados cuentan con las siguientes prestaciones.
Los diputados cuentan con un Seguro de Gastos Médicos Mayores por accidente o alguna enfermedad que requiera tratamiento médico, cirugía u hospitalización. La suma asegurada básica tiene un rango de hasta mil 500 salarios mínimos generales mensuales vigentes en el Distrito Federal, es decir 100 mil 935 pesos, “con una cobertura adicional en el extranjero por otro tanto, cuya prima es cubierta por la Cámara de Diputados”.
“El hecho de que los legisladores tengan un servicio médico privado, eso acrecienta la desconfianza entre la ciudadanía, no solamente hacia sus representantes sino a los todos los servicios público, porque el mensaje inmediato es ‘ni siquiera los usan quienes se encargan de hacer que estos servicio funcionen, cómo esperan que yo los use’”, indicó Guillermo Ávila.
Los diputados federales también reciben como “Gratificación de fin de año” una cantidad equivalente a 40 días de dieta. Cada día de dieta es equivalente a 75 mil pesos, por lo que el “aguinaldo” de los legisladores es de tres millones de pesos para cada uno.
El fondo de ahorro es otro beneficio de los “representantes populares” que consiste en la aportación de la Cámara hasta un 12 por ciento de la dieta bruta mensual en función de la aportación del Legislador.
El Seguro colectivo de vida es un beneficio que se otorga a los diputados para cubrir los siniestros de fallecimiento o de incapacidad total o permanente.
Hay otro “beneficio” para los legisladores. En caso de fallecimiento de sus beneficiarios (padres, cónyuge o hijos), la Cámara reembolsará a los diputados el importe equivalente de hasta un mes de dieta neta por los gastos funerarios (75 mil pesos).
SUELDOS EN EL SENADO
En el Senado de la República la situación no es diferente. Cada legislador percibe una dieta mensual de 117 mil 600 pesos, más prestaciones.
Los beneficios adicionales incluyen seguro de vida institucional, equivalente a 40 meses de dieta bruta; seguro de gastos médicos mayores, de mil 500 salarios mínimos; seguro de separación individualizado.
Asimismo tiene derecho a una gratificación de fin de año, equivalente a 40 días de la percepción mensual, apoyos para traslado a su entidad federativa, asistencia legislativa y atención ciudadana. Estos últimos montos no están especificados en el Manual de percepciones de los senadores y servidores públicos de mando.
El secretario general del Senado percibe mensualmente casi lo mismo que un Senador, 117 mil 100 pesos, mientras que el contralor tiene un salario de 115 mil 500 pesos.
Guillermo Ávila consideró que el Congreso de la Unión no tiene una burocracia obesa, pues son muchas las labores legislativas, de fiscalización y de atención ciudadana que deben realizar los diputados y senadores. No obstante, reiteró la urgencia de que las cámaras informen puntualmente por qué se está contratando a más gente, o cual es el objetivo de abrir una nueva plaza, a fin de evitar suspicacias y avanzar rumbo a la transparencia y rendición de cuentas.
“No hay forma de saber si es injusto o no efectivamente tenemos que saber el cómo se está reflejando el salario de los legisladores en el tema de los salarios en el país, porque eso convierte casi de manera natural o secuencial el problema de representantes y representados en un asunto de separación de clases”, aclaró el investigador de Fundar.
Por su parte, la directora de Visión Legislativa señaló que la confianza en el Poder Legislativo solo crecerá cuando exista información veraz y confiable entre representantes y gobernados.
“Sí tiene que ajustarse, pero no sólo con los legisladores, yo creo que todos los sueldos públicos tienen que tener un límite y una proporción, tanto a las funciones, como a los resultados y con la tareas y con los logros que dan por resultado su trabajo público”, indicó María del Carmen Nava.
