No hay error en la designación por parte del Consejo Mexicano de Negocios de la senadora Xóchitl Gálvez como su candidata a la presidencia. Es todo lo que los representa: el auge de sus empresas se debe a las componendas con funcionarios públicos, el conflicto de interés no lo declaro en mi caso pero lo anuncio en los hijos del Presidente, no veo como mi trabajo el del Senado de la República, sino como una palanca para seguir haciendo negocios y, si me denuncian, muevo mis influencias para acallar la imputación. Como sus representados, la élite económica que se creó desde el salinismo hasta el peñismo, los beneficiarios de la llamada “transición a la democracia”, no ven corrupción en hacer negocios desde el poder de un cargo público, minimizan lo robado, y acaban diciendo que es resultado sólo de su talento. Eso es la élite económica neoliberal: en su gran mayoría, están convencidos de que la transa es una habilidad. Seguramente habrá quien se sienta representado por la corrupción como una destreza, como una aptitud empresarial, pero no será el pueblo a quien trataron de engañar con aquello de que vivimos en una sociedad donde una vendedora de gelatinas puede llegar a tener una empresa que factura mil 400 millones de pesos en los mismos nueve años en que has sido funcionaria pública.

Pero los hechos son tres en el caso de los contratos de Xóchitl Gálvez: Uno) los contratos a sus dos empresas, High Tech Services y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes (OMEI), recibieron 28 contratos por adjudicación directa de instancias de gobiernos del PRIAN. Xóchitl trató de minimar su corrupción diciendo primero, que eran sólo 14, y luego que esos mil 400 millones no tomaban en cuenta que era una “persona muy generosa”, eso dijo en entrevista con López Dóriga, y no sabemos si los donó a las obras de filantropía de Claudio X González. Dos) Los contratos con desarrolladores inmobiliarios le fueron otorgados, no porque sus empresas sean muy “chingonas”, como ella misma escribió, sino por que era ella, presuntamente, desde su puesto como alcaldesa de la Miguel Hidalgo, la que otorgaba los permisos de construcción. Así, desarrollos inmobiliarios como Torre Candela, en las Lomas de Chapultepec, Espacio 351, en Ampliación Popo, la Torre Polanco, y Quibica Lomas, en el lado privado, así como, del lado gubernamental, con el INAI y el Senasica ---que, me voy enterando es un organismo público que evita la llegada de plagas al país---, tienen contratos vigentes con las empresas de la senadora Xóchitl Gálvez. Está por verse si los permisos que entregó siendo alcaldesa de la demarcación de la ciudad de México donde justo se asientan estos desarrollos inmobiliarios, fueron extorsiones a cambio de que se contratara a una de sus empresas. No nos extrañaría, pues el Cartel Inmobiliario trabajó así en la delegación Benito Juárez: pidiendo departamentos de lujo a cambio de los permisos de su contrucción irregular.

En general, Xóchitl se dedica a los aires acondicionados y a la albañilería de tablarroca, detectores de humo, limpieza y valet parking. A decir del economista Mario Campa en tuiter suena a outsourcing y a posible evasión de impuestos. La pregunta es la misma: si la senadora no hubiera tenido cargos públicos, ¿sus empresas de aire acondicionado hubieran ganado mil 400 millones de pesos? ¿Hay alguna otra empresa de mantenimiento de aires acondicionados que esté ganando esas cantidades? Casi todos estos contratos fueron por adjudicación directa y algunos por concursos restringidos por invitación. Fue la derecha de "Mexicanos contra la Corrupción” de Claudio X González la que insistió, sin ser cierto, que la adjudicación directa era un sinónimo y hasta una prueba de corrupción. Ahora se han tenido que tragar esa caricatura que ellos mismos fomentaron en la opinión pública. Pero a las de Xóchitl las contrataban del IFAI por adjudicación directa, es decir, cuando no existen otros dos que hagan el mismo trabajo y puedan presentarse a un concurso ofreciendo un menor costo. Una búsqueda en Internet, arroja cientos de empresas dedicadas a lo mismo que las de la senadora. ¿Por qué, entonces, la suya era la predilecta de los gobiernos del PRIAN? Tres). La propia senadora Gálvez dijo en una entrevista con un reportero de TvAzteca que estaba a punto de firmar un contrato con Banobras, pero que el Presidente ordenó que “la dejaran sin chamba”, así dijo. Álvaro Delgado, en Los Periodistas, se escandalizó: “¿Cuál es su chamba? ¿Qué no es ser senadora de la República?” Y, en efecto, lo relevante es que Xóchitl representa a la élite parasitaria que entra a la política sólo para acrecentar sus riquezas privadas. El resto del tiempo se disfraza de dinoasaurio.

El cuento de las gelatinas que vendía para ayudar a su mamá que planchaba ajeno, se vino abajo con esta revelación que hizo el Presidente López Obrador. La senadora no era más una hija del esfuerzo sino una corrupta que había mentido sobre su infancia en Tepatepec, Hidalgo, donde vivió en una de las casas de lujo de ese pueblo y fue a una escuela que le quedaba caminando. Faltaba por saber un tramo de esa historia: cómo pasó del Politénico en computación a ser llamada por Vicente Fox, pero eso ya no importa. Como tampoco tiene ya sentido seguir discutiendo su etnia usurpada, sus resultados nulos en el Senado de la República o si el conflicto de interés existe sólo cuando tu mismo lo crees. Sobre que si es indígena, el periódico español El País trató de enmendarnos la plana a los mexicanos con algunas teorías metafísicas sobre la Conquista, pero lo cierto es que tanto el Tribunal Electoral como el INE ya definieron lo “indígena” para que no se pasen de listos los políticos, como Oscar Daniel Martínez Terrazas, de Acción Nacional, que falseó información para hacerse pasar por miembro de la comunidad de San Juan Tetelcingo en Guerrero. Según su resolución, no es que alguien se “autodefina” como indígena, sino que se requiere de un fallo colectivo. Es la comunidad la que avala, mediante la demostración del vínculo comunitario del candidato, si sabe la lengua, si ha participado de las actividades comunes y si ha tenido un cargo de representación en el pueblo. Sobre el Senado, me baso en la nota de Andrea Becerril en el diario La Jornada del lunes 17 de julio pasado: “Desde el 1º de septiembre de 2018, en que comenzó la Legislatura. Gálvez comenzó a subir una y otra vez a tribuna, especialmente para torpedear la mayoría de las iniciativas presidenciales y sus obras insignia, como el Tren Maya. En ese primer año, la actual aspirante a la candidatura del frente opositor tuvo 61 intervenciones ante el pleno, una para fundamentar el voto del PAN contra la reforma que permitía a Paco Ignacio Taibo II asumir la dirección del Fondo de Cultura Económica, al eliminarse el requisito de ser mexicano por nacimiento. De acuerdo con sus informes de labores y datos del Senado, de esa fecha al pasado 30 de abril presentó 48 iniciativas y 117 puntos de acuerdo, buena parte para demandar comparecencias de funcionarios responsables del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o de los titulares de Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresas a las que acusa de ser ineficientes y de contaminar. Por lo que toca a las iniciativas, la mayoría están congeladas en comisiones y los puntos de acuerdo más antiguos se dieron por concluidos. Entre ellos está el que presentó en septiembre de 2019, en el que pedía a la Secretaría de la Función Pública investigar el patrimonio del titular de la CFE, Manuel Bartlett. A partir de un reportaje del ahora director de Latinus sobre ese tema, ella lo retomó y con esos datos presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República. Lo mismo hizo con otra información de Mexicanos contra la Corrupción, de Claudio X. González, en la que se acusó a José Ramón López Beltrán, hijo del Presidente, de vivir en Houston en una casa rentada por un contratista de Pemex”. También sabemos que, no obstante que los pueblos del itsmo de Tehuantepec fueron afectados por las plantas eólicas españolas, votó contra la ley eléctrica, y lo mismo sucedió cuando estuvo en contra de la ley minera, la educativa, y electoral. Como digo, tampoco su discusión de si haber ocultado en el Senado su evidente conflicto de interés entre sus cargos públicos y sus empresas, tiene ya sentido, porque ella exclama en todos los medios por los que hace gira casi semanal, que se trata de una persecusión política que utiliza al SAT, a la que ella misma llama “toda la fuerza del Estado”. Imagínense que “el Estado” fuera nada más tu hoja de Situación fiscal. En otros países, como Noruega, por ejemplo, cuánto ganan sus contribuyentes y cuanto pagan de impuestos es abierto; todo mundo puede consultar los montos y, cada año, de ahí se hacen las listas de los más ricos y se estiman las brechas de desigualdad de ingresos. Mantenerlo en secreto es ocultar una actividad ilícita y no abona a la confianza en un sistema en que todos pagan. Gálvez dice que sus ingresos son parte de su privacidad. Si sus empresas son públicas y ella misma detenta cargos públicos, ¿por qué sus ingresos no lo son? Una vez más, enreda las cosas: es ella la que estuvo cometiendo un ilícito al no declararlas como conficto de interés. De lo que se queja en el fondo, no es de persecusión, sino de que su estrategia, no muy brillante, de hacerse pasar por un caso de esfuerzo y talento en un millón, de vendedora de gelatinas a mantenimiento de aires acondicionados por 120 millones de pesos al año. Esa gelatina no cuajó.

Y como las otras gelatinas siguen, a pesar de que su página de “apoyos” hasta juntar 150 mil, no funciona, ellas también quieren aprovechar este momento de caída de la senadora: Enrique de la Madrid y Santiago Creel acusan al presidente de discriminación por ser güeritos de ojo azul, como les han de gritar en el mercado, si es que alguna vez fueron. Los demás, hasta Cabeza de Vaca, acusan fraude en la página que vigilan los mismos funcionarios del IFE para quienes no existió fraude en el 2006 ni rebase lunático de topes de campaña en 2012. Ahora se dan cuenta que no se puede confiar en los padrones electrónicos del IFE, ni en el PRI o el PAN o el PRD. Otros se han movido también: Rosario Robles, desde la ultratumba de la Estafa Maestra, le da su apoyo solidario a la senadora Gálvez, hermanadas en la persecusión política.

No quiero abandonar esta videocolumna sin atender a la denuncia por lavado de dinero que el diputado Alejandro Robles presentó en días pasados ante la fiscalía General de la República. En el documento, en mi poder, se señala que ella misma misma ha ocultado, desde mayo de 2002, que sea propietaria de la empresa OMEI, ostentándose en ese tiempo como “titular de la oficina de la Presidencia”, de Vicente Fox. Y de High Tec Services, tampoco declaró que era la dueña, sino sólo “directora general”. Desde entonces hasta la fecha, no ha declarado como conflicto de interés el probable beneficio personal que obtuvo a partir de sus cargos públicos en la Comisión de Pueblos Indígenas, la alcaldía Miguel Hidalgo, y en el Senado de la República, por lo que el diputado Alejandro Robles, solicita una auditoría a sus empresas y toda la información a la Comisión Bancaria y de Valores. Tal parece que estas empresas han sido ocultadas por Gálvez en lo oficial, pero presumidas en público cuando se trata de disfrazar de “empresaria empoderada”. En esa contradicción, una más, se detuvo la que algunos columnistas de Latinus calificaron de “despegue como nunca antes en la vida del país”, se sorprendieron que el 86% de las notas en los medios de tele y radio fueran “positivos”, sonrieron al decir: “una marginal que no está asociada a la corrupción” y pontificaron con: “irrumpe como una botella autodestapada por una mujer”. En Reforma la llamaron “santa” y una socialité que escribe ahí la comparó con la Virgen de Guadalupe. Sin miedo a manchar el ayate.

Todo este entusiasmo y furor que surgió de las calenturas de Latinus y los ardores del Reforma, quedó atrás con los mil 400 millones embuchados, no al amparo de la gelatina originaria, sino de dos décadas de servirse de los puestos públicos con sus empresas de mantenimiento de aires acondicionados. La senadora tiene todavía mucho que explicar sobre haber ocultado su conflicto de interés, como se lo exige la ley, desde Vicente Fox hasta ahora, de demostrar que esos contratos no fueron obtenidos por el cargo que ostentaba, y explicarle a la ciudadanía si sólo declaró 600 mil pesos en el 2000, ¿cómo fue que acabó siendo una multimillonaria en 2023? Pero, por mucho que explique, al disfraz de “disruptora” de la senadora Gálvez, se le ven ya muchas de las costuras.

Fabrizio Mejía Madrid

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Es escritor y periodista. Colabora en La Jornada y Aristégui Noticias. Ha publicado más de 20 libros entre los que se encuentran las novelas Disparos en la oscuridad, El rencor, Tequila DF, Un hombre de confianza, Esa luz que nos deslumbra, Vida digital, y Hombre al agua que recibió en 2004 el Premio Antonin Artaud.

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