Tengo amigos que cuando me hablan del mundo digital no les entiendo nada. Es como si su lenguaje fuera diferente, lleno de acrónimos y oraciones inteligibles. Son estas personas, alrededor del mundo, quienes están llevando una de las confrontaciones más importantes para el desarrollo de la humanidad: los derechos digitales. Personas y organizaciones (inclusive algunas empresas) saben que el futuro está en línea y ahí la importancia de defender nuestras libertades digitales. Soslayar este hecho es rendir nuestras libertades a intereses privados que avanzan sin mesura y debido control. El Internet cada día cobra mayor fuerza como una herramienta para investigar, recibir y difundir información y opiniones; además ha sido reconocido y utilizado como medio de comunicación de la ciudadanía para el ejercicio básico de la libertad de expresión.

Recientemente se sucintaron dos hechos que apuntan a direcciones completamente distintas. La primera fue que el Parlamento Europeo votó rechazar ACTA (Acuerdo Comercial Anti-Falsificación ACTA por sus siglas en inglés). Es decir, decidió que la legislación pendiente en materia de defensa de la propiedad intelectual no podía estar por encima de derechos fundamentales como la libertad de expresión. El rechazo europeo es un hecho que alienta la posibilidad de que la nueva legislación se discuta entre todos los actores de manera transparente, en aras de conciliar todas las visiones sin lastimar las libertades fundamentales.

El segundo hecho es difícil de creer. Mientras veíamos a los europeos frenar un tratado que claramente antepone intereses comerciales a derechos fundamentales, el presidente Felipe Calderón mandaba firmar ACTA. La acción del ejecutivo desafió al Senado de la República quien claramente, hace más de un año, rechazó ratificar ACTA. ¿A qué se deberá la locura presidencial? Sin duda el guiño va a Estados Unidos y lo debemos enmarcar en las negociaciones comerciales que ha estado impulsando Bruno Ferrari. El ejecutivo, a unos meses de dejar el cargo, osó (por capricho o estrategia, no lo sabremos) ir encontrar no solo de un poder de la unión, sino de un amplio rechazo de la sociedad civil mexicana. Vaya manera de despedirse.

ACTA es un tratado impulsado por Estados Unidos. Detrás del tratado están los intereses de empresas disqueras, estudios cinematográficos y farmacéuticas, principalmente, que apelan a que el Internet les está ocasionando cuantiosas pérdidas económicas. Para controlar la reproducción de contenido, el tratado busca armonizar distintas leyes en materia de patentes, propiedad intelectual, entre otros. La armonización se basa en buscar castigos (inclusive penales) por violación a dicho ordenamiento jurídico. La legislación planteada es claramente abusiva, por ejemplo, si tú quieres compartir por las redes sociales una canción, foto, texto que te gustó con tus compañeros o familiares, sin la autorización expresa del autor, estarías en violación de ACTA. No importa que el intercambio tenga fines educativos o de recreación (no de ganancia comercial). Eso no es relevante, te volverías acreedor a una sanción o cárcel. Otro tema es el comercio ilegal que busca lucrar con contenido protegido. Aunque ACTA, en el fondo, no hace esa diferenciación.

El tema ACTA y otras legislaciones semejantes reflejan la colisión de derechos e intereses. Por un lado, los comerciales cuyo único interés es salvaguardar sus ganancias pecuniarias basándose en esquemas arcaicos que no reconocen el profundo cambio que está impulsando Internet. Por el otro, las libertades ya adquiridas y su ejercicio en la red, es decir, nuestros derechos digitales. Lo tiránico de ACTA se basa en una errónea noción de lo que es hoy el Internet. Aferrarse a un modelo de negocios que claramente está superado por las plataformas digitales es una sentencia a una perene conflictiva convivencia entre diversos intereses.

Los que rechazamos ACTA no desconocemos los derechos que conlleva la propiedad intelectual. Es un derecho adquirido que debe ser protegido de una manera armónica con los derechos humanos. ACTA no busca esto, sino su intención clara es crear una herramienta persecutoria que brinquen principios esenciales del estado de derecho, como debido proceso, derecho de audiencia, presunción de inocencia.

El camino europeo es el que deberíamos de seguir. Es el que claramente Calderón ha rechazado. Los europeos buscarán la manera de sentar en la mesa de discusión a todos los actores interesados con el fin de elaborar una legislación que proteja de manera integral y armónica todos los derechos fundamentales. Este trabajo de diseño legislativo debe de reconocer la colisión de derechos y realizar un ejercicio de ponderación para crear un marco legislativo respetuoso de todas las obligaciones del estado. El mismo ejercicio tendríamos que hacer en México.

La firma de Calderón no hace vinculante el tratado. Para ello tiene que ser ratificado por el Senado. Como una de las primeras señales que tendrá que dar el nuevo Senado deberá ser rechazar, de nueva cuenta el tratado, y solicitarle al nuevo presidente que retire la firma de ACTA. La cercanía y apego con la política y economía de Estados Unidos hará que la batalla sobre ACTA no cese en un futuro cercano. El reto, con el nuevo Congreso, es buscar nuestro camino “estilo europeo”. Reconocer los problemas y posturas en una era digital y comenzar a buscar consensos que permitan avanzar en legislaciones necesarias sobre derechos de autor y derechos digitales de los usuarios.

Ya lo dijimos una vez, lo diremos otra vez: ¡no al ACTA!

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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