Ciudad de México, 19 de junio (SinEmbargo).– El gobierno de Guillermo Padrés Elías emprendió una “argucia estatal” en contra de los dos voceros de la Tribu Yaqui frente al conflicto sobre el Acueducto Independencia, denunciaron ayer organizaciones de la sociedad civil en el Distrito Federal.
Mario Luna y Tomás Rojo enfrentan una orden de aprehensión por robo de vehículo y privación ilegal de la libertad agravada, así como por delitos federales por el cierre de la carretera internacional desde el año pasado y aunque los voceros de la tribu se ampararon, en mayo de este año las autoridades confirmaron la de Luna.
“Los compañeros de lucha hemos levantando nuestra voz en contra del Acueducto, pero el gobierno sólo nos ha hecho señalamientos burdos, pues ni siquiera tiene pruebas. Su única prueba es que alguien escuchó los nombres de Tomás Rojo y Mario Luna, de pura casualidad, los voceros en el caso del Acueducto Independencia”, dijo Mario Luna.
Las órdenes de aprehensión se dan en el contexto de un proceso de Consulta que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al reconocer la violación de derechos de la tribu durante la gestión y construcción de la obra emblemática de Padrés.
“Lo que le está ocurriendo a la Tribu Yaqui se enmarca en un contexto de ataque a los pueblos, comunidades y barrios del país. El crecimiento de grandes proyectos de infraestructura en torno de los pueblos indígenas. Las autoridades le siguen apostando a la criminalización, sordera y otras formas graves de represión”, expuso Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La Consulta que ordenó la Suprema Corte es la primera en su tipo en México. Reconoce que se violaron los derechos de la etnia y desconoce la legalidad de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La obra, que tiene un costo de 3 mil 860 millones de pesos, inició su construcción a finales de 2010 para llevar 75 millones de metros cúbicos de agua anuales del Río Yaqui, en la presa Plutarco Elías Calles (El Novillo) hasta la ciudad de Hermosillo a través de 172 kilómetros de tubería de acero.
Las autoridades no realizaron un estudio sobre el caudal ecológico que indique la cantidad de agua que se puede extraer dependiendo de los escurrimientos y la disponibilidad de agua.
“Es increíble que el primer caso de consulta previa como resultado de una sentencia de la Suprema Corte en México, uno de los voceros está siendo perseguido y eso anula al ejercicio libre que se ordenó”, dijo Gutiérrez Rivas.
Ursula Garzón, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, indicó que se trata de una “argucia estatal” en contra de los defensores de la tribu, debido a que los delitos que supuestamente incurrieron, se enmarcan dentro de sus usos y costumbres.
“Estamos muy preocupados porque esta orden está dentro de los usos y costumbres de la tribu y el hecho no fue considerado, ni por el poder judicial. Cabe decir que el Acueducto Independencia sigue operando y está generando daño a la Tribu Yaqui”, dijo.
De acuerdo con la versión de Mario Luna, los pobladores de la etnia aprehendieron a una persona que estuvo a punto de atropellar a una mujer y a una niña en el pueblo de Vícam, una de las poblaciones de los yaquis y lo juzgaron de acuerdo a sus leyes.
“Fue juzgada esta persona, pero nosotros no participamos en eso”, dijo Luna.
PREOCUPACIÓN POR DEFENSORES
Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional México, indicó que hay preocupación por la persecución de los defensores de las comunidades indígenas, que protestan en contra de los megaproyectos.
“Por la cantidad de ataques en contra de estos defensores y el parámetro de si hay mejoría en México o no, no se va a medir por la cantidad de retórica que diga el Estado, sino por las acciones concretas que se tomen”, explicó.
En el caso de la Tribu Yaqui, esta semana más de 200 organizaciones enviaron una carta a Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, expresándole esa preocupación en el caso de Sonora.
En la misiva resaltan la criminalización de la cual son víctimas Tomás Rojo y Mario Luna e informan de la situación tensa que se vive entre la etnia y el Gobierno del Estado.
Las organizaciones indican en el texto que “hay preocupación de que detrás de esta orden de aprehensión exista la intención de hacer uso indebido del sistema de justicia penal en México para perseguir a los líderes de la Tribu Yaqui que se oponen al Acueducto”.
No es la primera vez que se señala al gobierno de Sonora por violar los derechos humanos de lo pobladores yaquis. De acuerdo con la recomendación número 37 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitida en 2012 y dirigida a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y al Gobernador Guillermo Padrés, las autoridades sonorenses violaron derechos de los agricultores y del pueblo indígena.
En la recomendación la CNDH enfatizó sobre el mal manejo del conflicto por el agua del gobierno panista, pues generó división y ataques entre los habitantes de Ciudad Obregón y Hermosillo debido a “la falta de implementación de políticas públicas por parte del Gobierno de la citada entidad federativa, a fin de evitar un conflicto social debido a la percepción de escasez de agua, su abastecimiento inequitativo, la construcción del Acueducto Independencia y la violación de los derechos al debido proceso, a la garantía de audiencia y a la consulta del pueblo Yaqui, por parte de la Semarnat”.
