¿Quién filtró el video en el que aparecen dos elementos de las fuerzas federales torturando a una mujer, a quien después se identificó como Elvira Santibáñez, originaria de Ajuchitlán, Guerrero?

La filtración se hizo cuando el Presidente se encontraba de gira en Europa y uno de los temas obligados era la situación de los derechos humanos en México, mientras que en Estados Unidos el Departamento de Estado alertaba en un informe que la tortura, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales son una realidad en nuestro país (SinEmbargo, 14 de abril 2016).

Paralelamente, se difunde el video justo cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) revelaba, una vez más, la posible actuación de agentes de la Policía Federal y del municipio de Huitzuco en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

La filtración a medios mexicanos y al sitio estadounidense Breitbart Texas tuvo un efecto negativo en la credibilidad del gobierno y el Ejército porque se demostró que hay elementos de las fuerzas federales que torturan y que podría ser una práctica frecuente, pese a que quienes encabezan estas instituciones de seguridad han reiterado su compromiso de respeto permanente a los derechos humanos. Como nos recuerda Cimac, ya desde mayo de 2015, Juan E. Méndez, relator especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, concluyó que en México la tortura es “generalizada”.

¿Héroe o villano? Quien filtró lo hizo con cálculo político, pero también pudo influir una preocupación sincera sobre lo que está sucediendo en materia de derechos humanos en las operaciones militares. ¿Fue algún elemento del Ejército o alguien que tuvo acceso al expediente de la averiguación previa, elaborado por el Ministerio Público Militar, y que ya está en manos de la Procuraduría General de la República (PGR), como informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)?

Pero ¿y si la filtración vino de algún hacker, incluso de la delincuencia organizada para contribuir en la defensa de Elvira Santibáñez? Más allá del beneficio social de demostrar que existen prácticas de tortura, no deja de ser preocupante que los sistemas de comunicación del Ejército o de la PGR puedan ser infiltrados de esta manera.

Los videos de estos operativos se están convirtiendo en documentos de enorme valor histórico para evitar que se violen derechos humanos o se prevengan actos de violencia y en caso de que ocurran se deslinden responsabilidades.

La grabación de esta tortura la hizo presumiblemente algún otro elemento del Ejército o de la Policía Federal. ¿Cuál es el procedimiento que siguen estas instituciones?, ¿todos los operativos se graban o sólo se hace ocasionalmente?, ¿por qué?, ¿qué hacen con los documentos?, ¿quién los resguarda y por cuánto tiempo?

El comunicado de la Sedena dice que “se enteró” el 10 de diciembre de 2015 de los hechos ocurridos el 4 de febrero del mismo año en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Es decir, 11 meses de diferencia. ¿Qué ocurrió en este periodo?, ¿quién conservó la grabación y por qué tardó tanto tiempo en compartirla a sus superiores?, ¿o la entregó en tiempo y forma, pero es hasta casi un año después que por olvido u omisión algún militar de alto rango decidió revisar el caso?

También nos preguntamos ¿qué debe hacer el militar o policía que sólo graba un hecho en el que presumiblemente se violan derechos humanos o se viola la legislación civil o militar y no hace nada para evitarlo?, ¿se convierte en cómplice?, ¿y el resto de los elementos que sólo observan?

El comunicado de prensa de la Sedena informa que se “cumplimentó la orden de aprehensión a un Capitán y a una Soldado Policía Militar como presuntos responsables del delito de desobediencia”. Sobre el resto de los militares no hay información.

¿Por qué por desobediencia podrían ser consignados?, ¿a quién desobedecieron?, ¿algún elemento de más rango les dijo que no torturaran y de cualquier manera lo hicieron, pero el castigo vino muchos meses después, una vez que los superiores se enteraron del caso?, ¿ o fue una desobediencia de la ley, pero nadie se dio cuenta sino hasta que alguien entregó el video? Hay cabos sueltos.

Otro asunto curioso. En su comunicado del 14 de abril, la Sedena “agradece el interés de la población” y posteriormente “invita a que en caso de que conozcan de este tipo de ilícitos lo hagan del conocimiento de las autoridades y de esta Secretaría para proceder conforme a derecho”.

Es interesante el exhorto porque en el contexto de cómo la sociedad supo del caso de tortura, se sugiere que la grabación y difusión del video pudo ser realizada por un ciudadano, lo que es muy poco probable. No obstante, debe tomarse la palabra a la Sedena y documentar “este tipo de ilícitos” para denunciarlos. ¿Es posible ante las medidas extremas de seguridad en las operaciones militares o fue simplemente “rollo” para adornar el comunicado?

Ante la evidencia documental de tortura, el Secretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, ofreció el pasado sábado una “sentida disculpa a toda la sociedad agraviada” por los hechos ocurridos en Ajuchitlán del Progreso y ordenó a las fuerzas armadas “actuar en todos los niveles con exactitud e inteligencia, con prudencia, siempre apegados a la ley, así como promover, respetar y garantizar los derechos de las personas”.

La honestidad del Ejército de aceptar que se trataba de un video sobre un hecho real y posteriormente la histórica disculpa, merecen sin duda un reconocimiento, pero no son suficientes para acallar los cuestionamientos nacionales e internacionales a las prácticas de tortura y la crisis de derechos humanos que vivimos en México. Además, como escribió el doctor Raúl Trejo Delarbre en La Crónica, el “General secretario no reacciona sólo a la indisciplina y a los delitos cometidos por dos malos elementos del Ejército. Reacciona, sobre todo, a la publicidad que han recibido tales escenas”.

@telecomymedios

Gabriel Sosa Plata

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