Primer tiempo: la delincuencia organizada toma poblaciones. Segundo tiempo: los habitantes piden ayuda a las autoridades locales, estatales y federales, sin lograrla. Tercer tiempo: la ciudadanía decide armarse y defenderse. Cuarto tiempo: las autoridades intervienen con la oferta de imponer el orden a cambio del desarme, acuerdo que ésta acepta con reservas. Quinto tiempo: el gobierno federal persigue a la población armada y criminaliza la defensa que hace de su vida, la de su familia y de sus bienes.
El final de este drama resulta a todas luces injustificado dado su inicio: la omisión del Estado de brindar protección a la población. Los grupos criminales dominaron poblaciones e incluso asumieron funciones reservadas exclusivamente a la autoridad institucional. Un agravante insoslayable es el hecho de que las comunidades amenazadas hayan solicitado auxilio a varias instancias de gobierno para restablecer el orden y proteger la vida de los habitantes, quienes se enfrentaban a una disyuntiva trágica: defenderse o morir. Sus llamados no fueron atendidos.
Visto como fue, el cambio de actitud del gobierno federal constituye un engaño, pues en vez de asumir su obligación constitucional, convierte la legítima defensa en delito de terrorismo -gracias a una nueva definición “a modo” de esa transgresión. Cierto, al mismo tiempo vemos que se captura a integrantes de la delincuencia organizada; sin embargo esto no justifica que se persiga a la población que se defiende de ellos.
No es el único caso en el que el gobierno juega en dos canchas. Una estrategia nueva consiste en hacer una reforma que apunte hacia un lado y luego generar leyes secundarias orientadas al opuesto. Esto abre la posibilidad de aplicar la ley en un sentido o en el otro, para permitirse cualquier acto de gobierno, y también la de perseguir a un ciudadano incómodo al amparo de una norma o de su contraria. Si fuera un partido de fut, los goles en ambas porterías serían todos para el equipo del gobierno.
Las votaciones no son el instrumento con el que la población elige a sus representantes, funcionarios y autoridades; sólo sirven para que el gobierno imponga a los que le convienen. Los sindicatos, creados para defender al trabajador, en realidad cumplen la misión de controlarlo y moverlo para beneficio del gobierno. Las instancias judiciales operan para castigar a inocentes incómodos creando, enredando, retrasando y finalmente archivando sus casos, o para exculpar en “fast track” a los funcionarios implicados en algún ilícito.
La ley electoral, al regular la publicidad en tiempos de campaña, quitó un vocablo y lo sustituyó por la confusión: cambió el término “comprar” por el de “adquirir” espacios en los medios. Introduce así la ambigüedad en un texto legal, que por su naturaleza exige claridad y no incertidumbre. Hay más ejemplos de cómo las reformas y sus leyes secundarias contienen contradicciones o imprecisiones que no sólo permiten, sino que obligan a la interpretación subjetiva, precisamente esa que las leyes buscan evitar para impedir la manipulación de la justicia.
Ah, y la reversa también se vale, sólo hace falta la voluntad suprema: antes no, y ahora sí, las dependencias podrán decidir los aumentos a los salarios de su personal. La lista ligue y sigue, pero el tema de fondo es la prestidigitación legal que se está haciendo para que el país sea conducido por la voluntad de la clase política y los grandes consorcios, quienes podrán hacer exactamente lo que les convenga, lo que necesiten o lo que se les ocurra, al amparo de la ambigüedad de nuestras leyes. Y cuando lleguemos al punto en que las leyes no sirvan y la civilidad sea remplazada por la ley del más fuerte, habremos llegado a la ausencia de gobierno, es decir, a la anarquía. ¿O ya llegamos y le pusieron algo así como “Nuevo Pacto Social”?
