Jesús es padre de una joven con discapacidad intelectual leve. Vive en San Luis Potosí, estado del centro-norte de México, y está decepcionado de la justicia, y de que no haya instituciones públicas que garanticen el derecho a la educación y a la vida digna de personas como su hija.
Hasta diciembre pasado, la posibilidad de que María, como la llamaremos, pudiera continuar estudiando y aprendiera un oficio era su mayor preocupación, pero ahora tiene otro pesar: su hija sufrió abuso sexual y aunque ha identificado plenamente a un vecino como el culpable y levantó la denuncia correspondiente, hasta la fecha -mes y medio después-, el Ministerio Público (MP) le dice que todavía no termina de integrar la averiguación.
El delincuente ya no está viviendo ahí. Huyó. Jesús piensa que habría sido mejor tomar la justicia por su cuenta y enfrentarse al abusador porque además de que la autoridad no está actuando como marca la Constitución; es decir, de manera expedita, él y su hija ya pasaron por un proceso de re-victimización por la falta de sensibilidad de las autoridades.
A mediados de 2011, Jesús se comunicó con Dis-capacidad.com solicitando una orientación sobre cómo seguir apoyando a su hija en sus estudios. Ella, de 18 años de edad, acababa de obtener su certificado de secundaria y no encontraba más opciones de desarrollo e inclusión en instituciones públicas.
Le hicimos un par de recomendaciones: que acudiera al aula POETA (iniciativa educativa para personas con discapacidad de la organización civil Protic) más cercana fue una de ella, pero ya conocía esa opción y no era lo que necesitaba.
Jesús siguió en su búsqueda y encontró un espacio para María en el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA). Pero en noviembre pasado volvió a contactarnos para denunciar que después de seis meses en el IEEA una psicóloga de la institución le dijo que ese no era lugar para María, que no era guardería. Así lo relató Jesús:
“Mi hija terminó su educación secundaria según consta en el certificado emitido por la SEP, lo que sucede es que los conocimientos que mi hija tiene no coinciden con los documentos (por la discapacidad que tiene) por tal motivo decidí integrarla al IEEA y la llevé al centro comunitario ubicado en la facultad de psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Ella ha asistido a ese centro aproximadamente seis meses y esto le está ayudando a reforzar sus conocimientos. El día de hoy me citó la psicóloga Sonia Patricia Rosales y en forma altanera me dijo que ese centro no es guardería ni escuela de educación especial y que si le llegaba a pasar algo a mi hija ellos no se harían responsables, que lo mejor era que ya no fuera.
Le pedía que me diera por escrito los motivos y me contestó que como mi hija no está registrada no podría darme “nada por escrito”.
Ante el evidente caso de discriminación contra María por su condición de discapacidad intelectual, Jesús envió comunicaciones al Instituto Nacional de Educación para Adultos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ninguna de las dos le contestó. Nosotros lo dirigimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), particularmente a la primera visitaduría donde se atienden asuntos relacionados con las personas con discapacidad.
Hace unos días recibió respuesta a su queja, tres meses después, mediante un oficio en el que la CNDH le dice que dado que los hechos ocurrieron en San Luis Potosí, no tiene competencia para intervenir y que por favor se dirija a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
En otras palabras, lo regresaron al punto de partida, tres meses después. “No sé si no me expliqué”, dice Jesús, “debe ser mi ignorancia, pero de verdad no entiendo”.
Por fortuna, en medio de todo esto, ha contado con el apoyo del Instituto Potosino de la Juventud y del director general adjunto de la Dirección de Atención a las Personas con Discapacidad de la CNDH, Hugo Velázquez. Por esa vía llegó a una escuela de atención múltiple llamada Vida Digna, afiliada a CONFE, donde, -nos comenta-, María está siendo atendida.
Pero la denuncia por el abuso sexual contra su hija está detenida. La presentó el 26 de diciembre y apenas hace unos días que preguntó cómo iba el asunto, le informaron que todavía no terminan de integrar la averiguación previa porque falta el reporte del psicólogo y de la policía ministerial.
A Jesús le indigna, pero no le asombra lo que está ocurriendo, porque desde la primera vez que acudió al MP notó la pésima atención para las víctimas: “Me he dado cuenta que hay una gran falta de consideración para las personas afectadas ya que cuando vas a presentar la denuncia la gente que atiende tiene una falta de sensibilidad increíble, no sé si es porque hay demasiados casos y hay poco personal o porque así es el procedimiento para aplicar la ley y como uno no es un experto en el conocimiento de estas situaciones se complican mas las cosas”.
EL RELATO DEL PADRE DE MARÍA
“Me enteré por medio de una vecina, el 24 de diciembre, lo que había pasado, porque mi hija le comentó a la vecina que tenía molestias en sus genitales y al preguntarle ella por qué, mi hija le dijo lo que el vecino le había hecho. El 26 de diciembre fui a la agencia de delitos sexuales en SLP y como yo vivo en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez me dijeron que tenía que ir al DIF de mi municipio a presentar la denuncia. Me trasladé al DIF de Soledad y como el personal andaba de vacaciones y solo estaba el agente del Ministerio Público, nos tuvimos que esperar como tres horas para que nos atendiera, cuando nos atendió le preguntó a mi hija que le explicara con detalle todo lo que había pasado. Pero como se acabó la tinta de la impresora ya no pudo imprimir todo, solo nos dio el oficio para que regresáramos a las oficinas a donde habíamos estado originalmente para que el médico legista revisara a María.
“Nuevamente mi hija tuvo que explicarle al médico legista con lujo de detalle lo que había sucedido, después la llevé al IMSS a urgencias para que la revisaran y le hicieran análisis y nuevamente tuvo que decir con todo detalle lo que había pasado. La revisaron y le dieron medicamento para las molestias que tenía y me dijeron que tenía que ir a ginecología para que le hicieran todos los estudios correspondientes, pero como no había agenda para hacer la cita tuvimos que regresar en la segunda semana de enero para que le programaran la cita, la cual quedó para el 27 de enero.
“Regresamos de nuevo al DIF de Soledad para recoger el oficio y llevarlo otra vez a las oficinas de delitos sexuales ubicadas en San Luis con el psicólogo, el cual tampoco nos pudo atender porque también andaba de vacaciones y nos dieron cita para el 3 de enero. Cuando fuimos, nuevamente mi hija tuvo que explicar con todo detalle lo que le había pasado.
“Regresamos de nuevo a Soledad para recoger el oficio y llevarlo a San Luis a la Policía Ministerial, posteriormente se presentaron los agentes de la policía en nuestro domicilio y nuevamente le pidieron a mi hija que les explicara con todo detalle lo que había pasado.
“Por supuesto que el vecino sabe que lo que hizo es un delito grave y ya se fue. Esta persona tiene documentos de residencia en Estados Unidos y lo más probable es que ya haya salido del país”.
Jesús ha querido compartir su experiencia para que quede como testimonio y para manifestar su frustración e impotencia” por la falta de justicia, por la re-victimización, por el vacío institucional que hay en México para garantizar que las mujeres con discapacidad intelectual puedan ejercer sus derechos.
María tiene 18 años y su futuro es una incógnita para ella y para su familia.
