La Confederación de empresarios dijo que la reforma constitucional, sobre las consultas populares, propone darles un carácter vinculatorio y que sus resultados se conviertan en acciones de carácter obligatorio en caso de que el 25 por ciento de la población vote.

Gustavo de Hoyos criticó que el Gobierno delegue la toma de decisiones a la ciudadanía, sobretodo en  materia fiscal pues dijo que este “tiene la responsabilidad de determinar quiénes pagan impuestos y las actividades económicas que deben hacerlo porque es también su responsabilidad velar por un gasto sano y equilibrado”.

Ciudad de México, 19 de marzo (SinEmbargo).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expuso que la modificación constitucional que permite la revocación de mandato también planteó una trampa para el cuarto año de Gobierno, pues argumentó que abrió la puerta para que, “decisiones de carácter técnico y de gran responsabilidad estratégica para el país, como quién paga impuestos, sean decididos por la población manipulada”.

En un comunicado, expuesto por su presidente, Gustavo de Hoyos, la Confederación manifestó su desaprobación con la aprobación de las modificaciones por parte del legislativo en materia de consulta popular, pues dijo que no sólo se abre la puerta a una reelección de la persona titular del ejecutivo, sino que conlleva cambios más amplios y profundos.

Dijo que estos cambios sustentarán las nuevas estrategias para el Gobierno actual que pretende definir estrategias a partir de la decisión popular.

La Coparmex indicó que se pretende crear “un escenario en el que a partir del cuarto año de esta administración, se paguen nuevos impuestos”. La organización empresarial recordó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a no elevar ni crear nuevos impuestos.

“Es evidente, que el uso de estrategias político-electorales para tomar decisiones inherentemente técnicas supone un retroceso para el país”, expuso Coparmex.

La organización dijo que la reforma constitucional propone darles un carácter vinculatorio a las consultas populares y que sus resultados se conviertan en acciones de carácter obligatorio en caso de que 21.7 millones de mexicanos participen de ellas, es decir, el 25 por ciento de la población.

“Esto supondría que una consulta podría ser vinculante con tan solo el voto de tres entidades federativas, por ejemplo la Ciudad de México, el propio Estado de México y Veracruz”, recalcó.

También enunció que para lograr que fuere vinculante, se lograría con el voto de toda la población de 20 a 29 años, por lo que la Coparmex evaluó que las consultas podrían ser perjudiciales para la estabilidad nacional, en caso de tratar temas como los ingresos fiscales.

“Esto se debe a que la iniciativa aprobada pretende permitir consultar quiénes estarían obligados al pago de impuestos, así como determinar qué actos o actividades gravados por los impuestos”, alertó.

Recalcó su postura de que ningún tema de materia fiscal debe ser cuestionado libremente a la población, puesto que para decidir sobre el tema se requiere un “alto nivel profesional y de información”.

En su cuenta de Twitter, De Hoyos argumentó que el Gobierno actual prometió que no habrían nuevos impuestos durante los primeros tres años de mandato, pero a través de la consulta en la elección intermedia “el pueblo sabio” podría fijarlos para 2022.

Para el consorcio empresarial estas modificaciones constitucionales podrían suponer que se tomen decisiones sin análisis técnico y dependerán más de la popularidad del Gobierno en turno, lo que traería consecuencias severas para las finanzas públicas.

“Los impuestos o las contribuciones nunca han sido populares para la mayoría de las personas. De ser puestos a consulta terminarán disminuidos o peor aún, afectando desproporcionadamente a una minoría”, comentó.

De consultarse el cobro de impuestos dijo que la certidumbre del presupuesto de ingresos “quedaría a la deriva” y con ella “la posibilidad de un desarrollo económico dinámico y equitativo”.

Para la Coparmex, el Gobierno “tiene la responsabilidad de determinar quiénes pagan impuestos y las actividades económicas que deben hacerlo porque es también su responsabilidad velar por un gasto sano y equilibrado”.

En el comunicado planteó que la Coparmex ha defendido la participación ciudadana como una forma de empoderar a la población y hacerla consciente de sus obligaciones y responsabilidades, pero argumentó que la nueva reforma podría resultar al contrario de su propuesta.

“Creando mecanismos de participación que convengan a quienes actualmente detentan el poder, especialmente a la hora de decidir sobre los temas de trascendencia para nuestro país”, alertó.

Recordó su negativa a la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), pues dijo que es una de las decisiones “más costosas en términos económicos para este gobierno”.

“Los 13 mil 300 millones de dólares que costará esta decisión son una responsabilidad directa del gobierno, que no debe ser encubierta como si proviniera de los ciudadanos”, dijo.

Además comentó que la modificación busca disminuir responsabilidades y costos políticos de quienes gobiernan y deberían definir el camino político nacional.

Llamó a la Cámara de Senadores a que genere un debate más amplio frente al tema, así como que reconozca a todos los sectores.

“No podemos permitir que se generen mecanismos que, bajo la bandera de participación y democracia, pongan obstáculos al futuro del país” puntualizó.

Recordó que el país requiere una visión más amplia “que entienda que la participación ciudadana comienza no defraudando a a aquellas personas que los eligieron como representantes populares”.