Padres de los 43 exigen a autoridades de Guerrero que les entreguen video del ataque a sus hijos

19/02/2016 - 8:23 am

Los padres también piden que se les informe sobre los procesos penales contra 43 policías de Iguala y Cocula que están detenidos, porque, denunciaron, desde diciembre pidieron los expedientes formalmente y no se los han entregado.

Padres de los 43 normalistas desaparecidos marchan en las calles de Chilpancingo, Guerrero. Foto: Lenin Ocampo, El Sur
Padres de los 43 normalistas desaparecidos marchan en las calles de Chilpancingo, Guerrero. Foto: Lenin Ocampo, El Sur

Por Lourdes Chávez

Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo/El Sur).– Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre del 2014 y normalistas marcharon de la Alameda Granados Maldonado a la sede del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ) ubicada en el Zócalo de Chilpancingo, Guerrero, para exigir que el magistrado presidente, Robespierre Robles Hurtado, entregue el video en el que se documentó uno de los ataques ocurridos en Iguala y que los policías municipales se llevaron a los jóvenes.

Los padres también piden que el presidente del TSJ les informe sobre los procesos penales contra 43 policías de Iguala y Cocula que están detenidos, porque pidieron los expedientes formalmente desde diciembre y no se los han entregado. Informaron que seis policías fueron beneficiados por amparos y temen que sean puestos en libertad por falta de elementos.

En el edificio se encuentra Robles Hurtado y podría recibir a los manifestantes.

El 17 de agosto, en un informe preliminar, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) expresaron su preocupación por la pérdida de una videograbación de la escena de la intervención policial que dio lugar a la desaparición de un grupo de normalistas en la salida de Iguala, cerca del Palacio de Justicia, y que fue enviada a la entonces presidenta del TSJ, Lambertina Galeana Marín.

Hace un mes, el 19 de enero, Robles Hurtado, confirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) investigaba el caso de la presunta destrucción de la videograbación.

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