Debemos de comenzar por reconocer que estamos viviendo una profunda crisis de derechos humanos, de impunidad y de corrupción. Hasta ahí todos deberíamos estar de acuerdo sin importar cuál fuese nuestro trabajo.

Pero por más obvio y simple que parezca, los tomadores de decisiones de este país se empeñan en dibujarlo como un bache, una racha un simple obstáculo que con esfuerzo lo sobre pasaremos. Así el gobierno federal, Congreso de la Unión y partidos políticos han optado por administrar (de mala manera) la crisis. En todos ellos no se ve una fuerza política que tenga el capital necesario para poder negociar cambios, guiar y aglutinar esfuerzos renovadores que están dispersos por muchas partes del país. El modelo transformado basado en un líder con la suficiente estatura ética para ser el motor de cambio ha dado paso a nuestro sistema político actual que le da vida a partidos como el Verde Ecologista o alianzas como las del PRD y el PANAL. Es un sistema que vive únicamente de la reproducción de sus cánones y reglas en las que el interés público, obviamente, no cabe.

De ahí la crisis de por quién votar, a quién creerle o quién propone algo que no esté basado en mentiras. Yo todavía no encuentro a nadie. La mentira es la moneda de cambio en nuestro sistema político. Los aires de transformación han muerto desde hace varios años. Los pactos que cambiaron superficialmente nuestro sistema político se han desdibujado profundamente. La amalgama de partidos que tenemos hoy cuesta trabajo diferenciar uno de otro. En una reunión con diplomáticos americanos uno preguntó con cierta ingenuidad si los políticos mexicanos no le tienen miedo a los electores. Si ante los actos de corrupción no había un castigo de nosotros los electores. Me dejó pensado la disociación entre el voto, gobierno y sociedad. No, no nos tienen miedo. Podemos no ir a votar y el mismo sistema se encargará de sobrevivir con un abstencionismo que en otras latitudes sería insostenible. Estamos lejos de que nos tengan miedo.

Cuando analizas los discursos de funcionarios federales éstos tienen un común denominador que es la “victimización del estado”. Es la letanía que escuchamos en foros internacionales como la OEA y ONU…”estamos trabajando”, “estamos haciendo lo mejor que podemos”, “vamos avanzando”, “poco a poco”, “esto tomará tiempo pero vamos en el camino correcto”, cuando la realidad provocada por la crisis indica claramente lo contrario. No hay ninguna señal inequívoca que nos asegure que las violaciones graves a derechos humanos dejarán de ocurrir. Podemos reconocer paliativos, pero mientras tanto crece la tortura y las desapariciones, los ataques contra defensores de derechos humanos, crece la violencia contra mujeres y los ataques contra periodistas. La lista de violaciones es larga y el gobierno federal y estatales solamente se arropa diciendo que están intentando. Es irrelevante si mienten, no hay ninguna consecuencia.

Con un toque de malicia y cinismo, el secretario Videgaray afirmó  recientemente en una entrevista con el Financial Times que lo que se vive en México no es una crisis como la que señalo párrafos arriba, sino que vivimos una crisis de “confianza”. Supongo que en parte tiene razón, la desconfianza en que harán algo bien comienza a ser también generalizada. Lo absurdo del señalamiento  de secretario es que revela claramente que no hay intención de cambiar el rumbo, sino que todo es una cuestión de percepción y discurso. Como cuando Calderón en medio de la guerra pedía que se hablara bien de México. Me quedo con la duda: ¿Cómo pensarán en el gobierno federal que se genera la confianza? Me inclino a pensar que su hipótesis la sostiene la propaganda gubernamental, el engaño, el juego de cifras y aliados incondicionales en los medios de comunicación. Las acciones puntuales y efectivas para erradicar los malos actos de gobierno parece ser el camino largo e incómodo. Pero no nos equivoquemos, no es confianza lo que necesitamos. Esa llegará, se construirá lentamente y no de manera ficticia como el secretario plantea.

El sistema político diseñado hace más de medio siglo, se basa en negociaciones meta políticas que cruzan los beneficios económicos, posiciones de poder y un desapego al estado de derecho, entre muchas otras características. Las reglas se van creando conforme la negociación avanza. Se afianza en el imaginario la difusa diferencia entre lo legal y legítimo. Lo segundo se puede desechar fácilmente en el mismo cesto con la ética de lo público. No solo hace falta una corriente política con la fuerza suficiente para lograr un punto de inflexión en las negociaciones del poder, sino un arduo trabajo transformado para cambiar nuestra cultura de la corrupción, como lo afirmó el presidente. Pero no es cultura inserta en nuestro DNA, es el código de negociación.

Abrumados por los escándalos de corrupción uno pensaría que estamos al borde de un cambio profundo. Digo, si el mismo presidente está inmerso en uno de los escándalos más graves de corrupción, sería razón suficiente para pensar alegremente. Sin embargo, los ataques del PRI y del Verde Ecologista buscan mermar el sistema de transparencia y derecho a la información. Doscientas horas invirtió la sociedad civil en trabajar junto con un grupo plural de senadores el borrador de iniciativa de la ley. Ahora se hace alarde que fue un ejercicio de parlamento abierto. Pero como muchas cosas, más cuenta cómo lo cuentes que lo que realmente pasó. A partir del 2 de diciembre el parlamento se cerró porque según los senadores el último tramo lo harían ellos a puerta cerrada. Hoy, aquellos que trabajamos arduamente estamos buscando entre chismes e información a cuenta gotas saber cómo va la negociación.

La ley de transparencia no salvará ni combatirá la endémica corrupción. Para ello se requiere de la conformación de un sistema que tenga independencia real económica y política, requisitos que se ve difícil los políticos le otorguen. Pero el acceso a la información es un nuevo derecho constitucional que sí ha atajado malos actos de gobierno. Ha movido las entrañas de la corrupción. Hoy el gobierno federal usa a su lacayo, Humberto Castillejos, Consejero Jurídico de Presidencia, para proponer 80 cambios al borrador que asustan a su jefe. En éstos hay temas fundamentales como no reconocer la prueba de daño, es decir, que las autoridades cuando te nieguen información no te expliquen porqué te la negaron. En nuestro sistema esto es una carta blanca para negar todo tipo de información, y lo sabemos. O bien crear una ley sin sanciones para quien trasgrede un derecho humano. El IFAI cobardemente no quiere asumir esa responsabilidad, eso deja acéfalo el puesto de la autoridad sancionadora. También buscan poner trabas para abrir información relacionada a violaciones graves a derechos humanos, como son los casos de Tlalaya, Ayotzinapa, San Fernando, entre una lista interminable y vergonzosa. La secrecía es lo que busca Castillejos, y cómo no, imagínese usted comenzar a preguntar y preguntar sobre la Casa Blanca. El miedo es latente.

Ante la crisis que vivimos más información y procesos más transparentes. Todo político habla de transparencia como elemento fundamental de la democracia. Casi ninguno lo cree. Y la crisis que vivimos está recargada completamente en la secrecía y desinformación. Por eso la batalla en el Senado es tan relevante para todos nosotros (o debería serlo)

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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