LA CHUPA ROSA, SINALOA. La víspera de la noche de año nuevo de 2011, una columna de humo maloliente saturó la cárcel de esta comunidad del norte de México. El humo era producto del incendio de un revoltijo de cuerpos de perros, trapos y comida. Tan incontrolable como el del apocalipsis, invadió los tres módulos de la construcción; las oficinas, el hospital, los talleres, los espacios deportivos de este penal, uno de las cuatro en el país con categoría de “máxima seguridad”, apenas inaugurado en agosto.

Durante media hora, en una densa unidad, internos y custodios quedaron sofocados. Cuando la vista se habituó a los nublazones, las sombras se transformaron en figuras humanas. Ni en la peor pesadilla: los más de 500 reos que habitan esta cárcel intentaron salvar la vida entre las voces de alarma de unos 30 guardias.

A las cinco de la tarde, cuando ni el sol ni el ruido confunden los sentidos en este pedazo del norte sinaloense, el humo fue aplacado por los bomberos. No hubo muertos. Los heridos fueron atendidos. Pero el aliento del centro de reinserción más joven del sistema penitenciario federal mexicano empezó a apestar a abandono.

Este es el Centro Federal de Readaptación Social Número 8, ubicado en la carretera 300 de Guasave, Sinaloa. Integra el grupo de 11 prisiones federales operadas por el gobierno federal. Aquí, la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) realiza la operación “traslados masivos” de reos como estrategia para disminuir la presión de más de 54 mil internos en por lo menos 400 penales del país. Con ello, busca aminorar el maltrato a los derechos humanos generado por la saturación del sistema penitenciario, que alcanzó 32% en 2011, según la propia dependencia.

Pero Abel Meza Sandoval, secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública, de Guasave, Sinaloa (cabecera municipal de esta comunidad), exclama que el nivel de vida del penal de máxima seguridad instalado aquí, más bien puede considerarse escenario emblemático de la violación a los derechos humanos.

Sobre este paisaje, donde con mucha facilidad el viento levanta el polvo, el letrado señala a la basura: una montaña de seis metros de desperdicios que a las siete de la noche empieza de nuevo a saturar el ambiente con su olor. “La SSP se comprometió a trasladar ese relleno antes de empezar a operar el penal. Resulta absurdo combinar un relleno sanitario con una cárcel de máxima seguridad”, sostiene. A la vista, el paisaje sigue intacto: una cárcel rodeada de malla ciclónica y un basurero.

El edificio del penal se mantuvo ocioso durante 12 años. Iniciada su construcción en 1999 y concluido su equipamiento en 2004, con una inversión de 162 millones de pesos, la cárcel de la carretera 300 no operó por razones de gobierno y la oposición de la población. El estatal de Juan S. Millán adujo que no contaba con recursos, y el federal de Vicente Fox Quesada respondió que tal cárcel no era de su competencia. El mismo argumento rebotó entre las administraciones del gobernador Jesús Aguilar Padilla y el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Pero al iniciar su periodo gubernamental, Mario López Valdez, “Malova”, lo comprometió como medida para aligerar las cárceles de Sinaloa. La población y un grupo de abogados intentaron detener su operación. Nada evitó que en agosto pasado, la SSPF trasladara al primer grupo de reos.

Para entonces, el deterioro se había apropiado del sitio. Dos temporadas de huracanes lo habían tocado. Nunca habitado, la vejez le llegó en forma prematura y le destiñó la apariencia.

En los patios, algunas brigadas refuerzan la malla perimetral. Otros trabajadores continúan con los detalles técnicos. Un tercer grupo de obreros trabaja en lo que será un nuevo módulo.

Aquí viven más de 500 reos de alta peligrosidad.

De mal a peor…

Se sabe bien que en México caer en la cárcel significa descender al primer círculo del infierno. Pero ese lugar común puede llegar todavía más abajo, tocar fondo, pasar los nueve sitios dantescos y no regresar. Si la SSPF reconoce que la saturación creció a 32% en los centros de readaptación federales y estatales durante la guerra contra el narco, el presupuesto destinado por la dependencia para Reclusión y Readaptación Social apenas aumentó de 10.9 millones de pesos en 2011 a 12.8 en 2012, lo que representará el 0.0846% del PIB nacional.

Las prisiones cambiaron de perfil en cinco años de batallas incesantes contra el crimen organizado. El saldo es hasta ahora de 311 mil 623 detenidos por delitos contra la salud o mafiosos, de los cuales sólo 75 mil 206 fueron consignados, según la Procuraduría General de la República en una respuesta al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

Este número de detenciones coincide con el crecimiento de la población en los centros federales de reinserción social (Ceferesos). En 2006, la población era de 3 mil internos. 2011 cerró con 16 mil 271 reos, un incremento de 542 por ciento.

Con más internos federales relacionados con la delincuencia organizada, miles de personas defienden la vida en sitios donde las riñas entre grupos contrarios se volvieron el principal fantasma en contra. En 2007 murieron 80 reos; en 2008 perecieron 107; en 2009 fallecieron 140; en 2010 la cifra se elevó a 184. Y el año pasado perdieron la vida 100 prisioneros en fugas y enfrentamientos.

En la primer quincena de 2012 ya hay un saldo fatal: 32 hombres cayeron durante un enfrentamiento entre grupos contrarios dentro del Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, Tamaulipas.

El tercer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Guillermo Andrés Jerónimo Aguilar, opina sobre esas cifras rojas: “El incremento (de detenciones) derivado de las políticas de materia federal al combate a la delincuencia ha incrementado la población en las prisiones con grupos relacionados con la delincuencia organizada, en muchos casos con grupos rivales como en el caso de Altamira. Este tipo de evento presionó al sistema y no se le dio una salida, y complejizó la atención y el cumplimiento de la observancia de los derechos humanos”.

Entre 2006 a 2011 fueron asesinados nueve directores de penales, así como 76 jefes de seguridad, custodios y personal administrativo. Se fugaron unos 800 reos de todas las cárceles de México en unos 350 motines, escapatorias o riñas.

Los  reos que han perdido la vida en cárceles mexicanas entre diciembre de 2006 y mayo de 2011 conforman un registro poco conocido de la guerra contra el crimen organizado. Murieron en el caos, hundidos en su anonimato. No todos estaban involucrados en delitos de mafia. Un estudio de la Iniciativa de Justicia de la organización Open Society, estima que en México, sólo el 27% de los presos es de alta peligrosidad; cerca de 50 por ciento de ellos está en prisión preventiva sin una sentencia condenatoria. De hecho, se indica en el estudio, dos terceras partes de los sentenciados fueron sancionados por cometer delitos menores, como robo sin violencia de pequeña cuantía.

Otro estudio titulado “Sistemas sobrecargados: leyes de drogas y cárceles en América Latina” de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), organización de derechos humanos, y la red mundial de investigadores y analistas Instituto Transnacional (TNI) expone que “cientos de miles” de reclusiones no resultaron en consignaciones, pero contribuyeron a saturar las cárceles.

 

Falta de transparencia

A las riñas, fugas y maltratos carcelarios se agrega la falta de transparencia. A decir de Miguel Sarre, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la crítica situación de los derechos humanos en las cárceles no disminuirá si las autoridades se niegan a la información. “Las fugas, los motines, el autogobierno y la corrupción difícilmente tendrán solución en la opacidad. Todo ocurre en la sombra y hay que corregir bajo la luz”, expone.

Para Abel Meza, el defensor de derechos humanos en Guasave, Sinaloa, la operación del Cefereso Número 8 es emblema de “un mecanismo efectuado casi en secrecía, lo que impide la vigilancia de los derechos humanos y genera “duda tras duda”.

Por lo pronto, no es posible conocer las entrañas del penal de La Chupa Rosa. Ni siquiera el nombre del director. En una respuesta al IFAI, la SSPF indicó que esa información se encuentra clasificada como “reservada”, con fundamento en el artículo 13 fracción 1 y 4 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Como parte del argumento a esta negativa, la dependencia indicó que dar a conocer la información curricular, patrimonial, así como el nombre solicitado del servidor público, aumenta el riesgo de que los grupos delictivos neutralicen las acciones dirigidas a la preservación del orden y la paz públicos.

Confirmar la identidad del director –indicó la dependencia– pondría en riesgo la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología, lo que causaría vulnerabilidad institucional. Según la respuesta, se pondría en riesgo la eficiencia en el desempeño de las atribuciones encomendadas a la SSPF y hasta podría haber daños en la integridad de las personas.

Tampoco se conoce la identidad de los reclusos ni la categoría de sus delitos. La SSPF confirmó que los reos que purgan condena en La Chupa Rosa fueron trasladados del Cefereso número 1 “Altiplano”, el 2 “Occidente”, el 3 “Noreste”, el 4, “Noroeste” y el 5 “Oriente”, así como del complejo penitenciario Islas Marías, y los Ceresos del Estado de México y Quintana Roo.

Del único que se conoce la identidad es de Alberto Patishtán Gómez. Lo apodan “El Profe” porque fue un profesor bilingüe en Chiapas. Su defensa está a cargo del  equipo jurídico del Centro Fray Bartolomé de las Casas. Hace 11 años –el 19 de junio 2000–  era dirigente de la Sociedad de Solidaridad. Se manifestaba por una controversia con el presidente del municipio de Del Bosque, Chiapas. La policía municipal emboscó a la manifestación. Murieron siete policías y el hijo del presidente municipal quedó herido. Una semana después, al profesor lo acusaron del multihomicidio. Está sentenciado con una pena de 60 años. En la purga de su condena, ha recorrido diez penales. En diciembre pasado inició una huelga de hambre en la cárcel   de San Cristóbal de las Casas. Lo llevaron, entonces, al penal de Guasave.  Gabriela, su hija de veinte años de edad, busca que lo reubiquen en Chiapas de modo que acudió  a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hasta ahora no ha brindado respuesta. No puede visitarlo. “Tengo un país de por medio y ya nada de dinero”, dice. Este es sólo un número de  la cifra total de traslados con los que se intenta aligerar la sobrepoblación.

 

El abandono, histórico

José Rosario Marroquín, director del Centro Agustín Pro, relata que la ONU ha encontrado una fuerte relación entre la saturación de las cárceles con los malos tratos. “Al generarse hacinamiento y sobrepoblación se genera el deterioro de las relaciones humanas entre reos, y de los reos con los guardias. El reo pierde derechos básicos como un buen sitio para permanecer. Ello no ha permitido evolucionar a derechos más específicos como la salud”.

Marroquín indica que estas características de los penales mexicanos son históricas. Nada ha logrado propiciar reformas al sistema, no obstante varias crisis, como la que se vive ahora.

La palabra “abandono” es el resumen que hace el tercer visitador de la CNDH del sistema penitenciario federal. “No se ha puesto la suficiente atención en el diseño de políticas públicas para combatir graves deficiencias añejísimas”, exclama Andrés Jerónimo Aguilar. “Tenemos un problema sistémico, un problema complejo: el abandono del sistema. Venimos arrastrando problemas estructurales relacionados con la ineficiencia y la corrupción en todo el sistema”.

En mayo pasado, el presidente de la República promulgó la Ley de los Derechos Humanos. Pero esta legislación aún no toca al sistema penitenciario federal. Sin resolver la infraestructura para darle espacio suficiente a los reos, es difícil aspirar a la reinserción a través de actividades recreativas, como puede leerse en el texto de esta ley. “Con la base del respeto a los derechos humanos,  (se debe buscar) el trabajo, la capacitación para el mismo personal, la educación, la salud y el deporte. Estos pilares en los que se tiene que basar el sistema penitenciario son aspiraciones incumplidas”, redunda el tercer visitador de la CNDH.