En México nos jactamos de ser una sociedad formal. Reparamos en ademanes de amabilidad para gestos cotidianos. La formalidad en la sociedad no va de la mano de un respeto de las leyes y mucho menos de la valoración de una cultura judicial. Las cortes judiciales en nuestro país están en un plano relegado. El inmenso aparato judicial goza de opacidad debido a la ausencia de reflectores sobre él. El Estado mexicano debe de reforzar profundamente la cultura de la legalidad si quiere contar con una verdadera división de poderes y una democracia efectiva.

Tal vez la excepción, recientemente, sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los tiempos modernos han traído al máximo tribunal mayor apertura y transparencia –aún no la idónea, pero se reconocen los avances– que ha acercado su labor a una mayor comprensión de la sociedad y de los medios de comunicación. Diversos estudios arrojan evidencia irrefutable sobre la falta de transparencia en el grueso del poder judicial, contrario a la tendencia en la SCJN. El desconocimiento de quiénes son nuestros juzgadores, su preparación, sus resoluciones de acuerdo a derechos, etcétera, son temas poco explorados por los expertos (organizaciones de la sociedad civil y académicos) en el área de transparencia y rendición de cuentas.

El 30 de noviembre, los ministros Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia dejan la SCJN. Los relevos en el máximo tribunal deben de reconocerse como dos cambios importantes y de interés público para la sociedad. El pasado 10 de octubre, el presidente Calderón envió dos ternas con candidatos para ocupar una de las dos próximas vacantes en la Corte. La primera terna para sustituir al ministro Aguirre está compuesta por los magistrados Pablo Vicente Monroy Gómez, Alberto Gelacio Pérez Dayán, y por la magistrada Andrea Zambrana Castañeda. La segunda para sustituir al ministro Ortiz está compuesta por el magistrado Manuel Baráibar Constantino, las magistradas Emma Meza Fonseca y Rosa María Temblador Vidrio.

Los nombres por si solos no dicen nada. Hay poca información sobre su labor pública como magistrados y su preparación jurídica. En una revisión somera de los currículums pudimos concluir que cuatro de los candidatos únicamente tienen maestría, una candidata a doctora y un doctor titulado. Por lo menos desde la meritocracia académica los y las candidatas ponen el umbral bajo. El 80% de los candidatos son del Distrito Federal. Todas las y los candidatas son de carrera del poder judicial. Hay especulación sobre la razón por la que Calderón le ha hecho semejante guiño al poder judicial al asegurarle que ambos nuevos ministros serán de sus filas. Es muy temprano para concluir en alguna hipótesis medianamente certera. Lo cierto es que el pedido del presidente de la SCJN, Silva Meza, fue escuchado por Calderón. Sin el afán de descalificar a priori su procedencia de la carrera judicial, sí podemos afirmar cierta preocupación toda vez que dentro de la carrera judicial no ha sobre salido una escuela vanguardista en la interpretación y uso de tratados internacionales, en el uso de criterios garantistas o bien pro persona. Repito, no afirmo que no existan magistrados con estas tendencias, simplemente me refiero a lo comúnmente observado. En ese sentido, la incorporación de candidatos del ámbito de la academia podría haber garantizado mayor diversidad y progresividad. Dos ejemplos de muestra: ministro Cossío y ministro Zaldívar.

Calderón, en un hecho prácticamente inédito, salió en conferencia de prensa para presentar sus ternas. Según lo dicho, él mismo revisó su historial de trabajo judicial y entrevisto a varios. Su explicación fue superficial y sin una motivación y fundamentación real de los y las candidatas y el porque de su inclinación hacia estos. Un gesto de verdadera rendición de cuentas hubiese requerido mayor información de sus razones de elección. Pero no la hubo.

Las ternas serán dictaminadas por el pleno del Senado de la República. Antes, la Comisión de Justicia será la encargada de realizar comparecencias públicas de los y las candidatas. A pesar que las audiencias podrían ser un punto relevante para conocer los cánones jurídicos por los que se rigen los criterios judiciales, todo parece indicar que las audiencias de una hora quince minutos simplemente servirán para cumplir con un mero trámite público en vez de ser un verdadero escrutinio para buscar a las personas ideales. Las comparecencias ante el pleno del Senado que se realizarán el 29 de octubre. Ahí se les realizarán tan sólo 14 preguntas (4 el PRI, 4 el PAN, 3 el PRD, 1 PT y 1 PVEM). Leyó usted bien, 14 preguntas y pase directo al máximo tribunal.

¿Qué indicadores usarán los senadores para evaluar? No se sabe. ¿Qué preguntas les harán? No se sabe. ¿Qué metodología para elegir usarán? No se sabe. ¿Recibirán a los y las candidatas en privado? No se sabe. ¿Revisarán su historial y trabajo judicial? No se sabe. Demasiadas incógnitas para un proceso de la mayor relevancia para el Estado mexicano.

La realidad en los últimos nombramientos para la SCJN es que la necesaria mayoría de 2/3 partes para su designación la han logrado en a través de un consenso entre el PRI y el PAN. El PRD y demás partidos han sido relegados a un segundo plano. No hay nada que indique que en estos dos procesos serán distintos. Lo cierto es que medios de comunicación y sociedad interesada debe de exigir mayor rendición de cuentas en estas decisiones que afectarán la composición de la Suprema Corte. La costumbre de hacer valoraciones, ajustes, compromisos entre candidatos y partidos es de tiempos pasados. Hoy hay un deber ético de los legisladores de argumentar y fundamentar sus decisiones.

Las organizaciones de la sociedad civil Judicatura Ciudadana, Fundar y Artículo 19, junto con expertos en la materia judicial, han lanzado un interesante proyecto con el fin de transparentar y dar el mayor seguimiento a todo el proceso deliberativo en el Senado de la República. Un esfuerzo que debe de ser observado detenidamente. Para mayor información revisar la página www.designacionespublicas.org.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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