Fortalecer el sentido de identidad en las labores de seguridad pública o nacional, desplegar esquemas de coordinación de probada eficacia en algunos estados, así como profundizar los resultados en un aspecto clave, las detenciones, deben formar parte de las estrategias por venir.

Los desafíos se han evidenciado desde entidades como Sinaloa, Guanajuato o Chiapas –sólo tres referencias a debate en los días recientes respecto a la capacidad de las autoridades locales para enfrentar a la delincuencia– y frente a los cuales hay oportunidad de responder institucionalmente.

El informe presentado ayer por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, contiene datos ilustrativos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador: la detención de 94 mil 240 infractores de la Ley, incluidos 12 mil 319 de organizaciones criminales, de los cuales ocho mil 509 eran objetivos prioritarios generadores de violencia.

Sin detenciones, no hay posibilidades de mejorar la seguridad. La pacificación de ninguna zona puede quedar a la voluntad de los grupos criminales ni en burocracias con indicios de cacicazgos en la procuración de justicia.

Coordinación y responsabilidad fueron centrales en la construcción de la seguridad en la Ciudad de México, primero con Claudia Sheinbaum y posteriormente con Martí Batres. Un trabajo conjunto entre corporaciones como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los resultados confirman la eficacia de la estrategia. Una baja superior al 60 por ciento en delitos de alto impacto entre 2029 y 2024, una mejora en la percepción ciudadana sobre la seguridad y más de dos mil 700 generadores de violencia detenidos.

Hay oportunidad de replicar modelos y fortalecerlos con reformas como la prevista a discusión esta semana sobre la Guardia Nacional y su integración a la Sedena, con la cual, en términos operativos se prevé que la primera coadyuve en la investigación de los delitos, bajo el mando y conducción del Ministerio Público.

Creada en 2019, la Guardia Nacional tuvo sus orígenes en reformas y transformaciones institucionales orientadas a enfrentar los crecientes desafíos de seguridad pública, atendidos con anterioridad a nivel federal por la Policía Federal.

La GN tiene la confianza de más de tres cuartas partes de la ciudadanía y ha contribuido a una mejora de 14 puntos en la percepción sobre seguridad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, entre diciembre de 2018 y junio este año.

Detenciones y fortaleza institucional ante el desafío de la seguridad.

Salvador Guerrero Chiprés

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Salvador Guerrero Chiprés es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho y en Comunicación por la UNAM. Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, y Comisionado Ciudadano de Transparencia en el InfoDF.

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