Alrededor del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, hay demasiado ruido. En Estados Unidos y en México se construyen, con datos y evidencias, dos voluminosos expedientes sobre las aportaciones de dinero que –se asegura– hizo el cártel de Los Zetas para financiar su campaña y la de su hermano Ismael García.

Los pormenores del caso nos rememora las acciones criminales de dos exgobernadores tamaulipecos: Tomás Yarrington –actualmente preso en Estados Unidos tras su extradición de Italia– y Eugenio Hernández Flores, quien está preso en Tamaulipas por un fraude derivado de la compra de un terreno pero que, además, tiene un expediente abierto en Estados Unidos por lavado de dinero al no poder acreditar el origen de 30 millones de dólares.

Impulsado por los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, Cabeza de Vaca ha construido en pocos años una carrera política meteórica: fue Alcalde de Reynosa –como Yarrington–, Diputado federal y local; Senador de la República y ahora Gobernador. Hizo negocios con los hijos de Martha Sahagún a pesar de que aquellos fueron señalados de actos de corrupción y de usar el poder político para enriquecerse.

Los reflectores se encendieron en contra de Cabeza de Vaca cuando Raúl Eduardo Monge Castillo –titular de la Comisión del Agua en Tampico y funcionario de finanzas del Gobierno tamaulipeco– fue secuestrado presuntamente por Los Zetas durante 41 días.

Durante su cautiverio fue obligado a declarar que García Cabeza de Vaca está relacionado con el narcotráfico. Sus plagiarios encendieron una cámara y le exigieron a golpes que dijera la verdad. Ahí no tuvo más opción de contar la historia que sabía. Fue grabada y después difundida.

Dijo que el actual Gobernador de Tamaulipas se relacionó con el narcotráfico desde hace varios años y relató que cuando fue lanzado por el PAN como candidato recibió de Los Zetas dos millones de dólares. No fue todo: su hermano Ismael García, dijo, también recibió dinero del crimen, según expuso, un millón de dólares. Los recursos fueron utilizados para sus respectivas promociones políticas.

A raíz de estos hechos, ocurridos en 2018, en Estados Unidos –donde Cabeza de Vaca tiene una historia plagada de claroscuros– el FBI y la DEA abrieron amplios expedientes para investigar los vínculos del mandatario tamaulipeco con el narcotráfico.

Tras su liberación, cuarenta y un días después de su secuestro –apareció en el municipio de Ozuluama, en Veracruz– Monge Castillo dijo que fue obligado a declarar porque estaba siendo golpeado por el grupo criminal que lo plagió. Lo que no aclaró es si la historia que contó es real o falsa. Todo indica que es real y, de ser así, estaríamos ante otro posible narcogobernador en Tamaulipas.

En México también existe una investigación y está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR). La acusación la presentó Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, el 29 de junio de este año, en la que acusa a Francisco Daniel García Cabeza de Vaca de ser la cabeza de un narco Estado.

En su relatoría señala que Cabeza de Vaca está relacionado con lavado de dinero, huachicoleo y que, a través de familiares consanguíneos y políticos, ha construido una amplia red de negocios: compra de inmuebles, ranchos y empresas fachada; expone, además, que, según sus cálculos, el Gobernador ha amasado una fortuna de más de 3 mil millones de pesos que están siendo lavados en negocios familiares.

Detalla el denunciante:

“El Gobernador de Tamaulipas es cabeza de un narco Estado”, y explicó que él investigó al actual mandatario durante año y medio; asegura que recopiló pruebas, evidencias y testimonios que confirman la presunción de que el Gobernador está vinculado con el crimen organizado.

No fue todo: Señala, además, que desde que fue alcalde de la ciudad de Reynosa, entre los años 2005 y 2007, Cabeza de Vaca construyó un cártel que tuvo la protección de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, respectivamente.

Y en su amplia explicación, abundante en detalles, relata que otra prueba de que Cabeza de Vaca está vinculado al crimen es la operación del grupo de élite de la policía denominado CAIET –Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas– porque, en realidad, dice, este grupo está integrado por exsicarios del cártel Golfo.

En su denuncia –la cual ya derivó en una carpeta de investigación formal– Díaz Durán apuntó más allá del propio Cabeza de Vaca: enfocó los reflectores hacia el expresidente Felipe Calderón –bajo sospecha tras la captura de Genero García Luna en Estados Unidos– porque el secretario particular del expresidente –Roberto Gil Zuarth– operó como vínculo y contacto de Francisco Daniel García Cabeza de Vaca para enlazarlo con Genaro García Luna, quien es acusado como protector del cártel de Sinaloa.

Recientemente, el FBI y la DEA dieron cuenta de una reunión entre Cabeza de Vaca y García Luna en la que aparece Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, cuando era el jefe de esa organización criminal. Según el documento, esa reunión se efectuó en 2015, aunque se infiere que los vínculos se establecieron desde el año 2012.

Díaz Durán también expuso en su denuncia ante la FGR que tanto el suegro como el cuñado de Gil Zuarth –ambos de nombre William Knigth– habrían encubierto desde el poder político las actividades criminales de Cabeza de Vaca, entre otras, protección al narcotráfico, huachicol y tráfico de armas.

Toda esta madeja de vínculos y conexiones parece la misma película –o un capítulo más que ahora implica al Gobernador panista de Tamaulipas– que se rodó en esa entidad durante los gobiernos de Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández.

En el Gobierno del primero, según las investigaciones, se dio protección al cártel del Golfo y al capo Juan García Ábrego, a quien también vincularon con Raúl Salinas de Gortari.

En el Gobierno de Yarrington se construyó una empresa criminal. El entonces Gobernador recibió millones de dólares de Los Zetas y del cártel del Golfo y, a cambio, les concedió el territorio y la protección policiaca. Yarrington amasó una fortuna descomunal que ocultó a través de testaferros que, hasta la fecha, están impunes.

Y durante el mandato de Eugenio Hernández se dispuso que el narcotráfico tuviera representación en el Gobierno del estado. Para ello, crearon un cargo en la Secretaría de Gobierno, cuya finalidad era estar en comunicación con los cárteles para las operaciones de narcotráfico, secuestros, asesinados, levantones y otras actividades. Cuando no convenía que un comandante se quedara en la plaza simplemente lo removían o, en el peor de los casos, lo asesinaban.

La situación de inseguridad en Tamaulipas da cuenta que, desde el Gobierno del estado, no se atiende el problema. La policía, una de las más corruptas, sirve al crimen. Y todo parece estar descompuesto cuando la cabeza –el Gobernador– tiene relaciones con los grupos del crimen, como parece ser el caso de Cabeza de Vaca.

La policía estatal ha incurrido, incluso, en ejecuciones extrajudiciales, hasta la fecha impunes; el cártel del Noreste se mueve en el estado con absoluta impunidad, lo mismo que el cártel del Golfo. En fin, parece que tiene razón Alejandro Rojas Díaz Durán cuando afirma que el mandatario tamaulipeco es la cabeza de un “narco Estado”.

Cabe recordar que cuando la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador estaba negociando con el crimen –lo que el Presidente negó– el primero que salió a proponer que la negociación con el narco como instrumento frente al problema de la violencia fue, precisamente, el Gobernador de Tamaulipas.

Era claro que para él hubiera sido muy viable encubrir sus presuntos vínculos argumentando que ha estado negociando con los criminales la pacificación de Tamaulipas, un estado que sigue siendo un verdadero infierno, más aún, con un presunto capo en el poder.

Entre el Gobierno de Cabeza de Vaca y los que encabezaron Yarrington y Eugenio Hernández no existen diferencias. Se trata de mafiosos que fueron llevados al poder político con dinero del poder criminal.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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