La función del juzgador es una de las más delicadas en la sociedad actual, sobre todo ante el embate de la inseguridad y de la corrupción que afecta a numerosas esferas de nuestros poderes públicos.

Muchos de los conflictos que vivimos en estos días, así como sus derivaciones, concluirán ante un juzgador. Ya se trate de la captura del criminal más buscado, de una confrontación entre intereses empresariales o de la acusación de corrupción en contra de un servidor público.

La justicia termina siendo, en no pocos momentos, la última defensa del estado de derecho, por encima de la ley del más fuerte. Sin esa garantía, cualquier posibilidad de evolución civilizada quedaría nulificada.

Por eso, resulta relevante, más que entre otra clase de funcionarios, que los responsables de impartir justicia tengan un comportamiento intachable.

También quizá por eso provocó tanto revuelo el escándalo en torno a las relaciones interpersonales del ministro en retiro y presidente de la Corte, Genaro Góngora Pimentel, en donde fue posible sospechar el uso de la influencia y el poder a su cargo no sólo para promover e impulsar la carrera judicial de una allegada, sino también para influir en litigios personales.

Esos antecedentes enmarcan una situación que aflora en Guanajuato, en el Décimo Sexto Circuito del Poder Judicial Federal, donde se detectan otras evidencias de conductas que dejan mucho que desear en la persona de magistrados que tienen en sus manos importantes decisiones que afectan vidas y haciendas enteras.

Es el caso del magistrado Lorenzo Palma, hasta hace unos días integrante del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, quien esta misma semana fue relocalizado en el estado de Jalisco, pero que deja en las oficinas donde sirvió largos años, una estela de intercambio de favores que redundan en una red de nepotismo.

Por lo menos seis integrantes de la familia nuclear del magistrado Palma ocupan puestos en varios tribunales pertenecientes a la misma adscripción en la que se desenvolvía: quien fuera su cónyuge, una ex cuñada, dos de sus vástagos, una nuera y un yerno han encontrado trabajo en el Poder Judicial.

Cuando se preguntó por esta situación, el comentario de litigantes y oficiales en el palacio judicial federal de la capital del estado era de total escepticismo, pues esa parece ser la costumbre en el lugar sin que a nadie le llame a sorpresa.

Las obligaciones formales están a salvo. Ningún magistrado le da empleo a sus familiares, sino que le pide el favor a un colega, quien a su vez responde de manera recíproca. La pregunta que emerge es si ese es el estado ideal de nuestra justicia.

¿Qué impide que dos juzgadores que se hacen favores mutuos para dar empleo a familiares y amigos, se los hagan también en cuestiones que atañan a los negocios que les toca resolver?

En un país donde la corrupción aflora en los gobiernos municipales, estatales y en el federal; donde todos los días nos despertamos con un nuevo escándalo teñido de cifras millonarias que nos dejan adormecida la capacidad de comprensión, ¿es también normal que algunos jueces hagan de la administración de justicia un club de complicidades?

No debería ser así. Los hombres de la justicia deberían ser, ante todo, probos también de forma personal. No es mucho pedir, sobre todo tomando en cuenta los salarios que devengan y que iban destinados a prevenir la tentación de las conductas indebidas.

¿O creen que estoy exagerando?

Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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