A Rosendo Radilla Pacheco lo desapareció el Ejército en 1974. Fue detenido en un retén por soldados y visto por última vez en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Su delito: ser líder comunitario en favor de la salud y la educación y defensor de los derechos de los campesinos.
Han pasado 37 años y Rosendo sigue sin aparecer, pero tal vez nunca se imaginó que su caso sería fundamental para eliminar el fuero militar en México. En una histórica decisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó que los miembros de las fuerzas armadas sean juzgados por tribunales civiles cuando violen los derechos de los ciudadanos.
Ya era hora. Durante décadas el ejército mexicano ha torturado, ejecutado y desaparecido personas impunemente. Desde el gobierno de Luis Echeverría se contabilizan más de 600 desaparecidos. Distintos presidentes han utilizado la desaparición forzada como método de eliminación de rivales políticos y luchadores sociales. La incansable lucha de Rosario Ibarra de Piedra en el Comité Eureka es prueba de ello. Las Fuerzas Armadas han usado su poder e impunidad para perpetrar los crímenes. A través de testimonios de víctimas se sabe que incluso el Ejército ha utilizado, entre otras prisiones, el Campo Militar Número Uno como lugar de exterminio.
Durante la llamada guerra sucia la desaparición forzada fue una constante y las víctimas siguen esperando justicia al igual que Rosendo Radilla Pacheco. Sus verdugos están libres y han gozado de la protección del Estado y del fuero militar para perpetuar la endémica impunidad. Desde la represión en contra del movimiento estudiantil de 1968, hasta la Reforma Política de 1977, el Estado desapareció aproximadamente a 530 personas.
Los intentos de revisar el pasado para dar justicia y reparación a las víctimas han fracasado, empezando por la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado que cerró sin poder llevar a los militares ante los tribunales civiles. Y ni siquiera consiguió que fuera condenado el ex presidente Luis Echeverría, acusado de genocidio por la matanza de Tlatelolco y exonerado por el juez corrupto Jesús Guadalupe Luna Altamirano. Por tanto, los delitos de la guerra sucia siguen impunes, así como las posteriores desapariciones.
Llevar a los militares delincuentes ante juzgados civiles tampoco es una garantía, particularmente por la corrupción y los abusos que existen en la procuración de justicia, pero es el fin de una de las violaciones más flagrantes a la Constitución. Los militares son en este momento una casta de privilegiados por encima de la ley violando el artículo 13 de la Carta Magna que dice que sus faltas contra la disciplina militar deben ser juzgados por los tribunales militares, pero aclara: “en ningún caso y por ningún motivo” las faltas que los militares cometan contra civiles pueden ser juzgadas por tribunales militares, sino por civiles.
La sentencia de la SCJN llega en un momento necesario porque los delitos cometidos por miembros del Ejército y de la Armada de México están a la orden del día: torturas, ejecuciones, desapariciones, allanamientos de morada, detenciones arbitrarias, secuestros… cometidos todos a nombre de la Seguridad Nacional y la lucha contra el narco.
Durante el sexenio de Felipe Calderón, el Ejército ha recibido 5 mil 301 quejas por violaciones a los derechos humanos. Los casos se acumulan. Los militares secuestran y torturan impunemente. El penúltimo episodio sucedió en Veracruz donde los soldados detuvieron a dos jóvenes: Carlos Jhovany López Hernández, de 22 años de edad, empleado de la tienda Price Shoes y Adrián Castellanos Villegas, de 19 años de edad, de ocupación pintor. A ambos les arrancaron las uñas, les tablearon el trasero, los acuchillaron en piernas y brazos. Hay fotos que demuestran las torturas. Los militares querían que dijeran que eran narcomenudistas. Los golpearon con puños y patadas y les decían: “Ahora si se los llevo la chingada…” Al final, los dejaron tirados en la cuenta de una carretera de donde fueron rescatados.
La Marina sigue la senda de torturas, ejecuciones y desapariciones cometidas por el Ejército. Hay decenas de quejas en contra de marinos. Su penúltima hazaña fue en Nuevo Laredo donde secuestraron a 15 hombres durante 20 días. Hay testimonios, fotos y vídeos que muestran las detenciones sin orden de aprehensión, los allanamientos de morada y la tortura. Las víctimas ubican el campo de exterminio de los marinos en el lienzo charro de Hidalgo, Coahuila donde la Armada de México montó un campamento.
La suspensión del fuero militar no cayó bien a algunos generalotes. Primero respondieron diciendo que la condena de la SCJN era solo un “criterio ordenador”, pero luego la ministra Olga Sánchez Cordero les contestó que de ninguna manera, que se trata de una sentencia condenatoria.
Las reacciones castrenses no se han hecho esperar. La Sedena dice que de las 5 mil 301 quejas contra los militares, 4 mil son del crimen organizado y aseguran que quitar el fuero militar, sería beneficiar al narco.
Las Fuerzas Armadas no quieren dejar de ser una casta de privilegiados. No quieren renunciar a vivir por encima de la ley. Ellos son ciudadanos de primera clase. Nosotros, de segunda o tercera. Se resisten. Y darán la batalla mientras en la Cámara de Diputados se discute la Ley de Seguridad Nacional. Pretenden ganar prerrogativas que perpetúen más tiempo su impunidad. Quieren legitimar sus acciones antinarco en un marco jurídico especial y que la ley no incluya el fuero militar. Allí están presionando los generales Ezequiel Carlos Hernández Mendoza, Jaime Suárez y Guillermo Almazán Bertotto y el coronel Ramón Carmona Landa.
La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el fin del fuero militar aún no alcanza rango de jurisprudencia y tendremos que ver su efectividad en la práctica y en los juzgados que deben interpretar una disposición constitucional.
Habrá que esperar a los hechos, pero si el Congreso, el Ejecutivo y el Judicial permiten que continúe la endémica impunidad militar, México será menos democracia. Está claro.
