Roxana y las mujeres que acompañan su caso convocaron a una manifestación mañana desde las 3 pm que partirá de la Glorieta de las Mujeres que Luchan en la Ciudad de México para exigir que se respete su derecho a la legítima defensa.
Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).– Roxana Ruíz Santiago no sólo lucha en contra de una sentencia que busca privarla de la libertad por seis años y dos meses por defenderse de una violación en el Estado de México, sino que también enfrenta amenazas que la hacen temer por su vida y la de su familia.
“Los comentarios en redes me causan daños psicológicos”, denunció este jueves Roxana en conferencia de prensa. “No quiero morir por causa de esto, que haya sido un error defender mi vida. No quiero que alguna de las compañeras [que acompañan el caso mueran] por esa incitación de la familia de mi agresor de hacer justicia por su propia mano. Me dicen que ojo por ojo, que quieren ver a mi hijo asesinado”, acusó con dificultad, pues el llanto le cortaba la voz.
A la joven le preocupa que el Tribunal de Alzada de Texcoco, el mismo que decidió readmitir testimonios recabados por la Fiscalía mexiquense que la responsabilizaron de la violencia sexual de la que fue víctima, ahora esté encargado de revisar su caso.
Aunque el 15 de mayo la Jueza Mónica Osorio Palomino reconoció que Roxana fue violentada sexualmente, determinó que se defendió en “exceso”, pues en defensa propia mató al hombre que la agredió; también le impuso una multa de más de 200 mil pesos que no puede pagar, pues desde que inició el proceso penal en su contra, encontrar trabajo y recursos para vivir ha sido cada vez más difícil. Este fallo pone en riesgo la libertad condicional que la joven originaria de Oaxaca consiguió luego de ser privada de la libertad sin sentencia durante nueve meses.
A ello se suman las amenazas que han crecido desde 2021, cuando hizo público su caso. Las mujeres de la asamblea vecinal “Vivas nos queremos Neza” que la acompañan en la búsqueda de justicia también temen por su seguridad, pues han sido intimidadas afuera de los juzgados cuando protestan.
Elsa Arista González, una de estas mujeres, recordó esta mañana en conferencia que el pasado 16 de mayo a ella y a sus compañeras les arrojaron cal cuando protestaban por Roxana. De igual forma, son intimidadas en redes sociales. “Hemos recibido amenazas en redes de violencia sexual”.
“Tenemos miedo, estamos indignadas. La vida de Roxana y de quienes la acompañamos la vemos en peligro, pero vamos a seguir”.
Roxana, quien migró de Oaxaca al Estado de México en búsqueda de una mejor calidad de vida, se suma a las defensoras. Pese al miedo, cargó está mañana un cartel con la frase “defender mi vida no es delito”, y repitió junto a las mujeres que la acompañan una de sus consignas: “Libres y sin miedo”.
Aunque la joven indígena todavía enfrenta su proceso penal en libertad, está condicionada a no salir de la Ciudad de México ni del Estado de México, además, cada semana tiene que presentar su firma como medida cautelar. Actualmente no puede ver a su hijo porque está en otro estado y no puede conseguir trabajo, defensoras lo atribuyen al estigma que existe contra las personas en conflicto con la ley.
“LAS AUTORIDADES SON OMISAS”
El abogado de Roxana, Ángel Carrera, adelantó que actualmente tienen un plazo de 10 días para apelar la decisión de la Jueza Osorio Palomino, quien antes ya había revocado el recurso que le permitió a la mujer llevar su proceso en libertad.
El defensor y las vecinas que exigen justicia coinciden en que el caso no se ha analizado con perspectiva de género. Un ejemplo claro de ello, dijeron, fue que desde el inicio, cuando fue detenida, Roxana reconoció el asesinato de su agresor, pero también le dijo a los policías que la detuvieron que había sido violentada sexualmente, sin embargo, no le realizaron los peritajes correspondientes y con ello le negaron el derecho a la salud, pues no le proporcionaron antorretovirales para protegerla de alguna infección de transmisión sexual.
Por estas irregularidades, en septiembre de 2021 presentaron una denuncia contra las y los funcionarios de la Fiscalía mexiquense que fueron omisos desde el primer acercamiento con Roxana. En la carpeta de investigación están señalados al menos dos ministerios públicos y una médica legista. “Ella dice que no hizo el peritaje porque el Ministerio Público no lo pidió”, criticó el abogado Carrera.
Los otros funcionarios aún no han presentado su declaración sobre el tema porque, de acuerdo con el asesor jurídico, la Fiscalía los ha protegido al cambiarlos de lugar de trabajo en distintas ocasiones.
Sobre la responsabilidad del Poder Judicial estatal, el abogado denunció que aún cuando la defensa ya había logrado excluir ocho testimoniales que buscaban desacreditar a Roxana, el Tribunal de Alzada de Texcoco volvió a admitirlos.
“Eso sirvió para decir que Roxana insultaba y el hombre que la agredió, en cambio, le caía bien a todos […]. El mismo Tribunal de Alzada de Texcoco fue quien admitió las pruebas que la culparon”, expuso el abogado. Pese al actuar cuestionable de los jueces, el Poder Judicial mexiquense pidió esta semana respetar las decisiones judiciales.
“¿De qué sirve que [nuestros derechos] estén en las leyes si las personas encargadas de brindar justicia no las aplican?”, respondió a ese llamado la activista Elsa Arista.
Ella, Roxana y la Asamblea “Nos Queremos Vivas Neza” convocaron a una manifestación mañana desde las 3 pm desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan al Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, protesta que se replicará en calles de Oaxaca.
La legítima defensa está reconocida tanto en el Código Nacional de Procedimientos Penales como en el Código estatal. Es un atenuante de delitos como el homicidio y en el Estado de México contempla sanciones que van desde la detención por seis meses a siete años y de 30 a 90 días de multa, además, las penas no pueden exceder las dos terceras partes de las que corresponderían al delito simple.
Además, instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ya han llamado a las autoridades mexicanas a que en casos de violencia contra mujeres analicen las pruebas con perspectiva de género.
Mientras que la Comisión de Derechos Humanos capitalina sentó un precedente con la Recomendación 6/2016 al exhibir la importancia de que autoridades ministeriales y judiciales contemplen el contexto que lleva a mujeres a cometer lesiones u homicidios al defenderse de sus agresores, en particular al ser víctimas de violencia sexual y en el ámbito familiar.
